Por roberto aguirre robertoaguirre@rionegro.com.ar
La cadena productiva al interior de Vaca Muerta empieza a crujir. La baja del crudo y la búsqueda de eficiencia para no perder rentabilidad forzaron un ajuste que repercute en todo el sector y que puede medirse en varios miles de millones de pesos. Pero, claro, el chaparrón no mojará de la misma forma a todos actores.
Esta semana estuvo cargada de muestras de que esa incomodidad inicial que generó la baja del precio del crudo empieza a convertirse en un problema.
La muestra más cabal estuvo el pasado jueves, cuando el gobierno provincial juntó a todos "los eslabones" de la cadena petrolera para conformar un clúster, algo así como una plataforma de trabajo conjunta. Si bien todos dijeron presente, prácticamente no hubo ningún empresario en la sala. Las cámaras locales, Ceipa y Capespe, enviaron a sus gerentes y no a sus máximas figuras. Los sindicatos, en medio de una trinchera con las grandes empresas de servicios petroleros, directamente no fueron de la partida. Las grandes operadoras hicieron presencia con el director de su cámara y evitaron las figuras de peso. Cada empresa hizo lo propio con sus responsables locales en áreas institucionales.
No fue un rechazo al plan de armar un clúster, sino una forma de evitar incomodidades: como pocas veces desde el 2009, el fuego cruzado amenaza con dejar heridos.
El mapa del ajuste en Vaca Muerta (ver cuadro) tiene su epicentro en la baja internacional del crudo, que repercute en los presupuestos de las firmas extranjeras, y también en la caída del barril interno, que pasó de 84 a 77 dólares, un 8% menos.
Esa coyuntura forzó a las empresas a mejorar su productividad, lo que se tradujo en un ajuste. YPF, por caso, se puso un objetivo: bajar un 20% sus costos operativos.
La consecuencia directa fue el recorte unilateral de contratos con las empresas de servicios, tanto grandes como chicas, que llegó en algunos casos al 15%. Este escenario puso en el ojo de la tormenta a las pymes locales, que el martes salieron a denunciar el "despiadado" accionar de las operadoras que, argumentan, atenta contra su sustentabilidad y podría derivar en el despido de 600 trabajadores en el corto plazo. "Se está confundiendo el potencial de Vaca Muerta con la realidad actual", advirtieron.
Fuentes del sector indicaron a "Río Negro Energía" que el pasivo consolidado de las casi 150 firmas nucleadas en ambas cámaras podría superar los 2.000 millones de pesos. Las empresas deben dinero a los gremios por cuota sindical y empiezan a financiarse con el atraso de pagos de aportes e impuestos nacionales y provinciales. La mora bancaria aún no es un problema, confiaron las fuentes, porque son pocas las firmas que toman crédito en un sector que se autofinancia. Sí, en cambio, empiezan a verse más cheques sin fondos, lo que elevó la tasa de descuento en las cuevas.
Las operadoras no esconden los cortocircuitos. El director de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Manuel García Mansilla, aseguró a este medio que las tensiones "son naturales" y que existe un nivel de diálogo con el sector. Sin embargo, las pymes petroleras reclaman que se cree una mesa con todos los actores para "repartir" los costos del ajuste. "No queremos ser un fusible", dijo el titular de Ceipa, Marcelo Volonté. El comunicado que firmó el martes advirtió que la cámara, que representa a más de 65 firmas del sector, no está dispuesta a "esperar pasivamente".
Hay tres empresas que perdieron contratos y están al borde de la quiebra. Una de ellas, directamente no factura. Hay otra, de unos 500 empleados, que asegura que tendría que despedir a la mitad de su personal.
La situación también se registra en Río Negro. Ramiro Arceo, el titular Casepe (la cámara local con sede en Catriel) coincidió con el diagnóstico y agregó las complicaciones para pagar los 6.000 pesos de bono acordados entre las operadoras y el Sindicato de Petroleros y el atraso en las certificaciones.
LA PUJA SINDICAL
Pero al ajuste entre empresas también empezó a repercutir en el sector gremial. El lunes por la mañana, unos 600 trabajadores fueron al cajero y descubrieron que habían cobrado hasta un 50% menos de su sueldo. Hubo descuentos de 20.000 pesos y el gremio cree que la poda total rondó los 20 millones de pesos.
Tal como había anunciado este medio, el conflicto radica en las denominadas "horas taxi", que las cuatro grandes firmas de servicios, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford, se niegan a pagar porque están fuera de convenio.
El gran malestar de los trabajadores se tradujo en un intento de bloqueo en algunas de las bases petroleras, que el titular del sindicato, Guillermo Pereyra, logró frenar con bastante esfuerzo ante el enojo creciente.
De todos modos, se lanzó un paro en estas firmas, que sin embargo no fue acompañado por trabajadores de otras empresas extranjeras. Algunos delegados se quejaron de la "falta de solidaridad", por ejemplo, de los empleados de la canadiense Calfrac.
El tema se encauzó con la mediación de Trabajo de la Nación, aunque aún no hay solución de fondo. La alternativa, que se evaluará la semana que viene, es la de hacer una adenda al convenio colectivo de trabajo para incluir estas horas. Pero, claro, las empresas buscan tipificarlas de modo tal que no sean "horas perdidas".
Más allá de esta coyuntura, lo cierto es que el gremio ya siente el ajuste: para todo el 2015 consiguió un bono fijo de 6.000 pesos. Para el salario promedio del sector que mide el Indec (47.000 pesos), se trata apenas de un 12,5% de incremento, por debajo del promedio del sector privado.
El sector del trabajo, como ocurre a menudo, termina pagando los platos rotos.
