"Es una posibilidad. Inclusive se lo había mencionado al ministro, que por los tiempos que están pasando no sé si vale la pena hacer una discusión sobre uno nuevo para el 2015 e inmediatamente el del 2016 o bien seguir la prórroga del 2014 y hacer en octubre la aprobación del 2016", explicó el presidente de la comisión de Hacienda, Raúl Béttiga (MPN). "Era una posibilidad que se manejaba, hasta ahora no hemos tenido confirmación de eso", aclaró.
A fines de octubre del año pasado el ministro del área, Omar Gutiérrez, presentó un proyecto de ley que estimaba gastos por 27.191 millones de pesos y recursos por 26.606 millones. Pero la caída del precio del barril de petróleo, diferencias en el cálculo de inflación y los aumentos salariales otorgados a los trabajadores estatales hicieron necesaria una actualización que todavía no fue presentada.
"Se había trabajado sobre un valor de ingresos que se fue modificando en parte por la devaluación, la inflación, la baja del precio del crudo, también los aumentos salariales. Después con el tema electoral se fue retrasando también y llegamos a esta instancia en que seguimos con el prorrogado del año pasado", señaló Béttiga, quien recordó que es una posibilidad que otorga la ley. Según la 2141 de Administración Financiera y Control, cuando la Legislatura no hubiera aprobado el presupuesto general al inicio del ejercicio "regirá el presupuesto vigente al cierre del ejercicio anterior prorrogado".
De momento, no sólo no se avanzó en la sanción del cálculo 2015, sino que tampoco fue aprobado el ejecutado de 2014, que fue presentado por el gobernador Jorge Sapag en mayo de este año.
Béttiga opinó que no contar con una ley de presupuesto para el 2015 no debería traer problemas para la colocación de bonos que planea el Ejecutivo, pues dijo que "se está dentro de las posibilidades que existen". "De todas formas si esto se demora y los bonos se empiezan a colocar a fin de año, a lo mejor ya estás contando con el presupuesto 2016", evaluó.
Una aprobación antes de fin de año le evitaría un posible dolor de cabeza al gobernador electo al momento de asumir, pues no contará con mayoría legislativa en su gestión.
