Pese a contar con un presupuesto multimillonario y tener un récord en la cantidad de trabajadores, el PAMI sigue exhibiendo irregularidades crónicas en el servicio que presta. Esperas de meses para acceder a un turno, en algunos casos las cirugías pueden tardar años en realizarse y los empleados viven una especie de "estado policíaco" en el que sólo vale el deseo de una persona, el interventor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: Luciano Di Cesare.
En sólo siete años, desde que Di Cesare asumió como director ejecutivo del PAMI en 2007, el organismo prácticamente duplicó la cantidad de empleados, entre los de planta permanente y los contratados. Pasó de tener 10.700 a poco más de 20.000.
Durante las últimas dos semanas, LA NACION dialogó con 30 personas, entre empleados, ex funcionarios y sindicalistas del organismo -la mayoría pidió mantener en reserva su identidad para evitar represalias-, y la conclusión del estado del organismo, que tiene el sexto presupuesto más importante del país, es preocupante: más dinero y empleados no se traducen en mejores servicios para los 4,5 millones de afiliados del PAMI, la mayor obra social del país. Si bien habilitó a suministrar información para esta nota, Di Cesare prefirió no hablar con LA NACION.
"Las prestaciones no son buenas ni suficientes; bajó su calidad, al igual que el resto del sistema de salud", dijo a LA NACION la legisladora porteña por Confianza Pública Graciela Ocaña, que fue titular del organismo entre 2004 y 2007.
ESTRUCTURA
Se trata de una estructura elefantiásica. De 10.700 a 20.000 empleados; ése fue el crecimiento que tuvo el PAMI durante la actual gestión.
"La gran mayoría son cargos políticos. Di Cesare metió en el PAMI a la política", contó a LA NACION una fuente que trabajó en el organismo durante casi tres décadas.
"Hay cada vez más gente, pero por ejemplo no hay asistentes sociales y los médicos no alcanzan. El PAMI intervenido es un negocio fenomenal. Sin controles hacen lo que se les canta. La normalización es un paso fundamental", alertó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.
Semino se refirió a uno de los nudos centrales de las anomalías del PAMI: la intervención. Fue por decreto de Kirchner y tenía un plazo 180 días; ya lleva casi 11 años.
"Di Cesare fue desplazando al personal de carrera por trabajadores sin experiencia; es su forma para controlar todo", explicó una de las personas que camina a diario por el PAMI.
En su gestión, Ocaña avanzó con la depuración del organismo. Así fue que tras casi tres años en el PAMI se fue con una planta de 10.700 empleados. Hoy, se sumaron más de 3000; el resto son contratados.
Pese al pedido de LA NACION, el organismo no informó las razones para duplicar los empleados.
PRESUPUESTO
El crecimiento del presupuesto fue impresionante. De $ 6.797.400.000 en 2007, pasó a administrar este año unos $ 45.000.000.000. Lo que representa, detrás del gobierno nacional, la Anses, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, el sexto presupuesto más abultado del país.
Pese a la bonanza económica, el PAMI arrastra problemas desde hace años. Entre ellos, usuarios y trabajadores de la obra social destacan la asistencia económica a las cuentas públicas; la falta de regularización de los balances; la discrecionalidad en los pagos; la pérdida de ahorros producidos por el incremento de empleados de algunas áreas de especial interés para Di Cesare, como la informática; demoras en los pagos a los prestadores con la consecuente repercusión en la calidad del servicio, entre otras cuestiones.
Por estos desmanejos, algunos advierten que el Instituto podría necesitar asistencia económica.
"Lo que observamos no son sólo dificultades, sino también atrasos para acceder a la información. Además verificamos que no obstante las quejas de los beneficiarios en cuanto a la calidad de las prestaciones, el Instituto ostenta excedentes colocados a plazo fijo", sostuvo Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Este año, la AGN detectó una serie de irregularidades en el programa Pro-Bienestar, mediante el cual se le entregan bolsas con alimentos a jubilados en situación de pobreza. Desde el organismo que lidera Despouy aseguraron que muchas compras de alimentos se hicieron en forma directa y denunciaron que faltan facturas para evitar el doble pago.
Di Cesare también discontinuó el Fondo de Garantías Prestacional, destinado a garantizar las prestaciones en caso de crisis y que llegó a acumular en 2007 cerca de $ 4500 millones. En parte estos fondos se utilizaron para prestarle dinero fresco al gobierno nacional a cambio de Letra del Tesoro (LETE). Según estimó una fuente que conoce en detalle las operaciones, "a junio de 2012 el PAMI ya habría prestado unos $ 2.300.000.000".
PRESTACIONES
Se trata del corazón del organismo. La atención a sus afiliados es su razón de ser. Según las fuentes consultadas por LA NACION, entre las principales deficiencias aparecen la falta de cercanía de las prestaciones; falta de calidad; no hay suficientes camas para internación; un inadecuado sistema de contrataciones; geriátricos y establecimientos de salud mental que no cumplen requisitos, y falta de médicos y centros de atención.
"La situación es grave, todo el sistema prestacional es un caos", describió Semino que, pese a la crítica inicial, destacó el servicio que ofrece el PAMI en comparación con las obras sociales.
Según un comunicado que el organismo envió a LA NACION, a través del PAMI el Estado cubre directamente al 70% del total de la población mayor de 64 años y al 98,7% de los mayores de 80 años. Del total de afiliados, el 94,2% utilizó el organismo en el último año. Hoy, según explicaron desde el organismo, 2.000.000 de afiliados cuentan con una cobertura al 100% en sus medicamento; mientras que en 2004 sólo 9000 tenían esta cobertura.
Pero los números oficiales no conforman a Semino: "No se trabaja desde la integralidad. El sistema de salud está en una crisis brutal"..
