Es porque la Cámara de Diputados modificó el estratégico Código Forestal del país. La norma otorga fuertes concesiones a las empresas que devastaron los bosques nativos. Dilma Rousseff, en Bahía, durante un acto religioso. (AFP)
Brasilia (DPA) > Menos de seis meses después de asumir el gobierno de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff sufrió su primera gran derrota parlamentaria, al aprobar la Cámara Baja modificaciones en el Código Forestal que debilitan la protección a los bosques brasileños y conceden amnistía a los responsables de deforestaciones ilegales hasta 2008.
La abrumadora mayoría de la coalición progubernamental en la Cámara Baja no impidió que el principal socio del gobierno, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), lograra aprobar hoy con 272 votos favorables una enmienda que había sido calificada por el líder de la bancada oficialista, Cándido Vaccarezza, de "una vergüenza para Brasil".
La propuesta aprobada concede amnistía a todas las deforestaciones ilegales realizadas hasta julio de 2008, y retira del gobierno federal el poder exclusivo para definir las actividades de agroganadería que pueden ser desarrolladas en las llamadas Áreas de Preservación Permanente (APP).
La fragilidad de la heterogénea coalición oficialista quedó evidente cuando el líder del PMDB, el diputado Henrique Eduardo Alves, pidió a los ministros de su partido que cesaran las presiones sobre los parlamentarios para que votaran en contra de la polémica enmienda.
"Antes que ministros, ustedes son ministros de mi partido", sostuvo Alves en un discurso que, según fuentes políticas, fue recibido con honda irritación por el gobierno. Pero las gestiones del líder fueron eficaces: de los 73 representantes del PMDB sólo uno rechazó el proyecto como deseaba el gobierno.
Según el director de la Campaña Amazonia de la organización ambientalista Greenpeace, Paulo Adario, el resultado de la jornada de votaciones que terminó esta madrugada "no podría haber sido peor".
Adario argumentó que la enmienda del PMDB agregada al texto significa "amnistiar a todos los deforestadores del pasado (hasta julio de 2008), lo que significa que los que cumplieron la ley fueron imbéciles".
La votación del Código Forestal dejó evidente el poderío de la llamada "bancada ruralista", que lucha por quitar los frenos a la expansión de la actividad agropecuaria, que en Brasil ocurre generalmente a expensas de los bosques.
Según la organización ambientalista Greenpeace, el proyecto aprobado por los diputados "incentiva la expansión sobre lo que le queda a Brasil de bosques nativos, al reducir las exigencias para que las haciendas mantengan un porcentaje de sus terrenos con la cobertura vegetal original y al debilitar la capacidad de gestión del gobierno central sobre el patrimonio ambiental brasileño".
Además, la organización sostuvo que el cambio en la legislación forestal generará "impactos negativos para la diplomacia" del país, y pone en duda la capacidad de Brasil de cumplir el compromiso de reducir sus emisiones de gases causantes del llamado efecto invernadero en hasta un 38,9 por ciento hasta 2020.
La esperanza de la mandataria de evitar estas consecuencias se trasladan a partir de hoy hacia el Senado, que en breve votará el texto.
Brasilia (DPA) > Menos de seis meses después de asumir el gobierno de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff sufrió su primera gran derrota parlamentaria, al aprobar la Cámara Baja modificaciones en el Código Forestal que debilitan la protección a los bosques brasileños y conceden amnistía a los responsables de deforestaciones ilegales hasta 2008.
La abrumadora mayoría de la coalición progubernamental en la Cámara Baja no impidió que el principal socio del gobierno, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), lograra aprobar hoy con 272 votos favorables una enmienda que había sido calificada por el líder de la bancada oficialista, Cándido Vaccarezza, de "una vergüenza para Brasil".
La propuesta aprobada concede amnistía a todas las deforestaciones ilegales realizadas hasta julio de 2008, y retira del gobierno federal el poder exclusivo para definir las actividades de agroganadería que pueden ser desarrolladas en las llamadas Áreas de Preservación Permanente (APP).
La fragilidad de la heterogénea coalición oficialista quedó evidente cuando el líder del PMDB, el diputado Henrique Eduardo Alves, pidió a los ministros de su partido que cesaran las presiones sobre los parlamentarios para que votaran en contra de la polémica enmienda.
"Antes que ministros, ustedes son ministros de mi partido", sostuvo Alves en un discurso que, según fuentes políticas, fue recibido con honda irritación por el gobierno. Pero las gestiones del líder fueron eficaces: de los 73 representantes del PMDB sólo uno rechazó el proyecto como deseaba el gobierno.
Según el director de la Campaña Amazonia de la organización ambientalista Greenpeace, Paulo Adario, el resultado de la jornada de votaciones que terminó esta madrugada "no podría haber sido peor".
Adario argumentó que la enmienda del PMDB agregada al texto significa "amnistiar a todos los deforestadores del pasado (hasta julio de 2008), lo que significa que los que cumplieron la ley fueron imbéciles".
La votación del Código Forestal dejó evidente el poderío de la llamada "bancada ruralista", que lucha por quitar los frenos a la expansión de la actividad agropecuaria, que en Brasil ocurre generalmente a expensas de los bosques.
Según la organización ambientalista Greenpeace, el proyecto aprobado por los diputados "incentiva la expansión sobre lo que le queda a Brasil de bosques nativos, al reducir las exigencias para que las haciendas mantengan un porcentaje de sus terrenos con la cobertura vegetal original y al debilitar la capacidad de gestión del gobierno central sobre el patrimonio ambiental brasileño".
Además, la organización sostuvo que el cambio en la legislación forestal generará "impactos negativos para la diplomacia" del país, y pone en duda la capacidad de Brasil de cumplir el compromiso de reducir sus emisiones de gases causantes del llamado efecto invernadero en hasta un 38,9 por ciento hasta 2020.
La esperanza de la mandataria de evitar estas consecuencias se trasladan a partir de hoy hacia el Senado, que en breve votará el texto.
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