Los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Venezuela también están enfrentados con los medios. A días que el Senado vote la ley de medios, hay otros presidentes que buscan controlar al periodismo.
La necesidad de los gobiernos de controlar a los medios de comunicación se ha vuelto casi una pandemia en América del Sur. Además del matrimonio Kirchner, que impulsa la ley de servicios audiovisuales en la Argentina, en Ecuador imitan esos pasos. En tanto, los presidentes de Bolivia y Venezuela mantienen una férrea disputa con los medios, que ponen en peligro la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa ya alertó sobre esta tendencia.
El aire intervencionista aún no llegó a Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú ni Chile.
En la Argentina, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de servicios audiovisuales y el proyecto será tratado el viernes en el Senado.
La oposición cuestiona varios artículos, entre ellos el plazo de un año que tienen las empresas para desprenderse de las licencias que exceden el cupo que asigna el Gobierno para una misma empresa. Otro cuestionamiento es que la autoridad de aplicación que controlará las licencias estará conformado por siete integrantes, con mayoría oficialista.
Los Gobiernos que buscan regular la actividad de los medios lo hacen, en gran medida, para controlar la actividad periodísticas. Más que prensa, buscan tener medios adictos.
En la Argentina, sobran ejemplos de medios adictos al poder: tal vez un caso emblemático es el de Rudy Ulloa Igor, dueño del diario El Periódico Austral, un medio gratuito que se distribuye en Santa Cruz.
El Argentino es otro diario gratuito que se distribuye en Buenos Aires y que pertenece al empresario Sergio Spolsky, otro de los beneficiados con la publicidad oficial que reparte la Casa Rosada a cambio de no publicar notas que perturben el buen humor de los habitantes de la residencia de Olivos.
El periodismo, deben entender los gobernantes, es una de las herramientas más importantes de las democracias modernas.
En los últimos años, los gobernantes no soportaron muchas de las publicaciones de los medios, sobre todo, vinculadas a los actos de corrupción que muchas veces rozaban a los mandatarios o a sus funcionarios más cercanos.
Por eso, no es de extrañar el enojo del matrimonio Kirchner cuando se difunde en los medios el pago de sobreprecios para la construcción de gasoductos (el caso Skanska), el enriquecimiento de Néstor y Cristina Kirchner (el patrimonio aumentó casi un 700 por ciento desde que habitan la Casa Rosada).
El periodismo es, según lo había definido Horacio Verbitsky, “difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, y, por lo tanto, molestar. Criticar todo y a todos. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa”. Sólo que ahora Verbitsky cambió y es virtual vocero de los Kirchner.
La necesidad de los gobiernos de controlar a los medios de comunicación se ha vuelto casi una pandemia en América del Sur. Además del matrimonio Kirchner, que impulsa la ley de servicios audiovisuales en la Argentina, en Ecuador imitan esos pasos. En tanto, los presidentes de Bolivia y Venezuela mantienen una férrea disputa con los medios, que ponen en peligro la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa ya alertó sobre esta tendencia.
El aire intervencionista aún no llegó a Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú ni Chile.
En la Argentina, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de servicios audiovisuales y el proyecto será tratado el viernes en el Senado.
La oposición cuestiona varios artículos, entre ellos el plazo de un año que tienen las empresas para desprenderse de las licencias que exceden el cupo que asigna el Gobierno para una misma empresa. Otro cuestionamiento es que la autoridad de aplicación que controlará las licencias estará conformado por siete integrantes, con mayoría oficialista.
Los Gobiernos que buscan regular la actividad de los medios lo hacen, en gran medida, para controlar la actividad periodísticas. Más que prensa, buscan tener medios adictos.
En la Argentina, sobran ejemplos de medios adictos al poder: tal vez un caso emblemático es el de Rudy Ulloa Igor, dueño del diario El Periódico Austral, un medio gratuito que se distribuye en Santa Cruz.
El Argentino es otro diario gratuito que se distribuye en Buenos Aires y que pertenece al empresario Sergio Spolsky, otro de los beneficiados con la publicidad oficial que reparte la Casa Rosada a cambio de no publicar notas que perturben el buen humor de los habitantes de la residencia de Olivos.
El periodismo, deben entender los gobernantes, es una de las herramientas más importantes de las democracias modernas.
En los últimos años, los gobernantes no soportaron muchas de las publicaciones de los medios, sobre todo, vinculadas a los actos de corrupción que muchas veces rozaban a los mandatarios o a sus funcionarios más cercanos.
Por eso, no es de extrañar el enojo del matrimonio Kirchner cuando se difunde en los medios el pago de sobreprecios para la construcción de gasoductos (el caso Skanska), el enriquecimiento de Néstor y Cristina Kirchner (el patrimonio aumentó casi un 700 por ciento desde que habitan la Casa Rosada).
El periodismo es, según lo había definido Horacio Verbitsky, “difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, y, por lo tanto, molestar. Criticar todo y a todos. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa”. Sólo que ahora Verbitsky cambió y es virtual vocero de los Kirchner.
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