Por Redacción Central
Cuando la tarea que los funcionarios tienen entre manos es administrar los fondos del Estado, la responsabilidad que les cabe no es otra que la mayordomía sobre los bienes de la casa o hacienda a la que sirven. Esa "hacienda" es ni más ni menos que la "cosa pública" o los recursos que pertenecen al "señor" de esa cosa pública: "el pueblo".
Sería de esperar que un buen administrador hiciera uso eficiente de los recursos, incrementara las prestaciones o beneficios de los propietarios e hiciera crecer la riqueza de un período a otro.
En este sentido, el presupuesto es una herramienta fundamental de todo administrador. Es una previsión respecto de los recursos y gastos que una empresa, una familia o un Estado tendrán en un futuro cercano. Establece además un plan de acción que direcciona las partidas de fondos aplicadas a cada uno de los fines y permite controlar los posibles desvíos a medida que transcurre el tiempo.
Como todo plan, el presupuesto puede cumplirse al pie de la letra o sufrir modificaciones sobre la marcha, si la realidad resulta ser diferente al plan de ruta trazado antes de comenzar el período en cuestión. Se supone que los planes se trazan con la firme intención de ser cumplidos, mientras que los desvíos son producto de las circunstancias imprevistas. De aquí el nombre de "ley de leyes" que suele otorgarse a la ley de presupuesto de cada año.
Cuesta entender la razón por la cual los distintos niveles de gestión pública (municipal, provincial, nacional) suelen trazar planes que desde el vamos son inválidos basados en los datos que muestra la situación económica actual y la experiencia reciente.
Un claro ejemplo de lo antedicho es el presupuesto de la Provincia de Neuquén, presentado a fines de octubre: un plan que subestima ingresos y sobreestima gastos, que contempla los efectos de una corrección cambiaria sobre los ingresos por regalías, pero que no contempla la presión inflacionaria que podría surgir como consecuencia, y no prevé aumentos racionales sobre la masa salarial de la planta estatal.
A continuación daremos un breve repaso de las inconsistencias del proyecto de presupuesto neuquino para el 2016.
Trucos contables
Los artilugios contables del presupuesto en la administración pública son un secreto a voces. El truco habitual, tanto en la administración nacional como provincial, es subestimar los ingresos y sobreestimar los gastos; política que, desde hace años, viene aplicando a administración Sapag.
Lo primero permite a quien administra utilizar discrecionalmente los ingresos adicionales que, a lo largo del año, superan el monto presupuestado. Lo segundo abre las puertas al gobierno para, entre otras cosas, justificar la necesidad de tomar deuda pública para afrontar erogaciones que pocas veces terminan por ejecutarse.
Esta es la primera maniobra que se advierte al analizar el presupuesto neuquino para el año que viene. El proyecto prevé ingresos totales por $ 34.070 millones y gastos totales por $35.693 millones. Ello nos muestra que terminará el 2016 con un déficit financiero de $ 1.623 millones. La pauta significa un incremento del 25% en los ingresos y del 34% en los gastos respecto al presupuesto 2015 presentado por el Ejecutivo en la Legislatura, el que nunca fue aprobado.
Otra vez aquí aparece la subestimación de ingresos y sobreestimación de gastos. El último punto se fundamenta, entre otras cosas, en la intención del gobernador electo Omar Gutiérrez de sostener la autorización del poder legislativo para emitir títulos por $ 2.100 millones.
Si se desglosan ingresos y gastos por partidas, los interrogantes se hacen aun más evidentes. Al proyectar los ingresos, el plan prevé regalías por $ 7.290 millones. La cifra implica un crecimiento del 30% respecto de lo que recibirá la provincia en todo el 2015 por ese mismo concepto. Las regalías se ajustan por precio o volumen, o una combinación de ambos. Dado que un crecimiento explosivo de la producción de hidrocarburos es impensado para los próximos doce meses, la única forma de explicar semejante salto en las regalías es si el gobierno neuquino ya avizora una fuerte devaluación. Este es un número sobre el que todavía el Ejecutivo está trabajando y no puede definir hasta que anuncien las nuevas medidas del próximo gobierno. No es de extrañar una corrección en el tipo de cambio, cuando la propia YPF dio a conocer esta semana en sus previsiones una devaluación del peso y su impacto en los balances.
