La Argentina, sacando épocas especiales como los tiempos de la post segunda guerra mundial, siempre ha vivido con problemas económicos que han opacado los pequeños períodos de crecimiento vividos por el país. El Estado nacional, como receptor de la mayoría de los impuestos, es quien debe tratar de distribuir los mismos de la manera más equitativa posible, evitando discriminaciones o favoritismos, para de esa manera lograr una mejor distribución de los recursos.
La Coparticipación Federal de impuestos ha sido s iempre un tema complicado que ha deteriorado la relación entre la Nación y las provincias, porque los estados se sienten dañados en sus finanzas, sobre todo los más pequeños que ven como los grandes poblados se llevan la mayor parte de los recursos, dejándolos de lado.
El conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional que comenzó el año pasado con el lanzamiento de la Resolución 125, puso en el tapete nuevamente este tema que los ruralistas enarbolaron como caballito de batalla para criticar la actitud de la administración kirchnerista hacia los pueblos del interior, que se sentían sumamente dejados de lado por el gobierno nacional y que vieron en esta pelea una manera de salir a la luz para recibir los recursos que creen recibir, s obre todo, por la soja, a pesar que desde comienzos de este año, el gobierno decidió coparticipar parte de las retenciones a la soja.
La situación económica y la crisis financiera internacional, ha puesto a la Argentina en una debilidad muy grande en este sentido, cosa que se nota en el nivel de coparticipación que recibe cada provincia. Es por eso que vemos que en el primer semestre de 2009 la dinámica se modificó bruscamente ya que los fondos enviados crecieron con respecto al mismo período del año previo a una tasa del 8,6%. Cabe remarcar que entre los primeros seis meses del 2008 y los del 2007 la expansión había sido del 28,1%.
Números de la Coparticipación
Desde la sanción de la Constitución Nacional de 1994, la Coparticipación Federal de Impuestos y los montos de dinero transferidos por parte del gobierno nacional a las provincias es un tema de recurrente debate. Entre 2003 y 2008, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires obtuvieron fondos nacionales por un valor cercano a los 250.000 millones de pesos, habiéndose multiplicado 3,6 veces entre estos dos años.
Según un informe realizado por la Fundación Libertad , que efectuó un pormenorizado análisis sobre la Coparticipación , entre los años 2003 y 2004 se dio la tasa más alta de crecimiento de envíos de fondos a provincias (43,3%) en tanto que en 2005-2006 fue la más baja con el 24,3%. Asimismo, en promedio, el crecimiento anual se ubica en el orden del 29,1%.
De la totalidad de la recaudación nacional del año 2008, 269.375,1 millones de pesos, se destinaron a las provincias y a la Ciudad de Bs. As. $69.267,6 millones, esto es el 25,7% de lo recaudado. Un año antes, ese guarismo era del 27,6% y diez años atrás era del 33% sin considerar los fondos destinados a la Ciudad de Bs. As. Más aún, en la primera mitad d el año en curso el ratio mantiene su tendencia decreciente cayendo al 24,9%. Es decir que de cada 100 pesos que se recaudan de tributos nacionales, la administración nacional se queda con $75 y las provincias solamente con $25.
Un problema adicional que presenta el federalismo fiscal argentino, es la inequidad con la que se asignan los fondos entre los distintos estados subnacionales. Así, si se mide el monto de coparticipación por habitante, la más favorecida recibe 7,5 veces más que la mayor perjudicada, lo que muestra a las claras que el sistema no está bien diseñado.
De esto se desprende la desigualdad en los montos que recibe cada ciudadano de los fondos que envía la Nación , dependiendo de la jurisdicción en la cual habite. Así, por lo general, quienes residen en provincias poco pobladas reciben más montos per cápita que quienes los hacen en las zonas de mayor número de habitantes. Más aún, los datos revelan que la cantidad de habitantes que tiene cada provincia no pasa a ser una variable determinante en los recursos que disponen. En este sentido, las cuatro provincias que menos dinero reciben por habitante (Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires) abarcan al 58,8% de la población pero obtienen solamente el 41,5% del total de los recursos que el gobierno central asigna a las provincias.
Asimismo, no existen criterios objetivos de asignación, por ejemplo, cabe ver con más detalle lo que acontece entre las provincias de Mendoza y Entre Ríos. En Mendoza se recaudaron un 56,5% más de impuestos que en Entre Ríos, pero recibió un 14,1% menos de fondos nacionales. Asimismo, se puede ver que la redistribución se hace a la inversa ya que Mendoza tiene una superficie y población mayor y al mismo tiempo menor nivel de ingreso por habitante y mayor tasa de pobreza. Más aún, en términos per cápita y por kilómetro de superficie recibe un 37,6% y 55,1% menos respectivamente.
De esta forma, queda expresada no s ólo la falta de federalismo fiscal que existe en nuestro país sino también la fuerte desigualdad y ausencia de criterios lógicos en el reparto de fondos entre los dos niveles de gobierno.
El trabajo realizado por la prestigiosa Fundación Libertad, también nos da datos sobre lo acontecido en otras provincias, y coteja el caso de Santa Fe con las provincias de Córdoba y Buenos Aires, se observa que para el período 2003-2008, la jurisdicción mediterránea recibió fondos nacionales por una suma equivalente a $21.296 millones, un 2,4% menos que Santa Fe mientras que Buenos Aires percibió recursos 2,4 veces superiores a los de esta última, por un total de 51.331 millones de pesos.
