La subsecretaria de Familia, Niñez y Adolescencia, Encarnación Lozano, se mostró sorprendida por la reacción de referentes de organizaciones civiles que integran el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf), quienes habían denunciado irregularidades en la aplicación de la ley 2302 y la falta de representantes en el órgano del Ministerio de Educación.
“Me sorprendió por todas las actividades que realizamos en conjunto durante estos años y por el diálogo que siempre prevaleció desde el Ministerio (de Desarrollo Social). Por eso, nos reuniremos esta tarde (por ayer) con ellos para aunar criterios y seguir adelante”, sostuvo Lozano.
En paralelo, negó que no se hubiera designado un representante por el Ministerio de Educación dentro del Consejo, como se había denunciado.
“Quizás no haya concurrido a todas las sesiones pero cada ministerio aportó su representante. Y en el caso de que no hubiera asistido, se recibió el requerimiento y siempre se ha emitido una respuesta”, indicó la funcionaria.
El grupo de representantes de asociaciones civiles había planteado que no quería ser “cómplices” de diversas situaciones que estaban afectando la contención de niños.
Se trata de parte de los participantes habituales en el Consejo que atiende las problemáticas a las que da respuesta la Ley 2302, que establece una serie de protocolos de resguardo para la infancia.
Lozano se refirió a la precariedad laboral que también se había objetado entre los empleados del ministerio, encargados de trabajar en los programas de atención a la niñez. Manifestó que se estaba regularizando la condición laboral de ellos y que, de hecho, unos 740 empleados tendrán un incremento salarial a finales de año.
