Una nueva preocupación sobre las condiciones técnicas del futuro funcionamiento del módulo experimental de enriquecimiento de uranio del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CET) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), quedó instalada este viernes (13/02) cuando la oposición presentó a la Legislatura un pedido de informes para conocer los recaudos a tomar en el volcado de efluentes a cursos de agua cercanos.
El bloque Alianza para la Concertación y el Desarrollo (ACD) reclamó detalles al Poder Ejecutivo provincial, y en particular al Departamento Provincial de Aguas (DPA); acerca de las autorizaciones otorgadas para la utilización de agua pública para el volcado de efluentes fuera de las instalaciones de la planta ubicada a unos 60 kilómetros de Bariloche.
El legislador Alejandro Betelú, impulsor de la solicitad de esclarecimiento, toma como fundamento algunas consideraciones presentadas por la Conea a la Secretaría de Medio Ambiente en el estudio de impacto ambiental. Ese informe da cuenta de que la planta de tratamiento de efluentes del CET posee dos líneas diferentes de proceso, de fluoruros y uranio, y solamente fluoruros por otro lado; a fin de evitar que se mezclen efluentes de distinta composición.
Se indica que la primera línea de tratamiento posee una pileta de descarga de 12.000 litros de capacidad "teniéndose previsto realizar cuatro vertidos de líquidos al río (Pichileufu), a razón de uno por cada dos meses de operación de la planta, aproximadamente". La cantidad máxima de esos desechos a ser descargados por año se estima en 224 gramos de cada uno de los contaminantes, los cuales estarán contenidos en un volumen total de 48 metros cúbicos.
La segunda línea, de fluoruros, tiene las mismas características en esto sentido, aunque discontinuidad del otro vertido con una cantidad máxima de 240 gramos. Esta inquietud fue planteada a pocos días de un debate público ya que el 27 de febrero próximo se concretará en Pilcaniyeu una audiencia ordenada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el marco de un amparo colectivo interpuesto por Betelú respecto del futuro inicio de operaciones. Un año atrás, Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental con una serie de condicionantes advirtiéndose en ese momento que la Conea no ha solicitado a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) autorización de límites de descarga para efluentes líquidos por lo cual "deben ser tratados, acondicionados y almacenados en el complejo".
