SOPA congelada, frente a polémica de congresistas y sociedad norteamericana

El Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) decidió congelar de manera indefinida el debate y votación de la polémica ley de antipiratería en Internet, mejor conocida como ley SOPA (Stop Online Piracy Act), hasta tanto no se logre un consenso entre la Cámara y Senado sobre el tema y los impactos que tendría.

El debate estaba previsto para este 24 de enero, pero algunos congresistas consideran pertinentes el estudio y consideración de otras normas similares que se han presentado anteriormente.

La decisión del Congreso también se da luego que La ley fuera motivo de fuertes críticas y denuncias por parte de grupos civiles de usuarios que se oponen al rastreo de información en la Red y del contenido por el que navegan y descargan las personas.

Esta norma jurídica autorizaría al Departamento de Justicia a investigar, perseguir y desconectar a cualquier particular o empresa que pudiese ser acusada de subir material considerado ilegal dentro y fuera del país.

De ser aprobada, los sitios web hallados culpables podrían recibir sanciones, entre ellas la imposibilidad ofrecer o negociar pautas publicitarias a otros portales, y también serían eliminados de los resultados de búsqueda de servicios a través de portales como Google y Yahoo.

Un comunicado oficial de Washington reseñó que están totalmente de acuerdo con que las industrias de cine, música, juegos y otros, deben protegerse de la piratería, pero agregan que ello no significaba pasar a llevar los derechos del resto.

Ante ello, horas antes de esta decisión, el republicano Lamar Smith, promotor de la Ley, anunció que propondrá retirar la posibilidad de bloquear el acceso a los sitios sospechosos de vulnerar la propiedad intelectual.

Desde que se hizo público el proyecto en octubre de 2011, ha surgido una reacción contraria por parte de los defensores de la libertad de Internet y compañías de Internet como Google, Facebook, Yahoo, eBay, Twitter, LinkedIn y Mozilla.

Estas compañías firmaron una carta en la que denunciaron que presionar a los proveedores de acceso para monitorizar la actividad de sus clientes, puede suponer una grave invasión de la privacidad.

(con información de Telesur y Agencias)