Pero no lo tendrá fácil.
Y porque tras el cambio de administración, permanecen en sus puestos algunos de los funcionarios más relevantes del kirchnerismo, que no quieren marcharse hasta finalizar su mandato, entre ellos la fiscal general de la Nación.
También es el caso del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, que amenaza con recurrir a la justicia para frenar una controvertida decisión del gobierno de Macri.
Ley de Medios
El nuevo presidente ordenó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) intervenir durante 180 días la Afsca y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
Se trata de dos agencias esenciales para la política de medios y telecomunicaciones del país.
Y en el caso de la Afsca, además, de un organismo en el centro de la disputa entre el grupo Clarín, el mayor multimedios del país, y el kirchnerismo.
El organismo es el que se encarga de aplicar la nueva Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández, y que obliga a Clarín a desprenderse de varias de sus licencias.
El gobierno quiere la renuncia de Sabbatella, a quien acusa de ser un "militante político” y de "poblar las oficinas del Afsca en todo el país" con sus simpatizantes.
Sabbatella, por su parte, que tiene mandato constitucional hasta 2017, ha anunciado medidas ante la justicia para declarar ilegal el decreto.
Mientras, militantes kirchneristas se concentraron a las puertas del Afsca para protestar por la decisión, que consideran “antidemocrática”.
Política de decretos
Como recordó el corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Ignacio de los Reyes, éste es el último ejemplo de un controvertido uso de decretos para gobernar por parte del nuevo gobierno.
“Mientras los más críticos con Macri ven rasgos autoritarios o poco democráticos en las últimas decisiones del presidente, el oficialismo justifica los decretos como fórmula para evitar la parálisis en órganos donde aún gobiernan funcionarios kirchneristas”, dice De los Reyes.
A través de esta fórmula puso fin a las retenciones fiscales a productores agrícolas, una de las fuentes de conflicto entre el campo argentino y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Con un decreto Macri también quiso designar a dos jueces de la Corte Suprema, puesto que no cuenta con una mayoría en el Senado para aprobar su nombramiento, como es habitual. Image copyright Reuters Image caption El kirchnerismo defiende la Ley de Medios que obliga a Clarín a deshacerse de licencias.
Además, el Congreso se encuentra en receso por las vacaciones del verano austral.
Aunque el gobierno defendió que se trató de una medida constitucional, un juez la declaró ilegal la pasada semana, después de generar fuertes críticas por parte de la oposición.
Incluso desde sectores que no comulgan con el kirchnerismo.
La filósofa Beatriz Sarlo describió la política de Macri como “una especie de Cristinismo invertido” en una entrevista con La Nación.
“Si los justificativos son que quiere gobernar por decreto de necesidad y urgencia de aquí hasta que no veas al Parlamento reunido, me parece una falta de experiencia política", aseguró.
Y la aliada de Macri en la alianza electoral Cambiemos, la legisladora Elisa Carrió, presentó un proyecto en el Congreso para impedir el nombramiento de jueces por decreto.
Los decretos de necesidad y urgencia como el publicado este miércoles sobre la intervención de la Afsca son mecanismos previstos en la Constitución argentina si “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos (…) para la sanción de las leyes”.
Algunos presidentes, como Eduardo Duhalde, que estuvo al frente del país tras la crisis de 2001, tuvo que hacer uso frecuente de esta herramienta.
Otros líderes como Carlos Menem o Néstor Kirchner también usaron con asiduidad los decretos (no sólo de urgencia) en sus años de gobierno, según el sitio web argentino Chequeado.com.
