Según argumentó la referente Silvia Rojas, dicho proyecto “por un lado profundiza una política de genocidio en la que el Estado se auto adjudica las tierras que los pueblos originarios utilizaban para su subsistencia, y por otro lado transforma el espíritu de la ley vigente –en el que la tierra se plantea como destinada al que la trabaja–, para proponer sea del que la trabaja o sus dependientes, provocando la elitización del acceso”.
Desde su punto de vista, el nuevo código “propone un uso del territorio desarrollista y mercantilista sin una discusión participativa acerca de cómo queremos usarlo y contradiciendo la función social de la tierra, presente en la Constitución de Río Negro y en la ley vigente”.
“Cambia –insistió– los usos del suelo agrícola, pastoril y forestal, agregando la explotación turística, energética, minera, industrial, tecnológica y otros usos económicamente rentables. Favorece a las empresas por sobre las personas y tiende a una mayor concentración de la riqueza”, opinó.
En resumen, la nueva propuesta “afecta a todos los habitantes, no solo a los ocupantes sin título, porque intenta arrasar con la idiosincrasia del pueblo, con los valores sociales y culturales de los campesinos y los pueblos originarios”, concluyeron.
