Legislatura: despacho sobre camino de sirga

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia emitió despacho por mayoría a un proyecto de declaración y otro de comunicación sobre el camino de sirga, espacio modificado en el recientemente sancionado Código Civil. Además, el cuerpo recibió al presidente del TSJ, Guillermo Labate, por la propuesta que incorpora en la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciones intermedias para magistrados, funcionarios y empleados que incurran en faltas administrativas.

Luego de varias reuniones de debate, la comisión emitió despacho por mayoría a la Declaración que manifiesta la necesidad de solicitar la modificación, de las regulaciones impuestas en la reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, considerando; entre otros ítems, el retorno a las dimensiones de 35 metros del camino de sirga. En tanto, el proyecto de Comunicación expresa el agrado de la Cámara para que el Congreso de la Nación considere el tratamiento del proyecto de ley que modifica el artículo 1974 del Código Civil, proponiendo el siguiente texto: “el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de treinta y cinco metros hasta la orilla del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los afectos de los actos violatorios”.

“El recurso no es de los ribereños solamente”, dijo Russo, quien remarcó la importancia de aunar esfuerzos en igual dirección entre los tres poderes del estado.


Al inicio de la reunión, los diputados escucharon la explicación del presidente del máximo órgano judicial, Guillermo Labate, en relación al proyecto que busca incorporar sanciones para magistrados, funcionarios y empleados del poder judicial que incurran en faltas de índole disciplinario-administrativas. Labate resaltó el carácter administrativo de las sanciones, al tiempo que aseguró que en la actualidad no hay graduación, en materia sancionatoria, que sí hay en otros poderes judiciales de otras jurisdicciones. La propuesta, según indicó, “busca sancionar todo lo que entorpezca o impida el normal funcionamiento del proceso judicial”. Asimismo, enfatizó que se enmarca en el nuevo paradigma judicial, que conlleva una mayor participación ciudadana a través de los jurados populares. “Buscamos la protección de los ciudadanos también”, dijo. En continuidad con el tratamiento del proyecto, el cuerpo convocará la semana próxima al gremio SEJUN y hará lo propio a continuación con la Asociación de Funcionarios y Magistrados.

Finalmente, se puso nuevamente en tratamiento el proyecto que modifica la Ley 2948, de ratificar el Convenio Marco de Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I y se declara de utilidad pública sujeta a expropiación las tierras y los derechos reconocidos sobre propiedad fiscal que se encuentren en el área de Chihuido I, ley sancionada en abril de este año. La actual propuesta elevada por el PE busca eximir del impuesto provincial de sellos y del impuesto sobre los ingresos brutos al adjudicatario contratista de la obra.

Finalmente el cuerpo retomará el tratamiento la semana entrante, con la posibilidad de convocar a representantes del poder ejecutivo a que detallen los motivos de la propuesta.