El proyecto tiene por finalidad instar al Poder Ejecutivo nacional a fin de que proceda a derogar el decreto 683/2018, publicado en el Boletín Oficial el martes 24 de julio, en tanto que “resulta un avance represivo y una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior”, señalan en sus fundamentos.
Raúl Godoy sostuvo que este decreto “es parte de una serie de medidas de escalada en la injerencia en la seguridad interior como fue el desembarco de 400 gendarmes en las provincias patagónicas, el desembarco de integrantes de Comando Sur para formar a fuerzas federales argentinas y la construcción de una base norteamericana en Neuquén bajo el ropaje de Ayuda Humanitaria” y que estas medidas desnudan la “ofensiva EE.UU y la subordinación a las políticas imperialistas de nuestro país”.
Denunció que el decreto “es un fortalecimiento del rol represivo de las fuerzas armadas de conjunto” y que buscarán utilizarla “para reprimir a trabajadores y la población que defiendan sus derechos y enfrenten los planes de ajuste del FMI”.
También afirmó que el decreto “hace una definición tan ambigua de la defensa de objetivos estratégicos, que pueden utilizar las fuerzas armadas para reprimir una huelga de trabajadores petroleros en Vaca Muerta ya que al afectar el servicio podría ser etiquetada como defensa de objetivos estratégicos”.
En sus fundamentos señalan que el concepto de “agresión de origen externo”, en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional también es “peligrosa y ambigua” porque “pueden englobar como una agresión externa, la defensa de los territorios por parte de los pueblos originarios, cuyas represiones, aún sin esta reforma, ya han mostrado la política represiva, de criminalización y estigmatización contra comunidades mapuce, dejando saldos de asesinatos en represiones como los casos de los jóvenes Santiago Maldonado o Rafael Nahuel”.
