Son menores y trabajan como vendedores ambulantes. Venden cuchillos que sus padres fabrican. Pasan largas horas del día en esta actividad, lo que les impide ir a la escuela. El caso está en manos de la Defensoría de Menores de Federal.
Vulneración de los derechos de los niños y presunta explotación infantil, es la denuncia que interpuso la coordinadora departamental del Consejo Provincial del Menor, Elida Romero, ante la Defensoría de Menores de Federal.
La presentación se originó por la denuncia del propietario de una estación de servicio, ubicada en la ruta internacional 127 y Antelo de la ciudad de Federal, a raíz de la presencia de cinco menores, de entre 8 y 16 años, vendiendo cuchillos a los automovilistas que paraban a cargar combustibles.
Las jornadas laborales de estos menores son de varias horas, tanto es así que muchos de ellos, pese a estar escolarizados no concurren con regularidad a clases. Es que para aportar a la economía hogareña, los menores debían vender una cierta cantidad de cuchillos por día.
Cada uno de ellos, estaban casi obligados a vender entre cinco o seis cuchillos por jornada, lo que a la semana representa un promedio de 3.000 pesos. Para el abogado del organismo provincial en Federal, José Mandil, la situación en la que se encuentran los menores podría encuadrarse en la figura penal de “explotación infantil”.
“El dueño de la firma Petroagro SA, que es una estación de servicio que se encuentra en la ruta internacional, presenta una denuncia formal ante este organismo por la presencia de los menores. Nosotros ante esta situación, con la denuncia formulada, hacemos una presentación judicial ante la Defensoría de Menores, que está a cargo de Eduardo Mondragón, con el fin de individualizar e identificar a los chicos”, relató en diálogo con El Diario.
“Es complejo el caso, no sólo por la situación de los menores sino el de la familia. Estamos ante un caso de una presunta explotación de menores, porque hay un trabajo, donde los papás se están valiendo de los hijos para llevar a cabo esta actividad”, indicó el letrado.
Con la debida autorización de la Defensoría, la regional del Consejo Provincial del Menor logró identificar a los menores, quienes pertenecen a dos familias de la misma procedencia biológica. “Cuando pudimos identificar a los chicos tomamos contactos con los padres. Uno de ellos, ahora está mandando a sus hijos a la escuela pero el otro no”, se indicó.
Como exigencias laborales, los menores debían vender por día entre cinco o seis cuchillos y recién ahí podían volver a sus casas. Es así que las jornadas se extendían hasta altas horas de la noche. Fue por esa razón, que el propietario de la estación de servicio decidió interponer la formal denuncia ante la delegación del Consejo Provincial del Menor, explicó la coordinadora del organismo, Elida Romero.
La actividad comercial de la cuchillería la realizan dos familias de la misma procedencia sanguínea, es decir el padre y su hijo, quien a su vez tiene su propia familia. Los chicos son los que salen a vender la mercadería, en la estación de servicio de la firma Petroagro SA, ubicada en la ruta 127. “La presentación formal a este organismo lo hace la gente de la firma Petroagro SA, por lo que inmediatamente le dimos intervención a la Defensoría de Menores, porque estamos convencidos que puede existir una explotación infantil”, reiteró Mandil.
“Como centro de protección a la niñez no podemos no actuar ante una denuncia. Acá hay derechos de los niños que no se está cumpliendo. Además de las actuaciones administrativas se hizo también la judicial, para que la Defensoría nos facilite los medios para localizar e individualizar a los chicos”, acotó el letrado.
Aunque no se conoce la fecha, no se descarta que en las próximas horas el defensor de Menores convoque a los padres de los menores. “Nos preocupa esta situación, pero lo que queremos es conciliar con los padres sin afectar su economía ni actividad familiar”, indicó Mandil.
“Los menores están expuestos a situaciones de riesgos no sólo porque transitar por la playa, donde ingresan vehículos y camiones sino que de noche se vuelve insegura”, explicó.
Por su parte, la coordinadora departamental del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, ratificó lo que había dicho a Radio Integración de Federal, “nosotros hemos tomado la determinación de dar intervención a la Justicia para presentar nuestra preocupación, teniendo en cuenta que la empresa en la que estos chicos desarrollan estas actividades nos corre vista de esta situación”, dijo.
“Nosotros bajo ningún punto de vista estamos en contra de esta cultura del trabajo. Lo que nos preocupa es la vulneración de otros derechos como es la permanencia de los chicos por mucho más horas de las que deben estar y la falta de un referente adulto que esté en vigilancia de sus hijos”.
Romero explicó: “los chicos están escolarizados, están inscriptos, aunque no hay una asistencia regular. Lo que se debe interpretar es que nosotros como organismo de protección no tenemos las facultades que le permiten a la Policía o a otros efectores sociales ir y retirar un chico. Si un chico esta en ese lugar, hay una persona que da vueltas o deambula y hay una empresa privada que lo permite, estaríamos chocando con diferentes responsabilidades”, acotó al medio federalense. “La venta que hace un adulto no es la misma que la de un chico, por el impacto que produce que un chiquito te venga a ofrecer. Uno inmediatamente asocia de que en su casa hay falencias en lo afectivo, económico, y es un nene vulnerado en todos sus derechos”, concluyó.
