TGN, TGS, Metrogas y Gas Natural Fenosa respaldaron la fuerte suba de las tarifas. Aseguran que así se garantizan las inversiones.
Las compañías Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN), que controlan los gasoductos troncales del país, indicaron que “luego de más de 14 años de un histórico retraso en las tarifas, el sector regulado del gas natural compuesto por las licenciatarias de transporte y distribución comenzó a recuperar la institucionalidad, los mecanismos previstos en las leyes, las normas y los marcos regulatorios”.
Las empresas aseguraron que desde hace años “arrastran años de pérdida a nivel de resultado operativo debido al congelamiento tarifario y a los crecientes costos operativos, que ponían en riesgos la continuidad del servicio”.
Señalaron, además, que los aumentos están atados a planes de obras obligatorias, que en el caso de ambas transportistas superan los $1800 millones para el 2016. Otra compañía que también respaldó el tarifazo fue Metrogas, que distribuye gas a dos millones de clientes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Dijo que “a partir de abril de 2016, la industria de gas natural de la Argentina comenzó a transitar por primera vez en 15 años un camino de sinceramiento y adecuación necesario para su sano funcionamiento”.
En la misma línea se manifestó la multinacional española Gas Natural Fenosa, la segunda distribuidora del país por número de clientes, que opera en la provincia de Buenos Aires.
Desde la firma señalaron que esta medida contribuye, por un lado, “a bajar el elevado déficit existente” y, por el otro, “a generar las condiciones adecuadas para el desarrollo del sector”.
Los comunicados que difundieron las empresas estuvieron alineados en la misma sintonía, y justificaron las abultadas sumas de las boletas con las bajas temperaturas, a las que consideraron “récord” para esta época del año.
“Es un derecho”
Por otro lado, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, dijo que “hay dos cuestiones que se debaten: la de la audiencia pública previa y la razonabilidad de las tarifas, es decir, hasta qué punto puede afectar al salario de una persona”.
Arias remarcó que “no puede aumentarse una tarifa sin audiencia pública”, y al mismo tiempo señaló: “Siempre que el poder político se salga de la legalidad, los jueces están habilitados a actuar”.
El magistrado consideró que la disputa se podría saldar en la Corte Suprema de la Nación si el Poder Ejecutivo interpone un recurso extraordinario, y que “incluso pueden intervenir organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, por cuanto “los servicios públicos forman parte del derecho a la vida, por eso no tienen un precio sino una tarifa”.
Con tantas idas y vueltas y acciones judiciales, el panorama no está claro. Por eso, el abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Osvaldo Riopedre, aconsejó ayer a los usuarios que si la factura de gas es de pronto vencimiento no se realice el pago.
“Si su factura vence el lunes, yo le aconsejaría que no la pague”, comentó.
