Al afirmarse a favor de habilitar "el consumo de todo", el funcionario dio a entender que a su juicio la adicción debería ser tratada como un problema exclusivamente médico, lo que, en opinión de los que están a favor de la descriminalización del uso personal de drogas peligrosas, privaría a los narcotraficantes de lo que, para ellos, es un negocio fabulosamente lucrativo. En vista de los estragos enormes que han provocado tales delincuentes y la gravedad de la amenaza que plantean a países tan corruptos como el nuestro, es innegablemente atractiva la idea de que haya a mano una solución tan sencilla como la reivindicada por Molina, con el aval del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que está impulsando un proyecto de ley destinado a instrumentarla pero, como muchos han señalado, la permisividad extrema también entrañaría riesgos. Al fin y al cabo, la lucha contra la drogadicción y quienes la explotan en beneficio propio, con consecuencias terribles para sociedades enteras, se basa en mucho más que prejuicios supuestamente anticuados o en las presiones del gobierno estadounidense. Puede que algunas drogas sean tan inocuas como dicen sus partidarios, pero otras no lo son en absoluto. Algunas, luego de incidir de manera muy negativa en la salud física y mental de los consumidores o, si se prefiere, pacientes, terminan matándolos.
Aunque es claramente necesario que haya un debate exhaustivo en torno a un tema tan importante como el planteado por los resultados nada alentadores de la lucha contra el narcotráfico que está librándose en todos los países y que en México ha dado lugar a una virtual guerra civil con más de cien mil muertos, también lo es tratarlo con sumo cuidado, ya que proponer legitimar "el consumo de todo", como acaba de hacer Molina, puede tomarse por una forma de estimular la drogadicción. Por cierto, de difundirse la impresión de que, para el gobierno nacional, consumir drogas es en el fondo una decisión personal y por lo tanto un derecho, de suerte que no hay motivos para perseguir a los adictos, muchos que hasta ahora se han resistido a hacerlo por miedo no sólo a los efectos médicos sino también a las previstas repercusiones legales, podrían caer en la tentación de comprar estupefacientes cada vez más fuertes, lo que sería desastroso en cualquier sociedad, sobre todo en una con servicios de contención y tratamiento precarios.
Legalizar el consumo "de todo" sin banalizar la drogadicción parece imposible. Si no hay límites formales, sería difícil impedir que surgieran empresas dedicadas a la producción y venta, la publicidad mediante, tanto de marihuana como de cocaína, heroína, paco y otras sustancias. Suponer que advertirles a los consumidores en potencia de los peligros personales que correrían sería suficiente como para disuadirlos, sería cuando menos ingenuo. También lo sería apostar a que vender drogas que podrían resultar letales en farmacias o centros médicos las desprestigiarían a ojos de los interesados en adquirirlas. Asimismo, de convertirse la Argentina en uno de los escasos países en que el consumo de hasta las sustancias más destructivas sea oficialmente tolerado, no tardaría en erigirse en un centro mundial de una industria contra la que otros están combatiendo con todos los medios a su disposición. En algunos países asiáticos, la posesión de una cantidad pequeña de droga para uso personal es castigada con la pena capital, mientras que desde hace décadas las autoridades de Estados Unidos hacen de la guerra contra el narcotráfico uno de los ejes de su política exterior. Tienen razón los que dicen que, si no fuera por la demanda al parecer insaciable de los norteamericanos por drogas adictivas, los problemas planteados por los cárteles de América Latina y de distintas partes de Asia serían menos angustiantes, pero, mal que nos pese, se trata de una realidad que el gobierno kirchnerista, que ya afronta una multitud de dificultades que no le será dado superar, tendrá que tomar en cuenta.
Aunque es claramente necesario que haya un debate exhaustivo en torno a un tema tan importante como el planteado por los resultados nada alentadores de la lucha contra el narcotráfico que está librándose en todos los países y que en México ha dado lugar a una virtual guerra civil con más de cien mil muertos, también lo es tratarlo con sumo cuidado, ya que proponer legitimar "el consumo de todo", como acaba de hacer Molina, puede tomarse por una forma de estimular la drogadicción. Por cierto, de difundirse la impresión de que, para el gobierno nacional, consumir drogas es en el fondo una decisión personal y por lo tanto un derecho, de suerte que no hay motivos para perseguir a los adictos, muchos que hasta ahora se han resistido a hacerlo por miedo no sólo a los efectos médicos sino también a las previstas repercusiones legales, podrían caer en la tentación de comprar estupefacientes cada vez más fuertes, lo que sería desastroso en cualquier sociedad, sobre todo en una con servicios de contención y tratamiento precarios.
Legalizar el consumo "de todo" sin banalizar la drogadicción parece imposible. Si no hay límites formales, sería difícil impedir que surgieran empresas dedicadas a la producción y venta, la publicidad mediante, tanto de marihuana como de cocaína, heroína, paco y otras sustancias. Suponer que advertirles a los consumidores en potencia de los peligros personales que correrían sería suficiente como para disuadirlos, sería cuando menos ingenuo. También lo sería apostar a que vender drogas que podrían resultar letales en farmacias o centros médicos las desprestigiarían a ojos de los interesados en adquirirlas. Asimismo, de convertirse la Argentina en uno de los escasos países en que el consumo de hasta las sustancias más destructivas sea oficialmente tolerado, no tardaría en erigirse en un centro mundial de una industria contra la que otros están combatiendo con todos los medios a su disposición. En algunos países asiáticos, la posesión de una cantidad pequeña de droga para uso personal es castigada con la pena capital, mientras que desde hace décadas las autoridades de Estados Unidos hacen de la guerra contra el narcotráfico uno de los ejes de su política exterior. Tienen razón los que dicen que, si no fuera por la demanda al parecer insaciable de los norteamericanos por drogas adictivas, los problemas planteados por los cárteles de América Latina y de distintas partes de Asia serían menos angustiantes, pero, mal que nos pese, se trata de una realidad que el gobierno kirchnerista, que ya afronta una multitud de dificultades que no le será dado superar, tendrá que tomar en cuenta.