Fuente: El Diario
Vulneración de los derechos de los niños y presunta explotación infantil, es la denuncia que interpuso la coordinadora departamental del Consejo Provincial del Menor, Elida Romero, ante la Defensoría de Menores de Federal.
La presentación se originó por la denuncia del propietario de una estación de servicio, ubicada en la ruta internacional 127 y Antelo de la ciudad de Federal, a raíz de la presencia de cinco menores, de entre 8 y 16 años, vendiendo cuchillos a los automovilistas que paraban a cargar combustibles.
Las jornadas laborales de estos menores son de varias horas, tanto es así que muchos de ellos, pese a estar escolarizados no concurren con regularidad a clases. Es que para aportar a la economía hogareña, los menores debían vender una cierta cantidad de cuchillos por día.
Cada uno de ellos, estaban casi obligados a vender entre cinco o seis cuchillos por jornada, lo que a la semana representa un promedio de 3.000 pesos. Para el abogado del organismo provincial en Federal, José Mandil, la situación en la que se encuentran los menores podría encuadrarse en la figura penal de “explotación infantil”.
“El dueño de la firma Petroagro SA, que es una estación de servicio que se encuentra en la ruta internacional, presenta una denuncia formal ante este organismo por la presencia de los menores. Nosotros ante esta situación, con la denuncia formulada, hacemos una presentación judicial ante la Defensoría de Menores, que está a cargo de Eduardo Mondragón, con el fin de individualizar e identificar a los chicos”, relató en diálogo con El Diario.
“Es complejo el caso, no sólo por la situación de los menores sino el de la familia. Estamos ante un caso de una presunta explotación de menores, porque hay un trabajo, donde los papás se están valiendo de los hijos para llevar a cabo esta actividad”, indicó el letrado.
Con la debida autorización de la Defensoría, la regional del Consejo Provincial del Menor logró identificar a los menores, quienes pertenecen a dos familias de la misma procedencia biológica. “Cuando pudimos identificar a los chicos tomamos contactos con los padres. Uno de ellos, ahora está mandando a sus hijos a la escuela pero el otro no”, se indicó.
Como exigencias laborales, los menores debían vender por día entre cinco o seis cuchillos y recién ahí podían volver a sus casas. Es así que las jornadas se extendían hasta altas horas de la noche. Fue por esa razón, que el propietario de la estación de servicio decidió interponer la formal denuncia ante la delegación del Consejo Provincial del Menor, explicó la coordinadora del organismo, Elida Romero.
La actividad comercial de la cuchillería la realizan dos familias de la misma procedencia sanguínea, es decir el padre y su hijo, quien a su vez tiene su propia familia. Los chicos son los que salen a vender la mercadería, en la estación de servicio de la firma Petroagro SA, ubicada en la ruta 127. “La presentación formal a este organismo lo hace la gente de la firma Petroagro SA, por lo que inmediatamente le dimos intervención a la Defensoría de Menores, porque estamos convencidos que puede existir una explotación infantil”, reiteró Mandil.
“Como centro de protección a la niñez no podemos no actuar ante una denuncia. Acá hay derechos de los niños que no se está cumpliendo. Además de las actuaciones administrativas se hizo también la judicial, para que la Defensoría nos facilite los medios para localizar e individualizar a los chicos”, acotó el letrado.
Aunque no se conoce la fecha, no se descarta que en las próximas horas el defensor de Menores convoque a los padres de los menores. “Nos preocupa esta situación, pero lo que queremos es conciliar con los padres sin afectar su economía ni actividad familiar”, indicó Mandil.
“Los menores están expuestos a situaciones de riesgos no sólo porque transitar por la playa, donde ingresan vehículos y camiones sino que de noche se vuelve insegura”, explicó.
Por su parte, la coordinadora departamental del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, ratificó lo que había dicho a Radio Integración de Federal, “nosotros hemos tomado la determinación de dar intervención a la Justicia para presentar nuestra preocupación, teniendo en cuenta que la empresa en la que estos chicos desarrollan estas actividades nos corre vista de esta situación”, dijo.
“Nosotros bajo ningún punto de vista estamos en contra de esta cultura del trabajo. Lo que nos preocupa es la vulneración de otros derechos como es la permanencia de los chicos por mucho más horas de las que deben estar y la falta de un referente adulto que esté en vigilancia de sus hijos”.
Romero explicó: “los chicos están escolarizados, están inscriptos, aunque no hay una asistencia regular. Lo que se debe interpretar es que nosotros como organismo de protección no tenemos las facultades que le permiten a la Policía o a otros efectores sociales ir y retirar un chico. Si un chico esta en ese lugar, hay una persona que da vueltas o deambula y hay una empresa privada que lo permite, estaríamos chocando con diferentes responsabilidades”, acotó al medio federalense. “La venta que hace un adulto no es la misma que la de un chico, por el impacto que produce que un chiquito te venga a ofrecer. Uno inmediatamente asocia de que en su casa hay falencias en lo afectivo, económico, y es un nene vulnerado en todos sus derechos”, concluyó.
Fuente: El Diario
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