No se trata de un problema menor. Según Juan Luis Bour, economista sénior de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), el empleo público consolidado (Estado nacional, organismos autónomos, provincias y municipios) era de 2,18 millones de agentes en el 2002. A partir del 2003 subió fuertemente hasta alcanzar los 3,65 millones en el 2014. Este crecimiento arroja una tasa de incremento del 67% en los últimos 12 años. Por otra parte, el proyecto de ley de presupuesto del 2015 contempla nada menos que la incorporación de 13.251 nuevos empleados en la administración nacional.
La ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (25164) -sancionada el 15 de septiembre de 1999, cuando se encaró una primera reforma del Estado- establece la forma en que la administración pública debe contratar al personal. Señala que la idoneidad para el cargo "se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública". Añade que estos procedimientos de selección deberán hacerse respetando los principios de transparencia, publicidad y mérito y que los convenios colectivos de trabajo del personal estatal deberán prever los mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación.
En la práctica estos procedimientos no se respetan. La mayoría de las nuevas contrataciones en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se ha hecho en forma discrecional, sin respetar la obligación legal de convocar los concursos de mérito de la ley 25164. De este modo se han incorporado miles de militantes, familiares y amigos del poder, en especial de simpatizantes de las agrupaciones Unidos y Organizados, La Cámpora, Kolina y Movimiento Evita. Excepcionalmente, en algunos estamentos, como en el Poder Judicial, se han efectuado concursos pero con escasas garantías de imparcialidad.
La paradoja es que si bien la ley establece un sistema objetivo de selección, que colocaría en situación irregular a todos los empleados que no han accedido por la vía prevista, luego los convenios o estatutos establecen que el personal transitorio pasa a planta permanente transcurrido un período de tiempo que suele ser de quince meses. Si se aplicaran estas disposiciones, resultaría imposible prescindir de este personal que accedió a la función pública de manera irregular.
El único modo de regularizar esta situación consistiría en poner en comisión a todos los designados irregularmente y llamar a concurso para cubrir esos puestos (admitiendo que puedan concursar también los cesados). A estos efectos bastaría una ley del Congreso y la declaración de que se pretende neutralizar lo que técnicamente se denomina un "fraude de ley", es decir una maniobra para evitar la aplicación de una ley. De este modo se evitaría que luego la Justicia echara abajo las destituciones.
Una medida tan radical -que generaría enorme resistencia de los afectados- debería ser pactada entre las fuerzas políticas de la oposición. También tendría que ir acompañada de un pacto solemne en virtud del cual los partidos se comprometieran a que todas las designaciones futuras deban hacerse siguiendo los procedimientos legales estatuidos. Se podría establecer también el número de altos cargos políticos de libre designación que conformarían el gobierno político y que cesarían cuando las elecciones dieran lugar a un cambio de gobierno.
Actualmente, en la mayoría de las democracias modernas se promueve una administración pública profesional, basada en el principio de imparcialidad y autonomía en la aplicación de los procedimientos reglados. La estabilidad es una medida para ponerlos a salvo de influencias políticas, pero la condición necesaria para que se respete su autonomía es que el procedimiento de designación haya sido imparcial y objetivo. De este modo la relación de empleo público, basada en el mérito, la profesionalidad, la independencia y la experticia de los funcionarios, adquiere una consistencia especial y contribuye al prestigio de los servidores públicos.
La modernización y eficacia del Estado pasan por jerarquizar la labor de los funcionarios públicos. La administración pública adquiere mayor legitimidad cuando hace un uso racional y eficiente de los recursos que los ciudadanos, a través de los impuestos, ponen a su disposición. El Estado debe ofrecer la evidencia de que hace un uso adecuado de los cuantiosos recursos que sustrae al aparato productivo privado si quiere ganarse el respeto de los ciudadanos. Definitivamente, debemos evitar que la política parasite al Estado.
ALEARDO F. LARÍA
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