Un considerable grupo de manifestantes intentó impedir la sesión legislativa. En el curso del enfrentamiento con la policía se produjeron numerosos destrozos en el edificio legislativo y algunos lesionados. En el juicio que se acaba de celebrar en estos días para juzgar a los responsables de aquellos actos vandálicos, el fiscal de la causa, Ignacio Di Maggio, solicitó el sobreseimiento de los acusados al entender que "no había pruebas". "La solución brindada por el fiscal Di Maggio supone arrasar con miles de años de civilización", afirma Aleardo Laría.
Por ALEARDO F. LARÍA
El 28 de agosto del 2013, la Legislatura de Neuquén aprobó el convenio entre la Provincia e YPF-Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Loma Campana, sobre la formación Vaca Muerta. Un considerable grupo de manifestantes, convocados por el Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores y la CTA, intentó impedir la sesión legislativa. En el curso del enfrentamiento con la policía se produjeron numerosos destrozos en el edificio legislativo y algunos lesionados. En el juicio que se acaba de celebrar en estos días para juzgar a los responsables de aquellos actos vandálicos, el fiscal de la causa, Ignacio Di Maggio, solicitó el sobreseimiento de los acusados al entender que "no había pruebas".
Dado que la actuación de los revoltosos fue filmada por las cámaras de televisión y la Policía presentó un informe con el nombre de los responsables de las organizaciones convocantes, resulta sorprendente que un fiscal pueda afirmar, sin inmutarse, que "no había pruebas". Pero allí no paran las sorpresas. A la salida del juicio, el fiscal ensayó la siguiente justificación: "Lo cierto es que si los acuso los iba a revictimizar y era posible que en una nueva protesta se destruyera la sede del Poder Judicial, por lo que no me quedó otra opción que pedir el sobreseimiento".
Aunque las declaraciones del fiscal son bastante claras, resulta necesario analizar sus implicancias. Lo que ha dicho es algo así como que, para evitar que un delincuente vuelva a cometer un delito, la mejor solución consiste en dejarlo en libertad sin cargos. Esta tesis, en boca de un fiscal, es tan insólita que, llevada a sus últimas consecuencias, supondría la derogación tácita del derecho penal y de la Justicia que debe aplicarlo. Equivale a decir que para que los delincuentes no reincidan, la solución consistiría en evitar someterlos a juicio y dejar el delito impune.
La solución brindada por el fiscal Di Maggio supone arrasar con miles de años de civilización, en los que penosamente se salió de un sistema primitivo de reprensión privada -la justicia por mano propia- hasta organizar una forma de castigo regulada por el Estado. Los códigos penales tienen la función de advertir que la realización de las conductas tipificadas como delito conlleva una sanción previamente tasada y una organización de jueces imparciales son los encargados de juzgar y condenar o absolver a los responsables. De este modo se ha sustituido un sistema de venganza ciega por otro donde impera la ley.
En nuestro sistema procesal penal, el fiscal es el representante de la ley. El encargado de la investigación, de reunir la prueba contra los imputados y del éxito de la acusación. Debe atender al interés público de averiguar la verdad y de impulsar el proceso sin que se le permita elegir qué causas activará y cuáles descartará. El encargado de ejercer la defensa -en un sistema concebido para dar lugar a un debate en igualdad de armas, donde un tercero imparcial decide- es el abogado defensor. Si el fiscal se niega a acusar sobre la base de consideraciones de orden político, social o simplemente por un temor subjetivo, todo el sistema penal se derrumba.
Que Neuquén se haya convertido en una provincia conflictiva, donde un día sí y otro también, se cortan carreteras o calles, se ocupan y destrozan oficinas públicas, se usurpan terrenos privados, se apropian empresas reivindicando el derecho al "control obrero" de los medios de producción, o se colocan cercos en las rutas petroleras para exigir peajes, es consecuencia de la aceptación insensata de una cultura de la anomia, es decir la falta de respeto al imperio de la ley. Los principales responsables de que esta cultura se haya ido expandiendo como una lacra son los responsables de aplicar las normas, es decir de funcionarios judiciales -como el fiscal Di Maggio y jueces abolicionistas- dispuestos a que los autores de graves delitos contra las personas salgan en libertad al día siguiente de haber cometido el crimen.
No existe ninguna posibilidad de una convivencia civilizada si las instituciones no funcionan y los encargados de aplicar la ley se inhiben por temor o por prejuicios ideológicos. La falta de respeto a los derechos de propiedad, la mirada indulgente a la criminalidad profesional, las cesiones permanentes a las metodologías extorsivas que no reparan en medios amparándose en supuestos fines legítimos, nos instalan ante un escenario dantesco de retorno a la ley de la selva. En este contexto, los casos de justicia por mano propia, que siempre es excesiva y arbitraria, se reproducen a diario, dejando un saldo de víctimas fatales que causan horror y espanto.
Esta situación es insostenible. Si no queremos vernos reflejados en las estadísticas espeluznantes de México -como bien alertó el papa-, las instituciones deben actuar de un modo eficaz. Las autoridades políticas y judiciales deben poner la voluntad política y tener el coraje moral para garantizar el cumplimiento de la ley en todos los espacios públicos y privados. Estamos a la puerta de convertirnos en un narco-Estado que puede alterar gravemente nuestra forma de vida. No es admisible que haya fiscales que naturalicen la violencia y brinden a la sociedad el peor ejemplo de estulticia y temor que podamos imaginarnos.
ALEARDO F. LARÍA
aleardolaria@rionegro.com.ar