Para tener una idea de lo que estamos mencionando, con un dólar a 13 pesos los ingresos adicionales por regalías sumarían más de 800 millones de pesos anuales para la administración Gutiérrez. Un dato no menor.
Asimismo, en el presupuesto se espera un crecimiento del 32% en los recursos tributarios. Todo indica que los tiempos que se vienen no estarán caracterizados por un fuerte crecimiento del nivel de actividad. Es evidente entonces que el incremento en la recaudación contempla apenas la pauta inflacionaria, sobre la base de los registros de los últimos años.
Llama la atención que, si el gobierno neuquino ya proyecta la devaluación de la moneda para el cálculo de las regalías, no anticipe también el impacto de la misma sobre el nivel de precios. Una aceleración de la inflación podría traer aparejado un incremento de la recaudación, en el hipotético caso de que el nivel de actividad económica no se viera afectado a la baja por la caída del consumo y la inversión.
Pero si hay algo en lo que podría impactar una suba en el nivel de precios, es sobre los salarios, con los consecuentes reclamos de recomposición en el poder adquisitivo por parte de los gremios estatales.
El gasto en personal que deberá enfrentar la provincia será de algo más de 18.000 millones este año que está por finalizar. La cifra es un 33% mayor en relación a la que figura, para ese mismo ítem, en el presupuesto 2015 que no fue aprobado por la Legislatura a fines del año pasado. La sorpresa surge cuando se compara ese número con la previsión para el 2016. Las erogaciones en masa salarial estimadas para el año próximo están en los $ 19.028 millones, apenas 5% por encima de la cifra que se ejecutaría este año. No hace falta explicar que la partida en cuestión será mucho más abultada que lo que estipula el proyecto de ley. Sólo computando el acompañamiento de un piso de inflación del 20%, los salarios deberían ubicarse en torno a los 22.000 millones de pesos, es decir casi 3.000 millones más de los proyectados por el Ejecutivo.
Otro burdo artilugio tiene que ver con la obra pública. El presupuesto 2015 aprobado inicialmente por los diputados provinciales indicaba para la partida de Inversión Real Directa (IRD) fondos por $ 2.857 millones. Con mucho viento a favor, las inversiones ejecutadas ascenderán a un valor cercano a los $ 1.700 millones, un 40% menos que lo presupuestado. La previsión para el 2016, mientras tanto, arroja inversiones por $ 2.954 millones, un 74% más que lo que se ejecutaría este año. Cuesta entender de qué forma hará el gobierno neuquino para emprender obras por $ 2.900 millones el año próximo, si ni siquiera pudo hacerlas por $ 1.700 este año. No es muy difícil pensar que se trata de una forma de redireccionar el gasto hacia otras partidas presuntamente deficitarias para el próximo año.
La maldita deuda
Por último, cabe destacar el incremento del peso de la deuda en la "ley de leyes" de la provincia. En el presupuesto 2015, los pagos por capital e intereses de la deuda pública representaban el 7,8% de los ingresos totales. Para el año próximo, la carga de los pasivos sobre la disponibilidad estatal ascenderá al 10% de los ingresos totales. La incidencia podría ser todavía mayor si, tal como lo prevé el propio Ministerio de Hacienda provincial, se produce una devaluación.
En el 2010 la deuda pública neuquina tomada en dólares representaba algo más del 20% del total de los pasivos de la Provincia. Hoy esa relación se ubica por encima del 60%. Es decir que la administración Gutiérrez se enfrentará a un serio problema si, a partir del 10 de diciembre, se produce una brusca devaluación en el país. Pero algunos no ven un escenario tan complicado en este tema. "Los pasivos en dólares, que lejos están de ser los ideales, se acoplan a las regalías que también se relacionan con la divisa norteamericana. Es decir que, si hay una devaluación, más pesos deberemos pagar por nuestros compromisos de deuda en dólares, fondos que saldrán de los mayores ingresos que generará el barril de crudo por esa misma corrección cambiaria", intentó justificar un alto funcionario del Ministerio de Economía al ser consultado por el tema.
Lo cierto es que la administración Sapag contó en estos últimos ocho años con recursos récord para ejecutar, ingresos extraordinarios generados por las prórrogas de las concesiones de las áreas hidrocarburíferas, transferencias únicas por los contratos celebrados en Vaca Muerta, y pese a ello tuvo que recurrir al endeudamiento provincial para poder hacer frente a sus compromisos presupuestarios. Los problemas de gestión, a la vista.
