El gobierno de Mariano Rajoy decidió por decreto poner en manos del oficialismo la designación del presidente de Radio Televisión Española (RTVE), que hasta ahora se elegía por dos tercios de los diputados del Parlamento.
Esta condición permitía que los legisladores de los diferentes partidos se pusieran de acuerdo y concertaran el nombre del titular de la corporación. La medida generó un fuerte debate porque implica la intromisión directa del partido gobernante en un organismo que hasta ahora tenía autonomía política y era respetado por la población.
Después de la reunión de Gabinete de ayer, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que la elección de este puesto clave ya no necesitará de una mayoría calificada en Congreso de los Diputados, sino que bastará con una mayoría absoluta. De esta manera el Partido Popular – ahora en el gobierno – podrá hacer uso de su superioridad numérica en la Cámara Baja para determinar la autoridad máxima de RTVE.
Con este decreto Rajoy desarma la reforma que en 2006 aprobó su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para separar a la televisión pública española del partido de gobierno . Sáenz de Santamaría justificó el cambio en los “graves” problemas de gestión y en “la necesidad de desbloquear los nombramientos”.
A lo que se refiere la funcionaria es que desde hace varias semanas los legisladores del oficialismo y la oposición mantienen trabado el tema ya que no se ponen de acuerdo en el nombre del próximo presidente del multimedio. Esto, a su vez, impide que el organismo apruebe su presupuesto, un tema candente en este momento de crisis en España.
En el marco de las medidas de austeridad que viene tomando, el gobierno quiere reducir en 203 millones de euros el presupuesto de la corporación mediática para el 2012.
RTVE cuenta con cinco canales de televisión, cinco estaciones de radio y 6.400 empleados.
Su presupuesto en 2011 fue de 1.200 millones de euros, una cifra que para la administración de Rajoy resulta inadmisible frente a las carencias que tiene el país y a su elevado déficit. Por eso piensan reducir drásticamente los gastos, así como la plantilla de directivos y asesores.
Pero el tema adquirió mayor polémica porque se produjo en un clima de tensión ya que los dirigentes del conservador Partido Popular vienen atacando duramente a la cadena televisiva estatal y, sobre todo, a sus informativos, a los que califican de “sectarios” por los cuestionamientos y críticas que suelen hacer a los ajustes aplicados por Rajoy.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, salió a cuestionar la medida y a poner en duda los argumentos oficiales. Calificó de “golpe institucional” del Gobierno el cambio de método para nombrar al presidente de RTVE, y dijo que esto pone “fin a la televisión plural”. El secretario general de Organización del partido, Oscar López, sostuvo por su parte que “es algo sencillamente intolerable y un gravísimo deterioro de la calidad democrática” en el país.
Dentro de este esquema de reducción de gastos, el gobierno también aprobó otro proyecto de ley que resulta controvertido. Se trata de una iniciativa que permite a las Comunidades Autónomas – también en crisis – decidir por su cuenta si mantienen una televisión pública en su región o privatizan el servicio.
