Por Santiago Martínez (Director de la Revista Patria Grande)
La resolución del gobierno contra la empresa Fibertel parece más una represalia en la lucha (que ya parece un clásico) del Gobierno nacional contra el Grupo Clarín, que una real preocupación por ir en contra de los monopolios.
En el caso del servicio de acceso a Internet, no se trata del uso de un bien escaso, como el espectro radioeléctrico en el caso de los servicios de radio y televisión: estamos hablando de un servicio por suscripción a demanda.
Se trata de la suspensión del servicio de una empresa que viene operando sin licencia desde que en enero de 2009 el Grupo Clarín decidió disolverla. Con el fin de brindar el servicio desde Cablevisión. Tratando de pasar por encima de la normativa vigente como hacen los empresarios de este país en infinidad de oportunidades. En ese momento el gobierno no hizo uso de las herramientas regulatorias del Estado, ni en lo referido al servicio de acceso a Internet ni en lo relativo a la telefonía móvil y nuevas tecnologías.
Durante los últimos siete años de gobierno kirchnerista no hubo una política de promoción del servicio de acceso a Internet mediante banda ancha en el interior de país. Los usuarios de Jujuy, Salta, La Rioja, Río Negro o Chubut no tienen ni el mismo precio ni la misma calidad de servicio que los usuarios de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba o Rosario.
Si bien es cierto que la empresa estaba funcionando de forma irregular, también lo es que esta situación se repite en múltiples empresas y medios de comunicación, y que el gobierno no hace nada al respecto. El caso del cambio de firma de canal 9, Radio10, la FM de Radio Continental, o la usurpación del 770 del espectro por Radio Cooperativa, cuando allí funcionaba otra radio, son sólo algunos ejemplos.
Además, el gobierno podría haber hecho la denuncia ante la justicia, o aplicado multas u otras medidas que no implicaran afectar el servicio de un millón de usuarios que en 90 días no encontrarán capacidad operativa en otras empresas o cooperativas para realizar la migración. Así sólo se beneficia a otros oligopolios como lo son las telefónicas, Telefónica y Telecom, y en una instancia menor a Telmex (Claro).
EL FANTASMA DE LA CHAVIZACIÓN
Está de más decir que acá no hay ningún atentado directo contra la libertad de expresión. Se discute el caño por donde pasan los datos y no el contenido. Ni tampoco se trata de una medida aplicada en el marco de un proceso revolucionario como el que encabeza Hugo Chávez, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Es patética la actitud de la oposición de derecha que sale a defender al Grupo Clarín con mucho más énfasis que la lucha contra la impunidad, el hambre, la ausencia del Estado en materia de educación y salud o la defensa de los sectores más postergados de nuestra sociedad. Cualquier instancia que implique la ampliación de derechos populares.
Escuchar al diputado Oscar Aguad -cómplice de preservar la impunidad de la dictadura genocida, que aplicó severos planes de ajuste a fuerza de represión policial en las provincias de Córdoba y Corrientes- llamando a los jueces a responder con patriotismo, es francamente irritante.
MONOPOLIOS AMIGOS
Estamos ante un gobierno que pretende polarizar engañosamente al presentarse como el sector progresista y tildar a toda la oposición como la única aliada los grupos monopólicos. Nada más lejos de la realidad. El gobierno, durante más de cinco años, fue el principal aliado de Magnetto y el grupo Clarín. Garantizó el decreto 527/2005 que prorroga por 10 años las licencias de radio y TV. Autorizó la fusión de Multicanal y Cablevisión. Así que este gobierno lejos está de ser el adalid de la lucha contra los monopolios.
Por otro lado, este gobierno preserva monopolios y oligopolios en diversas áreas de la economía. Es el caso del aluminio con Aluar, del Acero con Techint, de los alimentos con Arcor y Danone, de las cervezas con Brahma, de los lácteos con la Serenísima y Sancor, del cemento con Loma Negra, Minetti y Cemento Avellaneda, del papel y el azúcar con Ledesma (empresa con un pasado tan o más sangriento que el de Papel Prensa, y cuyo dueño Pedro Blaquier se manifestó en recientes declaraciones muy a gusto con el actual gobierno nacional).
¿PLURALIDAD DE VOCES?
En su batalla contra el Grupo Clarín, el gobierno nacional ha utilizado las banderas de la pluralidad de voces en forma oportunista. Mientras embiste contra el Grupo, financia con publicidad oficial nuevos grupos mediáticos afines a sus intereses y hace de los medios públicos meros reproductores de propaganda gubernamental. Impiden que se reproduzcan las voces críticas que les vienen por izquierda, y desacreditan a fuerzas como Proyecto Sur y al diputado Fernando Pino Solanas, sin permitir derecho a réplica.
Sería más que interesante que la lucha contra los monopolios sea una constante y no una excepción. Que se respetara y propiciara la pluralidad de voces, la participación popular en los medios de comunicación y el acceso a nuevas tecnologías en forma amplia y popular avanzando por encima de los intereses de las corporaciones.
En el caso del servicio de acceso a Internet se debe cumplir con la ley vigente. Pero el Estado debe intervenir y garantizar igualdad tanto en precios como en acceso al servicio con calidad optima para la totalidad de los usuarios en todo el país.
