Los aspectos turbios, cruces y amenazas del caso Aigo

Horas después del allanamiento en su casa, el jefe comunal Juan Carlos Fernández denunció haber recibido llamados telefónicos intimidantes. Otras acusaciones y raros sucesos.

En la noche del jueves, el intendente de San Martín los Andes y su actual esposa, Carmen Manson, quedaron perplejos al recibir una comunicación anónima realizada desde un teléfono público -según el aparato identificador de llamadas-, en la que un sujeto dijo que le matarían a un hijo.

El hecho también formará parte de la causa y será investigado con el objetivo de determinar su veracidad y procedencia. Las intimidaciones fueron directas y se relacionarían con la causa en la que está involucrado su hijo.

Cabe recordar que Juan Marco Fernaández denunció una "estrategia colectiva" ligada a la Policía, los fiscales y el Ministerio de Coordinación de Gabinete y Seguridad, a través del abogado de la querella, cuyo objetivo sería "desvincularse de la incompetencia de no poder hallar a los responsables del crimen", ofreciendo en su persona "un chivo expiatorio para calmar la angustia colectiva y la particular de la familia Aigo..."

En tanto, desde la fiscalía piden que se continúe investigando al joven, por lo que en las próximas horas podría haber novedades respecto de su situación procesal.

Por otro lado fue denunciado un trato al menos "no muy cordial" en el marco de un allanamiento vinculado a la causa y realizado en la seccional Yuco del Parque Nacional Lanín. Antes del crimen, cabe recordar que el grupo de Juan Marcos, Cortez Torres y "el chino" hicieron una parada en Yuco, donde debían levantar a un pasajero proveniente de Chile, que nunca llegó.

Allí, uno de los trabajadores fue sometido a un interrogatorio de tono ideológico, que hizo recordar a los momentos de la represión y el terrorismo de estado. El último dato en esta extraña trama tiene por protagonistas a los propios periodistas que siguen el caso. Ayer se les comunicó que, por decisión del juez Cosentino, estarán impedidos de permanecer en el edificio de tribunales una vez finalizado el horario de atención al público. Al parecer, la presencia de trabajadores de prensa en el área pública del edificio entorpece la labor de los investigadores en sus respectivos despachos.