El gobernador de Río Negro, Carlos Soria, presentó este lunes un proyecto de ley que declara el “estado de emergencia institucional” e incluye el pase a disponibilidad y eventual despido de empleados públicos.
La declaración de disponibilidad, que seguramente tendrá un fuerte impacto en los sindicatos de la región, será por un período de 180 días hábiles, e incluye a todo el personal de planta permanente, del Poder Ejecutivo y Legislativo, excepto la Justicia rionegrina, docentes, policías y agentes penitenciarios.
La iniciativa –enviada este lunes, día de asueto administrativo – con acuerdo general de ministros- procura establecer que la sujeción a disponibilidad “no afectará los derechos, deberes, nivel escalafonario, salarial ni las modalidades propias de la situación de revista de los agentes de planta permanente”.
Según informa la Agencia de Noticias rionegrina ADN, uno de los artículos dispone la creación de la Comisión de Transparencia en el Empleo Público, integrada por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de gremios de los sectores involucrados.
Ese cuerpo elaborará y aprobará las “estructuras organizativas y plantas de puestos de trabajo de todo el sector público”, para lo cual tendrá un plazo 90 días hábiles para la específica tarea.
El proyecto plantea que “la autoridad competente determinará cuales serán aquellos empleados respecto de los cuales se hará efectivo el pase a disponibilidad, con percepción de sus haberes y cese en la prestación de sus servicios”.
El proyecto de ley estipula el procedimiento del pase a disponibilidad, reubicación y recalificación, tras lo cual prevé que “se extinguirá el vínculo de empleo público generándose, a favor del afectado, el derecho al cobro de la correspondiente indemnización”.
También, se especifican los criterios a adoptar respecto de la cuestión indemnizatoria, los cuales “se adecuan a los parámetros normalmente utilizados en dicha materia. Respecto de esa cuestión, se especifica puntualmente el criterio a adoptar en relación a la base indemnizatoria que deberá utilizarse respecto de aquellos agentes que se hayan desempeñado como autoridades superiores”.
El artículo 6 pretende establecer que dentro de los 30 días hábiles del pase a disponibilidad, la autoridad procurará la reubicación y/o recalificación de los agentes afectados.
“Vencido el plazo indicado (30 días hábiles del pase a disponibilidad) sin que hubiera sido posible la reubicación o recalificación, se producirá la extinción del vínculo de empleo público, generándose para el afectado el derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año aniversario”, sostiene.
“En caso que el agente se hubiera desempeñado en el plazo indicado como autoridad superior, se tomará como base para la indemnización la remuneración correspondiente a su categoría de revista actual”, expresa el proyecto.
Fuente: ADN
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