La resolución del gobierno contra la empresa Fibertel parece más una represalia en la lucha (que ya parece un clásico) del Gobierno nacional contra el Grupo Clarín, que una real preocupación por ir en contra de los monopolios.
En el caso del servicio de acceso a Internet, no se trata del uso de un bien escaso, como el espectro radioeléctrico en el caso de los servicios de radio y televisión: estamos hablando de un servicio por suscripción a demanda.
Se trata de la suspensión del servicio de una empresa que viene operando sin licencia desde que en enero de 2009 el Grupo Clarín decidió disolverla. Con el fin de brindar el servicio desde Cablevisión. Tratando de pasar por encima de la normativa vigente como hacen los empresarios de este país en infinidad de oportunidades. En ese momento el gobierno no hizo uso de las herramientas regulatorias del Estado, ni en lo referido al servicio de acceso a Internet ni en lo relativo a la telefonía móvil y nuevas tecnologías.
Durante los últimos siete años de gobierno kirchnerista no hubo una política de promoción del servicio de acceso a Internet mediante banda ancha en el interior de país. Los usuarios de Jujuy, Salta, La Rioja, Río Negro o Chubut no tienen ni el mismo precio ni la misma calidad de servicio que los usuarios de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba o Rosario.
Si bien es cierto que la empresa estaba funcionando de forma irregular, también lo es que esta situación se repite en múltiples empresas y medios de comunicación, y que el gobierno no hace nada al respecto. El caso del cambio de firma de canal 9, Radio10, la FM de Radio Continental, o la usurpación del 770 del espectro por Radio Cooperativa, cuando allí funcionaba otra radio, son sólo algunos ejemplos.
Además, el gobierno podría haber hecho la denuncia ante la justicia, o aplicado multas u otras medidas que no implicaran afectar el servicio de un millón de usuarios que en 90 días no encontrarán capacidad operativa en otras empresas o cooperativas para realizar la migración. Así sólo se beneficia a otros oligopolios como lo son las telefónicas, Telefónica y Telecom, y en una instancia menor a Telmex (Claro).
EL FANTASMA DE LA CHAVIZACIÓN
Está de más decir que acá no hay ningún atentado directo contra la libertad de expresión. Se discute el caño por donde pasan los datos y no el contenido. Ni tampoco se trata de una medida aplicada en el marco de un proceso revolucionario como el que encabeza Hugo Chávez, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Es patética la actitud de la oposición de derecha que sale a defender al Grupo Clarín con mucho más énfasis que la lucha contra la impunidad, el hambre, la ausencia del Estado en materia de educación y salud o la defensa de los sectores más postergados de nuestra sociedad. Cualquier instancia que implique la ampliación de derechos populares.
Escuchar al diputado Oscar Aguad -cómplice de preservar la impunidad de la dictadura genocida, que aplicó severos planes de ajuste a fuerza de represión policial en las provincias de Córdoba y Corrientes- llamando a los jueces a responder con patriotismo, es francamente irritante.
MONOPOLIOS AMIGOS
Estamos ante un gobierno que pretende polarizar engañosamente al presentarse como el sector progresista y tildar a toda la oposición como la única aliada los grupos monopólicos. Nada más lejos de la realidad. El gobierno, durante más de cinco años, fue el principal aliado de Magnetto y el grupo Clarín. Garantizó el decreto 527/2005 que prorroga por 10 años las licencias de radio y TV. Autorizó la fusión de Multicanal y Cablevisión. Así que este gobierno lejos está de ser el adalid de la lucha contra los monopolios.
Por otro lado, este gobierno preserva monopolios y oligopolios en diversas áreas de la economía. Es el caso del aluminio con Aluar, del Acero con Techint, de los alimentos con Arcor y Danone, de las cervezas con Brahma, de los lácteos con la Serenísima y Sancor, del cemento con Loma Negra, Minetti y Cemento Avellaneda, del papel y el azúcar con Ledesma (empresa con un pasado tan o más sangriento que el de Papel Prensa, y cuyo dueño Pedro Blaquier se manifestó en recientes declaraciones muy a gusto con el actual gobierno nacional).
¿PLURALIDAD DE VOCES?
En su batalla contra el Grupo Clarín, el gobierno nacional ha utilizado las banderas de la pluralidad de voces en forma oportunista. Mientras embiste contra el Grupo, financia con publicidad oficial nuevos grupos mediáticos afines a sus intereses y hace de los medios públicos meros reproductores de propaganda gubernamental. Impiden que se reproduzcan las voces críticas que les vienen por izquierda, y desacreditan a fuerzas como Proyecto Sur y al diputado Fernando Pino Solanas, sin permitir derecho a réplica.
Sería más que interesante que la lucha contra los monopolios sea una constante y no una excepción. Que se respetara y propiciara la pluralidad de voces, la participación popular en los medios de comunicación y el acceso a nuevas tecnologías en forma amplia y popular avanzando por encima de los intereses de las corporaciones.
En el caso del servicio de acceso a Internet se debe cumplir con la ley vigente. Pero el Estado debe intervenir y garantizar igualdad tanto en precios como en acceso al servicio con calidad optima para la totalidad de los usuarios en todo el país.
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