La muerte de Brian Hernández, de 14 años, como consecuencia de un disparo efectuado por el oficial de policía Claudio Salas, repercutió fuertemente en el gobierno neuquino, y trajo inmediatamente a escena, pese a las diferencias obvias, lo que fue el caso Fuentealba y su incidencia en el entonces gobierno de Jorge Sobisch.
El tema preocupó desde lo político, y el gobierno de Jorge Sapag movió sus piezas tratando de atenuar el perjuicio que -con justicia o sin ella- podía recibir en función de la actuación policial y sus implicancias.
Lo primero que hizo, el mismo miércoles, fue hacer aparecer a funcionarios policiales y del gobierno en una conferencia de prensa en donde se intentó dar todas las explicaciones sobre lo sucedido en esa madrugada aciaga del barrio San Lorenzo, y enfatizar que se ponía todo a disposición de la Justicia, para el total esclarecimiento de lo sucedido.
Pero fue este viernes donde se percibió la atención gubernamental.
El ministro Gabriel Gastaminza se reunió con la madre de la víctima. Antes, se había anunciado una marcha en reclamo de justicia, que se llevaría a cabo en las calles Godoy y Dr. Ramón. Esa marcha fue desactivada después del encuentro.
La madre de Brian salió por radio a hacer declaraciones junto al ministro. Fue muy evidente la atención política puesta sobre el caso.
El gobierno había percibido que el fantasma del caso Fuentealba se reflotaba rápidamente, y el concepto de “gatillo fácil” y “policía asesina” resonaba a través de algunas organizaciones.
El mismo día, se difundió profusamente las declaraciones en sede judicial del imputado en la causa, el oficial Claudio Salas.
El policía admitió haber disparado, y adujo que lo hizo ante la presunción de que había un riesgo, con la exhibición de un arma de fuego desde el automóvil sospechado, para la seguridad propia y del resto de los policías que intervinieron en el operativo.
