Mientras
Lorenzetti y los demás cortesanos brindaban con los periodistas por
el fin de año cuarenta días antes de que el año termine (pero a
dos días de las elecciones que ganó Macri) la Corte dio a conocer
otro fallo más que se suma al de YPF y la ratificación de la
cautelar de Clarín para no adecuarse a la ley de medios.
En
realidad son 3 fallos, dos en las demandas promovidas por Santa Fe y
San Luis contra la Nación por el descuento del 15 % de la
coparticipación que se destina a la ANSES para pagar jubilaciones,
pensiones y asignaciones familiares (incuyendo la AUH), y el otro
despachando favorablemente una cautelar interpuesta por Córdoba para
que se le dejen de descontar fondos por el mismo concepto.
Acá
en el sitio del Poder Judicial de la Nación puede acceder a los
textos de los fallos, de los que no nos vamos a detener en lo
estrictamente jurídico (aunque algo se diga más abajo al respecto)
por una sencilla razón: los mismos argumentos (legales y de hecho)
que la Corte toma en cuenta para decidir los tenía ya en el año
2010, cuando las partes (nación y provincias) habían finalizado sus
presentaciones, y hecho sus respectivos alegatos; e incluso había
dictaminado en julio del 2012 el Procurador General subrogante
González Warcalde (no estaba Gils Carbó designada, aclaramos por
las dudas) en contra del planteo de Santa Fe.
Más
aun: en el año 2009 Santa Fe planteó una cautelar exactamente igual
a la que ahora falló a favor de Córdoba para que se le suspendieran
los descuentos, y la Corte no la despachó porque no vio que se
acreditara "el peligro en la mora". ¿Qué ha cambiado
desde entonces, salvo los resultados de las elecciones del domingo,
donde Macri sacó en Córdoba más del 71 % de los votos?
La
actual afectación del 15 % de la coparticipación (no nos vamos a
cansar de repetirlo: de la parte que le corresponde a la nación, y
de la del conjunto de las provincias, no sólo las que reclamaron)
que va a la ANSES viene del artículo 76 de la Ley 26078 (2005); que
tuvo en Diputados 153 votos a favor (o sea más de la mayoría
absoluta del total de los miembros de la Cámara que exige el
artículo 75 inciso 3) de la Constitución para esos casos) y sólo
28 votos en contra.
Entre
los votos a favor estuvo el de Binner (por entonces diputado) que
luego siendo gobernador inició la demanda para declarar
inconstitucional la ley, y entre los votos en contra, los de todos
los diputados del PRO (una se abstuvo), los de la Coalición Cívica
(por entonces ARI) y algunos radicales (los otros se abstuvieron o se
ausentaron): o sea, "Cambiemos" en pleno.
Acá pueden ver el acta respectiva.
Los
fallos fueron firmados por Lorenzetti, Fayt y Maqueda, sin que se
sepa que pasó con Highton de Nolasco, que venía votando en
disidencia las últimas sentencias más polémicas de la Corte.
¿Hace
falta destacar los vínculos del presidente de la Corte con Ernesto
Sanz (el frustrado ministro de Justicia de Macri) y los de Maqueda
con De La Sota, tentado por estas horas por Macri para ser su
canciller? ¿Habrá puesto como condición que saliera éste fallo
para aceptar el ofrecimiento?
Otro
dato de color (turbio): a Santa Fe la patrocinaban el estudio
jurídico de Ricardo Gil Lavedra (que suena tanto para reemplazar a
Sanz en Justicia, como para ir a la Corte propuesto por Macri) y el
estudio Bouzat, Rozenkrantz y Asociados; los
mismos que le "armaron" a Clarín el plan de "adecuación
voluntaria" a la ley de medios que el AFSCA rechazó por
"trucho", dando lugar a la adecuación de oficio, hoy
suspendida por otra cautelar, validada por la Corte la semana pasada.
Para
tener una idea sobre como impactará el fallo en las finanzas de la
ANSES vamos a las cifras del presupuesto 2016 aprobado por el
Congreso: sobre un total de 679.000 millones (todas las cifras son
redondeadas) los impuestos coparticipables afectados representan
179.000 millones, de los que más o menos 101.000 millones aportan
las provincias (hay que dar por descontado que todas las demás que
no hicieron juicio lo harán ahora a partir del fallo de la Corte), y
los otros 78.000 la nación.
