En principio, el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, realizará una “investigación preliminar” para determinar la existencia o no de un delito y, de comprobarse, si esto le compete al ámbito provincial o federal. Para ello mantendrá reuniones con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) con el objetivo de intercambiar y analizar información vinculada a la denuncia.
“Tenemos que ver si hay un delito, que sería el de cohecho. La intención de estas reuniones es poder coordinar con estos ámbitos el intercambio y el análisis de información vinculada a la denuncia efectuada”, explicó.
Por otro lado, los sectores de la oposición en la provincia, como Cambiemos y el Frente Neuquino, anunciaron ayer que se presentarán ante la Justicia federal para pedir que se investigue al ex mandatario provincial.
“Vamos a elevar un pedido de informes para ver si hay lavado”, indicó el diputado provincial por el Frente Neuquino, Mariano Mansilla. En cuanto a los contratos petroleros, que se renegociaron en 2008, sostuvo que están buscando elementos para analizar si sobre este tema amerita solicitar al gobierno neuquino más información.
“Lo que no veo es la competencia de la Justicia provincial (teniendo en cuenta que ya intervino Vignaroli) porque el lavado es delito federal y se tiene que investigar en Buenos Aires o, en todo caso, lo debe hacer la Justicia federal neuquina”, apuntó Mansilla.
A su vez, el diputado nacional por Cambiemos, Leandro López, informó que viene llevando a cabo una investigación sobre el patrimonio de Jorge Sapag y aseguró que ya radicó la denuncia en la Justicia de Buenos Aires porque no confía en el desempeño de los jueces neuquinos.
“Vignaroli y (José) Gerez están muy relacionados con el MPN. Los jueces de Neuquén responden al poder político. Ojalá que la sociedad tome nota y ponga la vara muy alta para votar a las próximas autoridades, porque lo de Jorge Sapag es un caso de corrupción y lavado de dinero. Se han investigado muchos vínculos con YPF, cuentas bancarias, la información financiera y seguramente este año tendremos novedades”, dijo en declaraciones radiales.
López señaló que no le parece “nada descabellado lo que ocurrió con Sapag”. “Él se enriqueció y se benefició de las políticas kirchneristas y le entregó, en su momento, la concesión del área Amarga Chica a un empresario que constituyó Renesa”, indicó.
El informe que publicó el diario español daba cuenta de que la BPA no quiso abrirle a Sapag una cuenta en agosto de 2008 por considerar que los cinco millones de dólares que quería ingresar eran “coimas del petróleo de los Kirchner”.
Se indicó que el ex mandatario planeaba tener dos cuentas vinculadas a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice. Además, se mencionó que uno de los beneficiarios de una iba a ser el ex ministro de Energía Guillermo Coco, quien encabezó el proceso de renegociación de contratos.
Ayer, al ser consultado, Sapag volvió a manifestar que todo lo que tenía para decir sobre el tema estaba en el comunicado que difundió el viernes de la semana pasada. Allí, negó “terminantemente” haber intentado abrir una cuenta bancaria. “Ni en la Banca Privada d’Andorra ni en ninguna otra entidad bancaria fuera de mi país en toda mi vida”, aseguró.
“Esos contratos eran leoninos”
La intendenta de Zapala y ex diputada provincial, Soledad Martínez, recordó ayer que cuando se votó la ley que avaló la renegociación de los contratos petroleros, ella y otros legisladores se opusieron por considerar que esos acuerdos eran “leoninos” para los intereses de los neuquinos. “Otorgaban una serie de beneficios y de concesiones extraordinarias a las empresas”, indicó quien en ese entonces integraba el bloque Alternativa Neuquina.
Respecto de la denuncia, dijo que la sorprendió el nivel de “detalles” dados a conocer sobre el supuesto intento de abrir una cuenta de parte de Sapag. “En ese momento se hablaba mucho de anticipos de lo que fue el pago por la renegociación, pero en ningún momento se habló de alguna situación asociada a negociaciones que incurrieran en la figura de delitos”, dijo Martínez.
