El diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) quería saber si era cierto que el Poder Ejecutivo no le deposita los aportes y contribuciones de los empleados públicos al organismo que administra la caja asistencial y previsional de la provincia.
El pedido lo envió el 3 de junio y como pasó un tiempo prudencial, específicamente se cumplieron dos períodos de los que se indica en la ley 3.044 de acceso a la información pública, resolvió recurrir a la vía judicial en un tipo de reclamos que resulta inédito.
El legislador contó a Río Negro que el pedido ingreso en el juzgado de juicios ejecutivos a cargo de Javier Ghisini ante lo que consideró “un incumplimiento del gobierno de la provincia en dar la información”.
La ley de acceso a la información pública de Neuquén establece que el Estado tiene la obligación de dar a conocer información pública, 15 días después de solicitada. Una vez que se venció ese plazo hay una insistencia por el mismo período. Es decir 30 días en total. En el caso del ISSN pasaron 2 meses.
“En otros pedidos de informes de temas más livianos he recibido respuestas”, reconoció Coggiola para indicar que el camino burocrático de este mecanismo que utilizan los diputados estaba expedito.
¿Qué ocurre para que un pedido de informes adquiera formalidad legislativa? Debe pasar por una comisión y obtener los votos mayoritarios para que adquiera fuerza política. Como es muy difícil que se trate en comisión un proyecto opositor, se acostumbra a emitir notas donde se solicita información que no tienen la fuerza institucional del pedido de informes.
“En la Legislatura, los pedidos de informes salen si el oficialismo tiene buena voluntad y no todos tienen el acompañamiento del oficialismo, por eso utilice esta herramienta y en base al artículo 185 de la Constitución Provincial que establece la obligatoriedad del Estado de contestar pedidos de informes sean en grupo o individuales”, argumentó el legislador de Plottier.
Reconoció que es inédito que un legislador recurra a un amparo judicial.
En relación con lo que pidió, contó que por declaraciones de un consejero gremial del ISSN, el Poder Ejecutivo no hace el depósito de los aportes y contribuciones que retiene de los sueldos de los empleados públicos desde enero, pero no tenía detalles y seguridad de que sea así.
Coggiola presentó el pedido con un cierre al mes de abril de este año, es decir, dijo, “es un proceso contable que está cerrado no había inconvenientes para que no me contesten”.
“Es un tema serio, no solo porque se estaría reteniendo indebidamente estos aportes sino porque la caja del ISSN pasa una situación muy difícil y obviamente tenemos que tener información cuando nos interpelan los colegios de profesionales por la falta de pagos”, describió.
