La CGT, las organizaciones sociales, encabezadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) del Movimiento Evita, y las dos CTA marcharán hoy al Congreso para exigir a los diputados la sanción del proyecto de ley de emergencia social que ya obtuvo media sanción en el Senado: un nuevo frente que se le abre al gobierno, que apuesta a un fin de año tranquilo. A horas de la movilización, que esperan sea multitudinaria, el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, advirtió que si Mauricio Macri veta la iniciativa, se alterará “la paz”. De ser aprobada, el costo fiscal de la aplicación de la ley podría llegar a los $15.000 millones, aunque Cambiemos confía en que no se llegará a tratar este año.
El martes, en un golpe al oficialismo, el Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley impulsado por el FpV, que establece un aumento de emergencia del 15% en la Asignación por Hijo y por Embarazo, y dispone la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo a través de planes para cooperativas y mutuales. Hoy, desde las 14, CTEP-Movimiento Evita, Barrios de pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), acompañados por las CTA y la CGT, comenzarán a concentrarse y se movilizarán al Congreso para exigir a Diputados que trate la norma.
Sin embargo, su tratamiento podría pasar para el año que viene. Hoy vence el plazo para aprobar dictámenes en comisión, y difícilmente la oposición consiga dos tercios de la cámara para tratar la iniciativa sobre tablas. “No creo que se trate este año, el 30 finalizan las sesiones ordinarias. Habrá extraordinarias, pero en esas sesiones el tema lo coloca el Poder Ejecutivo. Si no se termina con Presupuesto y Reforma Electoral en el Senado, serán esos los temas que se traten. Los temas que le interesan al Ejecutivo”, dijo a Río Negro una fuente de la presidencia de Cambiemos en la Cámara Alta.
De verse forzado a tratarla, el Ejecutivo tiene otra opción: vetarla. No sería la primera vez, Macri ya vetó una ley en mayo con un nombre muy similar. La emergencia ocupacional o “antidespidos”.
“Un veto sería una irresponsabilidad del Gobierno, más en las Fiestas, en las que tenemos que tratar de estar en paz. La responsabilidad de esto es del Gobierno”, dijo ayer Pérsico, jefe del Movimiento Evita, y amenazó: “No me cabe la menor duda de que, si se veta, vamos a tener una reacción”.
Hace menos de una semana, el presidente Macri había descartado tensiones de fin de año, al asegurar que el gobierno “está tranquilo” y que trabaja “en la calle, cerca” para evitar el estallido social.
Para asegurar la paz con el gremialismo y pasar un diciembre sin sobresaltos, el gobierno negoció en octubre con la CGT y el empresariado un bono de fin de año con un piso de $2.000 para trabajadores privados. El próximo lunes está convocada una nueva reunión de la mesa tripartita de “Diálogo por la Producción y el Trabajo”.
En paralelo, el ministro de Modernización cerró esta semana un acuerdo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) por un plus para los trabajadores estatales nacionales, que irá desde los $ 2.000 hasta los $ 3.500 de acuerdo con los diversos niveles de ingreso, y que se pagará en dos cuotas. Esto abre, a su vez, interrogantes sobre los reclamos que puede disparar en los gremios de empleados públicos provinciales. Varios gobernadores ya reconocieron que no podrán pagar un plus.
El titular de UPCN, Andrés Rodríguez, admitió ayer que el acuerdo fue “lo mejor que se pudo conseguir” y aseguró que “tempera el impacto de la pérdida de poder adquisitivo.
Por otro lado, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, calificó hoy de “insuficiente” el bono, que debería rondar los $10 mil y calificó a UPCN de “gremio amigo”: “El Gobierno no escuchó nuestra opinión, tomó una decisión extra paritaria y lo convalidó su gremio amigo. Este anuncio es absolutamente insuficiente para la realidad de los trabajadores estatales”, afirmó.
El mismo lunes, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibirá a los representantes de los movimientos sociales que se movilizan esta tarde. La funcionaria estudia la posibilidad de ampliar la ayuda de $1.000 anunciada para quienes perciben la AUH, que los movimientos esperan que sea, no ya por grupo familiar, sino por beneficiario, y sumar un pequeño plus por hijo.
Es el último acuerdo que intenta el Gobierno para ir cerrando el frente social, a pesar del desafío opositor que salió del Senado.
“El gobierno tomó una decisión extraparitaria y lo convalidó su gremio amigo. Este anuncio es absolutamente insuficiente”.
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE.
“Es lo mejor que se pudo conseguir. Atempera la pérdida de poder adquisitivo. Lamentablemente quedamos debajo de la inflación”.
Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN.
Una ley para crear un millón de empleos
El proyecto impulsado por el FpV y el GEN declara la emergencia social y alimentaria por un año en todo el país y estipula el aumento en 15% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo, durante ese plazo. Promueve la creación de un millón de empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo y la creación del Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario.
Dato
$ 3.500 Hasta esa cifra alcanzará el bono acordado por el gobierno nacional y los estatales nacionales de la UPCN.
$ 1.000 se anunciaron para los beneficiarios de planes sociales. El gobierno evalúa ampliar ese beneficio.
El próximo lunes está convocada una nueva reunión de la mesa tripartita de “diálogo por la producción y el trabajo” para discutir una mejora extra para el trabajo informal.
