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domingo, 21 de marzo de 2010

Contra el país real

Editorial del Día

En la raíz de la peligrosa crisis institucional en la que se ha precipitado el país está la negativa tajante de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido a darse por enterados de los cambios políticos de los dos últimos años. Aunque su popularidad se ha evaporado, siguen comportándose como si todavía disfrutaran del apoyo entusiasta de la mayoría. Se parecen a enfermos que tratan a los médicos que los atienden como mentirosos que, por motivos perversos, insisten en decirles que su salud se ha deteriorado mucho y que por lo tanto les convendría modificar radicalmente su estilo de vida. Para ellos, la única radiografía que importa es la que se tomó el 28 de octubre de 2007, cuando Cristina se impuso con el 45,29% de los votos y se consolidaron las mayorías oficialistas en ambas cámaras del Congreso. En cuanto a la tomada el 28 de junio de 2009, la presidenta y su cónyuge hablan y actúan como si a su entender fuera de otro país, no de la Argentina, razón por la que no se sienten obligados a prestarle atención.

A Cristina le gusta señalar que hay una diferencia muy grande entre "el país real", el suyo, y el "país virtual" de la oposición legislativa, de los medios de difusión más influyentes y del 80% o más de la población que dice desaprobar su forma de gobernar. Al parecer, espera que el grueso de la ciudadanía pronto se dé cuenta de la magnitud de su error y opte por regresar al país mayormente kirchnerista de otros tiempos, pero la posibilidad de que ello ocurra es escasa. Con todo, aunque todo hace pensar que está destinado a fracasar el esfuerzo de los Kirchner por frenar la marcha del tiempo, no cabe duda de que su resistencia tenaz a adaptarse a los cambios que están registrándose está perjudicando a la oposición. Si bien nadie puede ignorar que la incapacidad evidente de los radicales, peronistas disidentes e integrantes de la Coalición Cívica para hacer valer los derechos que les dio el electorado ocho meses atrás se debe a la resistencia de la presidenta y su marido a respetar las normas democráticas, muchos la toman por un síntoma de debilidad. Dadas las circunstancias, tal juicio puede considerarse injusto, ya que la mayoría de los opositores procura reaccionar con mesura ante las provocaciones oficialistas por creer que es lo que la ciudadanía le está reclamando, pero así y todo es comprensible que se haya difundido la impresión de que la oposición se siente tan intimidada por los Kirchner que no estaría en condiciones de tomar el relevo.

Últimamente, el Poder Ejecutivo nacional se las ha arreglado para marginar al Legislativo y ha emprendido una ofensiva propagandística violenta contra el Judicial. Parecería que los Kirchner están convencidos de que podrán seguir así hasta que en la segunda mitad del año que viene culmine la campaña para elegir al próximo presidente. Si logran hacerlo, nos aguarda un año y medio más de grescas parlamentarias inconducentes y de conflictos vergonzosos entre aquellos jueces que se animen a fallar contra el gobierno y oficialistas que no vacilarán en emplear la policía para hostigar a magistrados que se nieguen a obedecerles. Aunque la mayoría abrumadora de la población entiende que en vista de las alternativas el sistema democrático es el mejor disponible, de prolongarse hasta fines del 2011 la situación así supuesta la democracia que efectivamente se da en el país no podrá sino desprestigiarse cada vez más. ¿Es lo que quieren los Kirchner? Por desgracia, abundan los motivos para suponer que sí lo es. Puesto que no les interesa intentar convivir de manera civilizada con un Congreso que ya no dominan, parecen decididos a tratarlo como una especie de asamblea pueblerina cuyas actividades son a lo sumo meramente testimoniales. Asimismo, en vista de que, para su sorpresa, muchos jueces no están dispuestos a limitarse a cohonestar todas las arbitrariedades oficiales, han elegido tratar al Poder Judicial como una corporación escandalosamente politizada acaso por suponer que, si consiguen desacreditarlo, los eventuales fallos en su contra cuando ya no cuenten con la impunidad que suele brindar el poder serán atribuidos no a la gravedad de lo que habrán hecho sino a los presuntos compromisos ideológicos de los encargados de juzgar sus actos.
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