Enojo provincial por el plan de videoseguridad de Quiroga - Piedra OnLine

Información del Mundo

domingo, 7 de agosto de 2016

Enojo provincial por el plan de videoseguridad de Quiroga

El intendente neuquino imitarƔ a su par de Cutral Co y montarƔ un centro de vigilancia propio. La ciudad ya tiene 105 cƔmaras que monitorearƔ la Policƭa.

Las cÔmaras de seguridad en la capital neuquina cumplieron una década. Surgieron de una polémica contratación directa del exgobernador Jorge Sobisch a la firma Damovo. Con el paso del tiempo y sin conocerse mucho sobre sus resultados se fueron multiplicando y hace poco el gobierno de Omar Gutiérrez anticipó la instalación de 65 nuevos aparatos para completar un total de 170. Ahora es el intendente Horacio Quiroga quien, con auxilio de Nación, instalarÔ su propio sistema de video vigilancia con 36 equipos.

El anuncio del intendente, que consiguió el desembolso de 2 millones de pesos para el plan, tomó por sorpresa al gobierno provincial. El subsecretario de Seguridad de NeuquĆ©n, Gustavo Pereyra, aseguró a “RĆ­o Negro” que “nadie del municipio nos contó nada”. “Sólo sabemos lo que publicaron los medios, no sabemos para quĆ© las quiere usar, quizĆ” para prevención de contravenciones”, explicó Pereyra.

El Ćŗnico antecedente en la provincia de un sistema municipal de vigilancia, del que no participa la Provincia ni la PolicĆ­a, estĆ” instalado en Cutral Co.


El sistema en la capital neuquina estÔ en manos de la empresa estatal Neutics que preside Rodolfo Laffitte. Desde ese organismo también se mostraron desconcertados por el anuncio del jefe comunal ya que teóricamente el control de la video seguridad estÔ monopolizado por la Provincia.

Actualmente la provincia instala 65 nuevas cÔmaras para totalizar unas 170 antes de fin de año. Esto es poco mÔs del 50% del plan total que pretende instalar 320 equipos en todos los rincones de la capital provincial. AdemÔs cuenta con un centro de seguimiento que se amplió de 12 a 24 puestos de monitoreo.

Usos y resultados

Pereyra aseguró que el sistema ha dado muy buenos resultados en prevención y también en la resolución de casos judiciales, entre ellos por lo menos dos homicidios.

Sin embargo al menos dos fuentes con intenso trabajo en los tribunales de la Primera Circunscripción aseguraron que se resuelven significativamente mÔs delitos con cÔmaras privadas que con las públicas.

Quiroga anticipó que pondrÔ su sistema de vigilancia en contacto con la Policía y el Sistema de Emergencias (SIEN), pero todo indica que lo monitorearÔ con personal propio. En la Provincia, que acumulan varios fracasos en el tema, como fue la rescisión del contrato con Telefónica en 2014, solo esperan que la vinculación se ajuste a la ley provincial.

A poco mÔs de 10 años de la incursión de la ciudad con cÔmaras de seguridad hay dos coincidencias. La primera es que siguen las dudas sobre la efectividad del sistema y, la segunda, es que se repite la figura de Mauricio Macri. En 2005 el titular de la empresa Damovo era José Manuel Requejo, quien acompañaba a un Macri en la conducción de Boca. El ahora mandatario nacional serÔ quien financie el plan de Quiroga.

En nĆŗmeros 
 
$ 1,9 millones de pesos son los que enviarÔ el gobierno nacional para la instalación de los 36 equipos de video.
El antecedente de las cƔmaras municipales en disturbios
En julio de 2014, luego de que la selección Argentina le ganarÔ a la Bélgica el partido clave para el ingreso a los octavos de final del mundial de fútbol de Brasil, un grupo de menores ocasionaron destrozos en el centro de la ciudad, apedrearon la municipalidad y se enfrentaron a la Policía.
Desde el municipio se filmaron todos los hechos y esos videos fueron enviados posteriormente por el propio intendente Horacio Quiroga al entonces ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, para intentar determinar la identidad de los jóvenes que produjeron los destrozos generalizados.
El registro de las imĆ”genes por parte del municipio permitió identificar a cinco menores de edad, a los cuales el Ejecutivo municipal sancionó con multa de 1.100 pesos y 22 horas de trabajo comunitario. Las penalidades recayeron sobre sus padres por ser “solidariamente responsables”.