El juicio determinó el pago de entre 150.000 y 160.000 pesos para cada damnificado, aunque los intereses sumaron a esas cifras otros 6 millones.
El caso fue ventilado en la última sesión de la Legislatura por el diputado Raúl Dobrusín (Upie) quien afirmó haberse anoticiado del tema cuando el expediente del juzgado fue elevado a la cámara para autorizar la partida a saldar. "No hay funcionarios sumariados por este tema", advirtió.
Las demandas fueron iniciadas entre 2007 y el 2008 y tuvieron sentencia de la jueza Ivonne San Martín en julio de 2013. Del fallo se desprende que los 28 estudiantes que realizaron las denuncias cursaban en el Centro de Estudios Superiores de Investigación y Desarrollo (Cesid), que dictaba la carrera de Enfermería Profesional no Universitaria en Zapala. Se trataba de una carrera aprobada por el CPE y que funcionó desde 1997 hasta el año 2006, cuando por decisión del mismo "se resuelve suspender preventivamente la carrera de enfermería".
Los 28 denunciantes aseguraron que las irregularidades cometidas por el establecimiento les provocaron perjuicios desde el 2003 hasta el 2006, ya que no reunía las condiciones necesarias para alcanzar el nivel académico y la carrera se estaba dictando sin las prácticas exigidas por el decreto nacional de Salud Pública 035/69. "Lo que trae como lógica consecuencia que la formación de los actores no era la idónea y el titulo de enfermero que se expedía no resultaba hábil", mencionó el fallo.
Los condenados por el hecho fueron el CPE y dos de los dueños del instituto, Fernando Enrique Pérez y Alberto Alfonso Ciuccio. Estos últimos por conducta "irresponsable e inapropiada" que dio lugar a la suspensión del dictado de la carrera y posterior clausura del Cesid. Si bien el CPE venía advirtiendo irregularidades desde el 2000, recién en el 2006 canceló la inscripción del instituto e inhabilitó a sus propietarios, decisión que "resultó tardía en tanto los daños ya se encontraban consumados", planteó San Martín.
Por daños morales, psicológicos, pérdida de chance (frustración de proyecto de vida) y devolución de la matrícula perdida la jueza determinó una condena de 4.340.125 pesos en total, ahora duplicados por el pago de intereses.
El caso fue ventilado en la última sesión de la Legislatura por el diputado Raúl Dobrusín (Upie) quien afirmó haberse anoticiado del tema cuando el expediente del juzgado fue elevado a la cámara para autorizar la partida a saldar. "No hay funcionarios sumariados por este tema", advirtió.
Las demandas fueron iniciadas entre 2007 y el 2008 y tuvieron sentencia de la jueza Ivonne San Martín en julio de 2013. Del fallo se desprende que los 28 estudiantes que realizaron las denuncias cursaban en el Centro de Estudios Superiores de Investigación y Desarrollo (Cesid), que dictaba la carrera de Enfermería Profesional no Universitaria en Zapala. Se trataba de una carrera aprobada por el CPE y que funcionó desde 1997 hasta el año 2006, cuando por decisión del mismo "se resuelve suspender preventivamente la carrera de enfermería".
Los 28 denunciantes aseguraron que las irregularidades cometidas por el establecimiento les provocaron perjuicios desde el 2003 hasta el 2006, ya que no reunía las condiciones necesarias para alcanzar el nivel académico y la carrera se estaba dictando sin las prácticas exigidas por el decreto nacional de Salud Pública 035/69. "Lo que trae como lógica consecuencia que la formación de los actores no era la idónea y el titulo de enfermero que se expedía no resultaba hábil", mencionó el fallo.
Los condenados por el hecho fueron el CPE y dos de los dueños del instituto, Fernando Enrique Pérez y Alberto Alfonso Ciuccio. Estos últimos por conducta "irresponsable e inapropiada" que dio lugar a la suspensión del dictado de la carrera y posterior clausura del Cesid. Si bien el CPE venía advirtiendo irregularidades desde el 2000, recién en el 2006 canceló la inscripción del instituto e inhabilitó a sus propietarios, decisión que "resultó tardía en tanto los daños ya se encontraban consumados", planteó San Martín.
Por daños morales, psicológicos, pérdida de chance (frustración de proyecto de vida) y devolución de la matrícula perdida la jueza determinó una condena de 4.340.125 pesos en total, ahora duplicados por el pago de intereses.