Si se considera la coparticipación per cápita, el monto más alto corresponde a Santa Fe con $1.886 seguido de cerca por Córdoba con 1.795 pesos y en tercer lugar por Buenos Aires con $916, siendo esta cifra una de las más bajas del país. Si se tiene en cuenta el monto recibido por superficie de extensión, se percibe que la provincia que menores recursos recepciona es Córdoba, con 36.300 pesos por km2, mientras que a Buenos Aires y Santa Fe se destinan 44.900 y 46.000 pesos por km2 respectivamente.
Al comparar lo recaudado en cada jurisdicción política con el monto recibido en concepto de copa rticipación, del total recaudado por la Nación en 2008, un 22,2% es aportado por estas tres jurisdicciones. Del total de provincias, estas son las únicas que presentan déficit en relación a la diferencia entre el total recaudado y los recursos recibidos desde la Administración Nacional. Es decir, aportan más de lo que reciben.
Si bien las provincias mencionadas presentan un mayor dinamismo económico, esto no necesariamente implica que tengan mejores indicadores socio-económicos. Por cierto, en base a datos privados2 la pobreza en Santa Fe alcanzaba en el 2008 al 30,7% de la población, guarismo muy superior al 7,9% de Santa Cruz y al 9,5% de Chubut y Tierra del Fuego, siendo estas jurisdicciones, detrás de la Ciudad de Buenos Aires, las de mayor in greso per cápita.
En conclusión, dice la Fundación Libertad , la redistribución de ingresos en el territorio argentino es explicada solamente por la extracción de recursos a las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, y a la Ciudad de Buenos Aires. En este último caso, y también en el del distrito bonaerense, hay que tener presente que la administración nacional provee o subsidia diversos servicios (transporte, seguridad, etc.), en mayores cuantías que en el interior del país. Por ende, deberían ser considerados a la hora de ver si son afectadas negativamente por el régimen de coparticipación vigente.
Claramente, en el caso de Santa Fe y también de Córdoba, al resignar gran parte de los recursos propios se ven sumamente perjudicadas para resolver carencias propias como son los altos niveles de pobreza, desempleo y acceso a servicios básicos (agua potable y gas) para gran parte de su territorio.
Esta compleja situación explica en parte el difícil momento que atraviesan las finanzas provinciales y con ello las renovadas quejas de los gobernadores. Por cierto, se estima que el consolidado de jurisdicciones finalizará el año con un déficit de entre 12.000 y 15.000 millones de pesos.
La distribución de recursos entre nación y provincias ha sido y sigue siendo un tema de debate. Nadie duda del rol esencial que juega en la constitución de un país federal, ya que sin gozar de recursos es poco el poder real que tienen los gobiernos provinciales para efectuar políticas públicas tendientes a cambiar su realidad provincial.
En este sentido, se presentan dos grandes problemas. En primer lugar, se observa que la Nación concentra el 75% de los recursos, por lo que las provincias tienen múltiples obligaciones y atribuciones con escasos fondos. Asimismo, se tiende a la ineficiencia en la gestión al gozar las provincias del beneficio de gastar sin soportar todo el costo de recaudar. En segundo lugar, no solo la administración central concentra la mayor parte de los ingresos, sino que la asignación de ellos entre las provincias no sigue un criterio ni devolutivo ni redistributivo. Ello aumenta la desigualdad entre las jurisdicciones y el abanico de políticas y medidas que pueden tomar sus gobernantes.
En lugar de ir avanzando en pos de resolver estos inconvenientes, los mismos tienden a agravarse. Por cierto, en el año 2008 los montos coparticipados representaron solamente el 25,7% de la recaudación nacional, cuando un año atrás representaba 27,6% y diez años antes era del 33%. Más aún, en el primer semestre de este año los monto s coparticipados sufrieron una importante contracción en su tasa de crecimiento anual, que pasó del 28,1% en los primeros seis meses del año pasado al 8,6%. Ello explica una parte del difícil momento que atraviesan las finanzas provinciales y las protestas de los gobernadores.
En cuanto al segundo de los problemas, si se mide el monto de coparticipación por habitante, la provincia más favorecida recibe 7,5 veces más que la más perjudicada. A ello cabe sumarle, que tampoco se sigue un criterio redistributivo ya que hay provincias con mayor extensión territorial, pobreza y menor ingreso por habitante que reciben menos fondos.
En el caso puntual de Santa Fe, es junto a Córdoba y Buenos Aires, de las más damnificadas, ya que son las tres únicas aportantes netas de fondos a la Nación. Sin embargo, tiene una tasa de pobreza mayor que doce provincias y gran parte de su población no accede a servicios como agua potable y gas.
Para resolver estos problemas se requiere tanto que el gobierno nacional envíe fondos respetando el guarismo establecido en la ley vigente (se deben enviar a las provincias como mínimo un monto equivalente al 34% de los recursos tributarios nacionales) como la discusión de un nuevo esquema de coparticipación que evite las asimetrías antes descripta s y que otorgue una mayor independencia a los estados del interior. La discusión no es sencilla pero ello no implica que no deba efectuarse.
Fuente consultada: Informe elaborado por la Fundación Libertad. www.iee.org.ar
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