Sindicalistas indignados

Los días en que los sindicalistas soñaban con conseguir fueros como los que tanto valoran ciertos legisladores ya pertenecen al pasado. Para consternación del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, ni siquiera pueden confiar en la protección del gobierno peronista. Por el contrario, según el comunicado furibundo que difundió la CGT el sábado pasado, el camionero y sus compañeros "sospechan" que los kirchneristas están detrás de una campaña destinada a "demonizar la actividad sindical para avanzar así sobre los derechos de los trabajadores" y, como si esto ya no fuera suficiente, insinúan que la Justicia trata con mayor benevolencia a "los narcos, los apropiadores de bebés, los que saquearon a la Argentina, los que hacen espionaje a los vecinos, los traficantes de armas, los corruptos" que a los sindicalistas que "son los únicos que van presos". 

Desde su punto vista, el que los cuatro delegados detenidos y el dirigente Rubén Sobrero, un izquierdista, hayan sido acusados de instigar la quema de trenes en la estación de Haedo, en medio de una protesta protagonizada por usuarios airados, el 2 de mayo pasado, carece de importancia: por su condición de sindicalistas, deberían ser liberados enseguida. Por fortuna el gobierno discrepa, ya que no ha vacilado en avalar la actuación del juez federal que ordenó las detenciones.

Como suele suceder toda vez que militantes o funcionarios se ven obligados a rendir cuentas ante la Justicia, los sindicalistas procesados están procurando politizar el asunto. Lo mismo que los integrantes de las demás corporaciones que dominan la vida pública nacional, dan por descontado que les está permitido cometer con impunidad delitos que, de perpetrarlos un ciudadano común, le supondrían muchos años entre rejas. Aun cuando la detención de los ferroviarios, como la de sindicalistas presuntamente involucrados en la mafia de los medicamentos, se haya debido en última instancia a las presiones de personas vinculadas con el gobierno nacional que se les oponen por motivos políticos, es claramente positivo que la Justicia no se haya dejado intimidar por la previsible reacción corporativa de la CGT. Durante demasiado tiempo los sindicalistas, encabezados por personajes como Moyano, han actuado como si se creyeran por encima de la ley, pero puede que la situación aberrante así supuesta esté por cambiar. Sería mejor que entre los procesados se encontraran algunos que estuvieran plenamente identificados con el oficialismo actualmente imperante, pero así y todo se trata de un comienzo.

Si bien no cabe duda de que ciertos kirchneristas de ideas setentistas quieren "demonizar" a quienes a su entender representan la vieja "burocracia" contra la que lucharon hace casi cuarenta años, los máximos responsables del desprestigio del sindicalismo, tanto peronista como ultraizquierdista, son los sindicalistas mismos, en especial aquellos dirigentes vitalicios que a través de los años se las han arreglado para acumular patrimonios envidiables. Con todo, aunque en principio sería beneficioso para el país que, de resultas de las maniobras de Moyano, el gobierno kirchnerista optara no sólo por separarse de la rama sindical del movimiento peronista sino también por modificar radicalmente la legislación de inspiración fascista vigente, no le sería dado concretar reformas tan drásticas sin superar antes la oposición virulenta de los comprometidos con el statu quo. En vista de que es más que probable que la economía pronto ingrese en una etapa difícil, a sindicalistas como Moyano no les faltarán pretextos para chantajear al gobierno, sobre todo si, después de las elecciones del 23 de octubre, procura tomar medidas encaminadas a frenar la inflación. Sin embargo, al dar prioridad la CGT a lo que supone es una campaña de persecución judicial, cualquier intento de apaciguarla por parte del gobierno acarrearía costos políticos sustanciales, ya que de acuerdo común sería tomado por una reafirmación de la virtual impunidad que está reclamando el camionero que, como es notorio, tiene sus propios problemas con la Justicia y por lo tanto cuenta con muchos motivos para temer que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegue a la conclusión de que, dadas las circunstancias, le convendría dejarlo caer.