El mundo es saweto
Editorial. Las viudas y otros familiares de los cuatro líderes asháninkas asesinados el pasado setiembre en Saweto (Ucayali) por madereros ilegales recibieron el reconocimiento de los participantes de la COP20 durante el evento “Todos somos Saweto”. Junto al homenaje, las organizaciones internacionales han insistido en sus demandas de acelerar las investigaciones penales, que se continúe con la búsqueda del cuerpo de uno de los asesinados, que se concluya el proceso de titulación del territorio Alto Tamaya-Saweto y que se compense a los familiares y a sus comunidades.
Luego de tres meses de la horrenda matanza se ha avanzado poco. El gobierno designó a un Alto Comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal y se dispone a iniciar procesos de interdicción a los madereros ilegales. No obstante, la promesa de una rápida titulación demora por las trabas burocráticas en la región Ucayali y en Lima. Edwin Chota, uno de los líderes asesinados, gestionó sin éxito 12 años la titulación de 80 mil hectáreas en favor de su comunidad en donde se superponen dos concesiones forestales. El ofrecimiento que hiciera en la zona de la tragedia la premier Ana Jara ha quedado en los papeles y en el aire.
La preocupación de los organismos internacionales y de la sociedad civil por la situación de las comunidades nativas peruanas, acosadas por los madereros ilegales y las actividades extractivas en sus territorios, con escasa protección del Estado, es recurrente. En setiembre mismo, el representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno para que cumpla con los compromisos internacionales asumidos por el Perú en relación con los derechos de los pueblos originarios, en especial la titulación de sus tierras y la consulta previa, libre e informada.
En tanto, las viudas de los líderes asesinados no pueden regresar a sus casas por la falta de recursos y las amenazas de muerte, una violencia que no cesa en estos territorios. En noviembre, el informe de la organización Global Witness reveló que en los últimos 10 años han sido asesinados 57 activistas ambientales en el Perú, país que ha pasado a tener el triste título del cuarto país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente.
Es lamentable que a pesar del impacto de la matanza de Saweto se haya podido hacer muy poco en los ámbitos de la justicia y la reparación, y que el Estado ni siquiera pueda garantizar la vida de las viudas de los líderes asesinados u otorgar un título de propiedad ejerciendo un poder administrativo para el que está investido. Al mismo tiempo, es reconfortante que se haya generado una corriente mundial que asocia la lucha contra el cambio climático a la defensa de los pueblos originarios, sus tierras, su biodiversidad y su cultura, y que una pequeña pero gratificante muestra de este sentido común lo tengamos en la COP20 a propósito de los trágicos sucesos de Saweto.
Es positivo que ese sea uno de los efectos de la COP20 para el consumo interno, es decir, que promueva la adopción de nuevos y mayores compromisos en favor de compatriotas que han tenido del Estado y de la sociedad siglos de olvido y de políticas de depredación, y que el mundo junte su voz para demandar que este y otros crímenes no queden en la impunidad.
