Desde hace siglos, autoritarios de distinto tipo están librando una
guerra ideológica contra la libertad de expresión, tratándola como una
ilusión perversa, ya que según ellos todos, en especial aquellas
personas que se afirman independientes, están al servicio de alguno que
otro interés económico, político o religioso.
Es sobre la base de la
tesis así supuesta que los kirchneristas han emprendido una campaña no
sólo propagandística sino también económica a favor de lo que llaman el
"periodismo militante" y en contra de los medios que se niegan a
someterse a su tutela. (Leer en más información)
Era de prever, pues, que tarde o temprano la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comprometida como está con la
noción de que casi todos sus problemas se deben a la maldad
periodística, aprovecharía una vez más la cadena nacional de radio y
televisión para opinar que "necesitamos una ley de ética periodística"
que, entre otras cosas, obligaría a quienes escriben en los medios a
revelar "de qué empresas reciben dinero".
Aunque Cristina trató de
diferenciarse de los menemistas que en su momento habían propuesto algo
muy similar, aclarando que los periodistas mismos deberían redactar
dicha "ley", habló con la intención indisimulada de desacreditar a un
comentarista bien conocido del Grupo Clarín, Marcelo Bonelli, por una
nota sobre los problemas de gestión de YPF, ya que, "desde el año 2008
un familiar suyo, su mujer, y un socio recibían por año 240.000 pesos en
concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos". Dicho de
otro modo, en opinión de la presidenta, Bonelli no es un periodista
auténtico sino un lobbista a sueldo porque su esposa ha trabajado para
una empresa que, andando el tiempo, sería fuente de muchos hechos de
interés público.
En principio, el planteo de Cristina tiene sus méritos. Sería con
toda seguridad positivo que, como ya es habitual en algunos países,
"quienes son por allí estrellas" nos informaran si reciben pagos, que
pudieron incidir en sus puntos de vista, de empresas, fundaciones u
organizaciones políticas o religiosas. En la mayoría de los casos no se
trata de los vínculos "inconfesables" que fueron anatematizados por la
presidenta ya que, lejos de intentar ocultar lo que se proponen, los
empresarios y otros que invierten en el ámbito mediático quieren
publicitar sus productos o llamar la atención a su compromiso con
idearios determinados.
Asimismo, si la presidenta se siente preocupada
por la presunta falta de transparencia del periodismo nacional, podría
pedir a todos los medios, incluyendo, desde luego, a los "militantes",
que nos digan cuál es la proporción de sus ingresos que procede del
Estado nacional para que, a los lectores, radioescuchas o televidentes,
les sea más fácil distinguir entre propaganda oficialista comprada y
opiniones relativamente independientes.
Parecería que, conforme a la teoría de Cristina, en última
instancia todo depende del dinero, pero hay que distinguir entre el
aportado por el sector privado por un lado y, por el otro, el público, o
sea, por todos los contribuyentes. Además de contar con el apoyo es de
suponer interesado de muchos de los empresarios privados más ricos del
país, los kirchneristas no han vacilado en apropiarse de los recursos
del Estado a fin de crear su propio imperio periodístico que, además de
la cadena nacional y canales televisivos públicos, incluye una cantidad
notable de medios supuestamente independientes que, sin los millones de
dólares que reciben del gobierno, no tardarían en caer en bancarrota.
De
regir una "ley de ética periodística", formal o informal, como la
propuesta por Cristina, muchos "militantes" oficialistas se verían
obligados a cambiar de categoría por tratarse no de periodistas sino de
funcionarios, cuando no de operadores políticos, que se limitan a actuar
como voceros de la facción gobernante.
En cuanto a los criticados, "con
nombre y apellido", por la presidenta, les convendría brindar una
explicación de su relación con distintos grupos empresariales, aunque
sólo fuera para disipar la nube de sospechas que personajes de
mentalidad autoritaria están esforzándose por generar con miras a
desprestigiar no sólo al Grupo Clarín sino a todos aquellos medios
periodísticos que, a pesar de las tentaciones económicas y las
presiones, siguen siendo reacios a subordinarse al "proyecto" de
Cristina.
