Clima de tensión en el país por la elección de mañana. Algunos temen ir a votar.
Por: Pablo Biffi
"No vote, porque si lo hace su vida estará en peligro". La frase estaba escrita en un muro blanco, el miércoles, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno de Tegucigalpa. Pero al día siguiente ya había sido tapada por una mano espesa de pintura. Sin firma y sin ningún dato que pudiera identificar a los autores, la amenaza -en un país en el que la violencia es moneda corriente- es parte de una "guerra psicológica" que se potenció en esta última semana, con el estallido de petardos y explosivos de baja potencia, y amenazas de bomba en algunos edificios.
Por el otro lado, el gobierno de facto -con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación- ha lanzado una campaña para que la gente vaya a votar sin miedo mañana, como única alternativa para poner fin a la crisis política desatada tras el golpe de Estado del 28 de junio pasado contra Manuel Zelaya.
En los últimos días ocurrieron algunos hechos que pusieron en alerta a las fuerzas de seguridad.
El lunes, en El Progreso, departamento de Yoro, 230 km al norte de la capital, la ciudad del presidente de facto Roberto Micheletti, las autoridades allanaron una casa, en donde encontraron una ametralladora M69, una escopeta, municiones, computadoras y autos robados. Días despúes, estalló un explosivo contra una de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, un día antes de que se pronunciara sobre la restitución de Zelaya. Y el jueves, una bomba tipo Molotov fue colocada en un colectivo de una línea de transporte, propiedad de Micheletti.
Y ayer hubo información, que no fue confirmada, de que en un atentado en el departamento de Santa Bárbara, en el norte del país, habían muerto tres personas y una resultó herida durante el ataque a un ómnibus. "No sabemos quiénes son los que producen estos hechos, pero tenemos indicios de que no es el Frente de la Resistencia, sino algunos militantes liberales zelayistas", dijo a Clarín una fuente policial.
Sin embargo, todo aquí hay que tomarlo con pinzas, porque desde la resistencia se sospecha que esos incidentes son montados por las fuerzas de seguridad para desprestigiar a los que se oponen al golpe y al propio Zelaya, confió a Clarín Juan Barahona, del Frente.
No sólo hay pintadas artesanales. También hay afiches sin firma con amenazas similares a la de aquel paredón blanco. A tal punto que el candidato liberal a la presidencia, Elvin Santos salió el martes -como parte de su campaña, acompañado de todos los medios- a despegar esos carteles, pegados en paredes y columnas de luz.
"Yo no sé si voy a ir a votar. Me da un poco de miedo por lo que dicen, que pueda pasar algo en los centros de votación", dice a Clarín un vendedor de un shopping de esta capital. Sus tres compañeros en cambio aseguran que irán mañana a votar. Con todo, esta capital aparece tranquila, sin una presencia militar y policial agobiante, a diferencia de lo que ocurre en el interior del país, según denuncian organizaciones sociales, ligadas a la resistencia.
Como parte de esta "guerra psicológica" y sin aportar muchas pruebas, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras denunció que el gobierno de facto gastó en el último mes 12 millones de dólares en "armarse hasta los dientes" para reprimir a los que se oponen a las elecciones, con tanquetas hidrantes y 10.000 granadas de mano lacrimógenas, 5.000 proyectiles de 37 milímetros de gas lacrimógeno, comprados en EE.UU. -según el organismo- por un valor de 930.000 dólares.
Lo que sí parece estar confirmado, aunque ninguna fuente se anima a afirmarlo públicamente, es la presencia de 800 estadounidenses que llegaron al país hace 15 días para realizar tareas de inteligencia.
Fuentes diplomáticas confiaron a Clarín que todos son latinos y están distribuidos en puntos clave del país -tratando de pasar por hondureños- para evitar actos de violencia y controlar pasos fronterizos que podrían llegar a ser conflictivos. Las sospechas, claro, apuntan a la frontera sur, con Nicaragua.
El clima es de una moderada paranoia. Tanto que desde el martes, el gobierno de facto de Micheletti ordenó la prohibición de portar armas, en un país que tiene casi 250.000 armas declaradas y otras 500.000 que circulan de manera ilegal. Tanto se desconfiba de lo que podía ocurrir en los últimos días de la campaña que cuentan que el candidato a presidente Porfirio "Pepe" Lobo, del Partido Conservador, contrató a una empresa israelí para que les brinde seguridad a él y a toda su familia.
Los más de 5.000 centros de votación estarán custodiados por 30.000 policías y militares, además de unos 5.000 "reservistas" que nadie saben bien quiénes son.
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