Es increíble que por más de 20 años se haya mirado hacia otro lado, y por más que leyes y fallos judiciales les dieran la razón, nunca se ha hecho efectivo la entrega del 10% de acciones de YPF. Varios beneficiarios han muerto en el camino, hoy sus hijos levantan las banderas del histórico reclamo.Allá por 1989 comenzó esta historia, donde la reforma del Estado sancionada ese año determinaba que los trabajadores de las empresas a privatizar eran los dueños del 10% del paquete accionario denominado Programa de Propiedad Participada (PPP).
Luego se transforma a YPF Sociedad del Estado en Sociedad Anónima y se dispone que el 10% de las acciones clase “C” corresponderían a los trabajadores.
El 11 de julio de 1997 se dicta el Decreto 628 donde se aprueba la cancelación y autoriza la venta y transferencias de acciones a quienes resultaran compradores de las mismas. En este año ya eran mas de 30 mil los agentes despedidos de la empresa, quienes inician acciones judiciales. Cobraron los agentes que estaban en actividad sumas entre 80 mil pesos a 120 mil pesos, cuando aún era el tiempo del 1 a 1 o sea que las sumas eran igual a dólares.
En el año 2003 se reglamentan varios aspectos relativos a las indemnizaciones establecidas en la Ley 25.471, ofreciendo el cobro de $20 mil, condicionando la aceptación de su cobro a que desistieran de las acciones judiciales en trámites y a iniciar nuevos juicios
Posteriormente en el 2004, el ex presidente Néstor Kirchner firma un decreto que ofrece a los ex ypfianos la suma de 24 mil pesos o bonos en las mismas condiciones, donde todo aquel que aceptara cobrar debía renunciar a sus derechos.
En enero de 1999, las acciones clase “C” pertenecientes a los ex trabajadores, y por lo tanto nominativas, fueron compradas por el Estado Nacional y luego vendidas a Repsol a precio de remate, sin el mandato de los ex agentes de YPF. Delito gravísimo que fuera señalado por la propia bolsa de valores a YPF-Repsol, quien se llevó el 14,99 % de las acciones que todavía quedaban en manos de los trabajadores y el Estado Argentino.
En 2011 el juez Valentinuzzi, del Juzgado de Bell Ville, de la provincia de Córdoba, ordenó a YPF Repsol y al Estado Nacional suspender las ventas de las acciones de YPF SA, hasta tanto se resuelva la demanda iniciada por mas de 25 mil ex trabajadores.
En 2012, mediante la resolución registrada el día 14 de mayo de 2012 al Tomo I Folio 80/4 del Libro de Sentencias del Juzgado de Primera instancia del Trabajo del Distrito Judicial Norte a cargo de la señora Juez Edith Miriam Cristiano, se decretó la indisponibilidad de los fondos que pudiera percibir Repsol hasta hacerse el pago de los reclamantes ex trabajadores y librar Oficio de Ley 22.172 para notificar al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la intervención de YPF S.A. Esto no se cumplió y se pagó a Repsol con los bonos que se aprobaron en el Congreso de la Nación muy rápidamente.
Lamentablemente las leyes y decretos referidos anteriormente no resolvieron, ni cumplimentaron los derechos pertenecientes a los ex trabajadores, sino que quedaron como simples enunciados nunca plasmados en la realidad.
Cabe señalar, que la privatización de YPF fue impulsada por la entonces diputada por la provincia de Santa Cruz, Cristina Fernández, hoy presidente de Argentina, y aprobada en la sesión del 17/09/92 en la Legislatura provincial.
Referencias:
LEY Nº 23.696: Reforma de Estado sancionada en el año 1989 y determinaba que los trabajadores de las empresas a privatizar eran los dueños del 10 % del paquete accionario denominado Programa de Propiedad Participada (PPP).
LEY 24.145: Transformó a YPF Sociedad del Estado en Sociedad Anónima y dispuso en el art.8 que el 10 % de las acciones clase “C” correspondía a los trabajadores.
DECRETO Nº 628 DEL 11 DE JULIO DE 1997: se aprueba la cancelación y autorizó la venta y transferencias de acciones a quienes resultaran compradores de las mismas. En este año ya eran mas de 30 mil los agentes despedidos de la empresa, e inician acciones judiciales. Cobraron los agentes que estaban en actividad sumas entre 80 mil pesos a 120 mil pesos ,era el tiempo del 1 a 1 o sea que las sumas eran igual a dólares.
LEY 25.471: aclara el alcance del art. 8 de la Ley 24.145, vetada por el presidente Fernando de la Rúa.
DECRETO 1077/03: reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones establecidas en la Ley 25.471. Ofrece el cobro de $ 20 mil, condicionando la aceptación de su cobro a que desistieran de las acciones judiciales en trámites y a iniciar nuevos juicios. (En la actualidad siguen enviando cartas desde el Ministerio de Economía de la Nación)
DECRETO 821/04: El ex presidente Néstor Kirchner firmó este decreto que ofrecía los ex ypfianos la suma de 24 mil pesos o bonos en las mismas condiciones, que todo aquel que aceptara cobrar debía renunciar a sus derechos.
Lo mas grave:Enero 1999: Las acciones clase “C” pertenecientes a los ex trabajadores y por lo tanto nominativas fue comprada por el Estado Nacional y luego vendidas a Repsol a precio de remate. Sin el mandato de los ex agentes de YPF. Delito gravísimo que fuera señalado por la propia bolsa de valores a YPF S.A. REPSOL se llevó el 14,99 % de las acciones que todavía quedaban en manos de los trabajadores y el estado argentino.
FEBRERO/2011: Juzgado de Bell Ville de la provincia de Córdoba a cargo del Dr. Valentinuzzi ordenó a YPF REPSOL y al Estado Nacional suspender las ventas de las acciones de YPF SA, hasta tanto se resuelva la demanda iniciada por mas de 25 mil ex trabajadores.
MAYO/2012: Mediante la Resolución registrada el día 14 de mayo de 2012 al Tomo I Folio 80/4 del Libro de Sentencias del Juzgado de Primera instancia del Trabajo del Distrito Judicial Norte a cargo de la señora Juez Edith Miriam Cristiano decretó la indisponibilidad de los fondos que pudiera percibir Repsol hasta hacerse el pago de los reclamantes ex trabajadores y librar Oficio de Ley 22.172 para notificar al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la intervención de YPF S.A.
Lamentablemente las leyes y decretos referidos anteriormente no resolvieron, ni cumplimentaron los derechos pertenecientes a los ex trabajadores, sino que quedaron como simples enunciados nunca plasmados en la realidad.
Fuente: Juan Giménez, hijo de un ex trabajador Ypefiano.
