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NEUQUÉN (AN).- A casi exactamente un año de su promulgación el Ejecutivo provincial reglamentó la ley 2785 de "Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar". La norma, que actualiza la ley 2212, no sólo introduce cambios en las herramientas de denuncia, sino que establece políticas públicas integrales para abordar la problemática.
Desde su promulgación, el 13 de enero de 2012, legisladores y organizaciones sociales y de género se manifestaron para solicitar que se agilice la reglamentación de la ley, así como de la 2786, de Protección de Mujeres Víctimas de Violencia. (Ampliar en más información)
El decreto del Ejecutivo fue publicado el 18 de enero en el Boletín Oficial y reglamenta 23 artículos de la norma sancionada el 24 de noviembre de 2011 por la Legislatura. María Angélica Riquelme, integrante del Servicio de Violencia Familiar lo destacó como un paso necesario, aunque aclaró: "es necesario que se ponga en vigencia y que se destinen los recursos en toda la provincia. Es la tarea más urgente de acá al 2013".
La reglamentación brinda herramientas operativas para la aplicación de la norma, como la creación de una Comisión Interinstitucional encargada de elaborar el protocolo único de actuación para evitar la revictimización y multiintervención en las víctimas de violencia. La Comisión estará integrada por un representante de cada ministerio con incumbencia en la materia y un representante de la Policía de Neuquén, e invitará a participar a dos representantes del Poder Judicial. En los protocolos judiciales, queda prohibida la realización de audiencias conjuntas, que generaban nuevos espacios de revictimización.
En materia de políticas públicas, se estableció la elaboración de informes semestrales de cada área detallando la utilización del protocolo, las dificultades detectadas, propuestas y estadísticas. Anualmente la autoridad de aplicación elaborará un informe de gestión y, cada dos años, una evaluación "cualitativa" de su aplicación. Asimismo, desde el ministerio de Salud se deberá impulsar la aplicación de un registro de personas asistidas por situaciones de violencia familiar. Tanto en los currículos de los Institutos de Formación Docente como en los planes de formación de las fuerzas policiales provinciales se deberán incorporar contenidos que capaciten sobre violencia familiar y de género. Y complementariamente, la secretaría de Gestión Pública y Contrataciones deberá impulsar campañas de difusión y concientización sobre la problemática.