El
presupuesto considera un superávit de la ANSES de algo más de
40.000 millones, o sea que si se la priva de esos recursos -contra lo
que sostiene el fallo- pasaría a tener déficit; sin contar con que
el Tesoro nacional ya aporta (siempre según las cifras para el 2016)
casi 138.000 millones para completar los recursos que la ANSES tiene
para afrontar sus gastos (de los cuáles el 97,77 % son jubilaciones,
pensiones y asignaciones familiares). O sea que el Estado tendrá que
echar mano de otros recursos para poder pagar todos los meses los
beneficios (veremos las ideas que la Corte aporta en el mismo fallo).
Pero
también el fallo afecta los futuros aumentos según la Ley 26.417
(que la Corte cita en el fallo con total cinismo) de movilidad
semestral de los haberes, y que ahora se aplica también a los
aumentos de la AUH: hemos
explicado acá que la "formulita" que determina los
aumentos tiene en cuenta la evolución de los salarios de los
trabajadores en actividad registrados en la seguridad social (en
blanco), los aportes personales de esos trabajadores y la
contribución patronal de sus empleadores, y la parte de la
recaudación de impuestos afectada específicamente a financiar la
seguridad social, todo dividido por el número de beneficiarios del
sistema.
Es
decir que el próximo aumento de haberes de los jubilados y
pensionados y de la AUH (el de marzo, de acuerdo a las leyes) ya va a
ser menor de lo que era hasta hoy, como consecuencia del fallo;
porque la ANSES tendrá menos recursos.
Y
va a tener menos aun: en la conferencia de prensa de ayer preguntado
por Ganancias Macri (que había prometido en campaña que nadie que
no lo pagara en el 2007 lo pagará ahora) "cambió" y habló
de "ajustar el mínimo no imponible por la inflación", sin
decir desde cuando.
De
todos modos, "ajustar Ganancias por inflación" suena a
música para los oídos de los empresarios: lo vienen reclamando hace
años, y se los prometió el propio Macri en el último coloquio de
IDEA. Señalamos el dato porque de esos 179.000 millones de impuestos
coparticipables que van a la ANSES, más de 96.000 millones los
aporta Ganancias, de los trabajadores, pero sobre todo de las
empresas.
La
Corte le tira dos ideas a la ANSES en el fallo para cubrir el "bache"
que le crea: que el organismo revise sus "Gastos figurativos",
y que apele al Fondo de Garantía de Sustentabilidad si no le
alcanzan los recursos para pagar las jubilaciones, pensiones y
asignaciones todos los meses.
En
lo que no reparó es que los "Gastos figurativos"
comprenden los aportes de la ANSES al PAMI, el pago de los jubilados
y pensionados provinciales de las Cajas previsionales transferidas a
la Nación (las de 13 provincias), las pensiones no contributivas y
los aportes que se le hacen al Ministerio de Salud para que esos
pensionados sean atendidos en los hospitales públicos. O sea,
desvistieron un santo y para resolverlo, le proponen desvestir a un
montón.
La
propuesta (impropia además de un tribunal, que no gobierna sino que
debe decidir causas judiciales) de usar los recursos del FGS para
pagar las jubilaciones, pensiones y asignaciones es un disparate
económico: baste decir que todo el Fondo no es líquido (o sea
disponible de inmediato), y aun siéndolo alcanzaría para poco más
de un año de beneficios previsionales. ¿Cómo seguiría luego la
cosa, cuando esos recursos ya no estén?
Lo
que no sería nada raro es que el próximo gobierno (que tiene la
excusa perfecta para ajustar el gasto previsional y suspender las
leyes de movilidad de las jubilaciones y la AUH, o dejarlas que
arrojen un índice menor sin ensuciarse las manos) apele por ejemplo
a vender las acciones del Estado en las empresas en las que la ANSES
tiene participaciones accionarias, para pagarles a Santa Fe y San
Luis (y detrás por efecto cascada a las demás provincias) el
retroactivo por los descuentos de impuestos ahora declarados
inconstitucionales, desde el 1º de enero del 2006 para acá; o para
pagar las jubilaciones y pensiones.
Que
es ni más ni menos que lo que propusieron los economistas de la
Fundación Pensar, según
veíamos acá. Sería una vuelta al menemismo explícito,
privatizar empresas (o vender la participación estatal en ellas)
para pagar deudas, o para "pagarles a los jubilados". Dado
que tendrían que sortear la "ley cepo" que Cristina aprobó
al efecto (y
a la cual todo "Cambiemos" se opuso) ¿quién votaría
en contra, si le tiran encima a los jubilados que quieren cobrar?
