ROCA.- Aida Kemelmajer de Carlucci, la destacada jurista que participó en la elaboración del Código Civil implementado hace casi dos semanas, intentó poner fin a la polémica en torno al camino de sirga, y el supuesto avance de lo privado sobre lo público.
"El debate es falso porque es falso que antes ese camino era público. Era privado pero con restricciones", dijo la especialista, quien defendió la nueva normativa al sostener que este código suma otras normas que defienden los intereses de los individuos en temas ambientales.
Kemelmajer estuvo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el martes brindando un curso de posgrado, "El Derecho como sistema", donde participaron abogados y docentes de Río Negro y Neuquén.
La abogada mendocina puso énfasis en los cuestionamientos hechos en distintos puntos del país –y específicamente en la región– al artículo 1974 que reduce el camino de sirga de 35 a 15 metros. Para muchos ambientalistas, esta medida favorece el avance de lo privado sobre lo público.
Para la docente el tema no tiene mayor asidero. Y asegura que los cuestionamientos están vinculados a una "mala interpretación" del régimen que estaba en vigencia hasta el sábado pasado.
Justamente en el artículo 2639 y 2640 se mencionaba la expresión "calle o camino público" para hablar del camino de sirga.
Es más, aclaró que en nuestro país no existe jurisprudencia alguna que avale el sentido "público" sobre esa franja de tierra. "Sólo un viejo autor de apellido Machado lo entendía de esa manera. Fue el único", referenció.
La doctrina y jurisprudencia con el anterior código se sostenía sobre dos ejes: el primero apuntaba a que era de dominio privado con una restricción (esta era la mirada mayoritaria). El segundo segmento opinaba que se trataba de una servidumbre de tipo administrativa.
"Pero no hay ninguna sentencia (que hable de un camino público), al contrario hay una de 2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Neuquén que adhiere al criterio que el camino de sirga es privado con una restricción a ese dominio", explicó.
Criterio
Kemelmajer aseguró que algunos autores sostenían que hoy con el tipo de navegación que existe no se justificaba mantener una norma así, aunque a su criterio había que mantenerlo. "Siempre hay que entender que hablamos de ríos navegables o flotables como asegura la Corte Suprema", explicó.
"Tiene que quedar en claro en que no son espacios públicos ya en el Código de Vélez Sársfield se indicaba que eran 'terrenos de los propietarios'", detalló.
Para clarificar el tema puso un ejemplo: si se está en una zona de movimientos sísmicos uno puede construir un edificio hasta cierta cantidad de pisos porque el Estado lo regula por la peligrosidad de la zona. Justamente esa es una restricción a una propiedad privada, deslizó.
Es verdad que se bajó de 35 a 15 metros, pero en el código anterior también se permitía reducir esta franja de tierra cuando se hablaba de cursos de aguas navegables con cercanías a las zonas pobladas. Está claro que esa restricción impedía al propietario de ese terreno construir algo que perjudique la navegación.
"Pero además este Código suma el artículo 240 que antes no estaba y ahora sí. Y que dice que nadie puede ejercer sus derechos individuales en perjuicio de los derechos colectivos y de los derechos del ambiente", destacó.
Kemelmajer también retrucó a los defensores de la vieja norma: "si era tan bueno el régimen anterior cómo se explica que los que tiene propiedades lo mismo han construido (bien o mal) (...) Y si efectivamente lo era y perjudica la navegabilidad están mal construidos. Entonces nunca se cumplió y es erróneo interpretarlo así".
