Quede claro que nada tiene Argentina en contra de los habitantes británicos de las Islas Malvinas, mucho menos, una “actitud despectiva”. Sin embargo, ello no puede erigir a los habitantes británicos en las Islas en titulares de un pretendido derecho a la libre determinación.
Lamento que en su artículo del 7 de diciembre mi colega británico, el embajador Ross Denny, tergiverse hechos históricos para disimular la usurpación cometida por el Reino Unido el 3 de enero de 1833, la cual ha sido objeto de continuas protestas de Argentina y continúa generando la más amplia solidaridad internacional.
En lugar de tratar de falsear hechos históricos que ya ha admitido y cuyas consecuencias también conoce, el Reino Unido debería honrar el llamado de las Naciones Unidas, la OEA (Organización de Estados Americanos) y otros foros internacionales, de encontrar una solución a la disputa de soberanía y reanudar de inmediato las negociaciones con Argentina respecto de la Cuestión Malvinas, a fin de encontrar una solución justa y definitiva a esa controversia. ¿Por qué se niega el Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía que inició con Argentina en 1966 y durante las cuales discutiéramos diversas fórmulas de solución? Si pudo negociar con una Argentina en épocas de sus peores dictaduras, ¿cómo no hacerlo con una Argentina democrática?
Nada dice el artículo de los múltiples actos realizados por los gobiernos argentinos a partir de 1810, demostrativos de su soberanía sobre las Islas como herederos de España. El hecho de fuerza de 1833 desalojó a las autoridades y población argentina que allí residían pacífica y públicamente, a las cuales se reemplazó con población trasplantada desde la metrópoli. Tampoco se mencionan los 32 gobernadores españoles destacados a las Islas entre 1774 y 1811. Invito al embajador Denny a leer la placa en la plaza Murillo que recoge la sentencia en la cual las autoridades españolas dispusieron que las Malvinas fueran el presidio de los rebeldes que se sublevaron en Chuquisaca y La Paz, en 1809.
Quede claro que nada tiene Argentina en contra de los habitantes británicos de las Islas Malvinas, mucho menos, una “actitud despectiva”. Existe un compromiso en defensa de sus intereses y modo de vida al más alto nivel institucional consagrado en la Constitución Nacional. Sin embargo, ello no puede erigir a los habitantes británicos en las Islas Malvinas en titulares de un pretendido derecho a la libre determinación.
Así fue establecido por las resoluciones de la Asamblea General y su Comité de Descolonización. No existe un “pueblo” colonizado sujeto a la dominación extranjera sino un territorio ilegalmente ocupado en detrimento de la integridad territorial de Argentina. Esto fue ratificado por las Naciones Unidas en 1965 cuando la Asamblea General adoptó la célebre Resolución 2065 (XX) que descartó la aplicación de la libre determinación al caso. En 1985 la Asamblea General votó en contra de dos propuestas británicas que insistían en este principio.
El carácter trasplantado de los habitantes de las islas a través de un control migratorio cerrado y poco transparente tiene el único objetivo de mantener la ocupación ilegal de las islas. El Reino Unido promueve la inmigración de población británica, de sus colonias, excolonias o miembros del Commonwealth (conjunto de naciones que comparten lazos históricos con el Reino Unido, Nota del editor) principalmente a través de dos herramientas como son su política de enajenación de tierras y el llamado “Falkland Status” al que alude el embajador Denny. Este último es concedido directamente por un colega suyo del Foreign Office, el “gobernador” colonial que representa a la Corona británica en las islas. Es este funcionario colonial quien concede esta categoría que permite residir, votar y hasta ser electo para cargos públicos. Todo ello hace que, en la práctica, el 90% de los habitantes sea de nacionalidad británica, miembros del Commonwealth o territorios dependientes del Reino Unido.
De allí el carácter también viciado de todo argumento fundado en la votación unilateralmente convocada por el Reino Unido y que, descripta como “referéndum”, solo procuró que sus propios súbditos en las Islas confirmen el carácter británico de la colonización. Pretender erigir a los ciudadanos de una de las dos partes en la disputa en una suerte de “árbitro” resulta una verdadera afrenta al derecho de los pueblos a la libre determinación. Sorprende que el Reino Unido se jacte del resultado de un alegado “referéndum” que ameritó expresiones concretas de rechazo de numerosos países y de foros regionales incluyendo el Mercosur, la Unasur, el Alba, y cuyo previsible resultado no modifica la naturaleza colonial del caso ni puede poner fin a la disputa. Las Naciones Unidas jamás se pronunciaron al respecto; por el contrario, han continuado llamando a sus dos únicas partes a reanudar las negociaciones.
También es falso afirmar que la razón por la cual ha habido una presencia militar británica en Malvinas responde a los sucesos de 1982. Desde 1833 siempre el Reino Unido ha desplegado tropas en las Islas antes, durante y posteriormente a 1982, considerándolas una base para el control militar de todo el Atlántico Sur, decisión hecha pública en 2004. Sobre la naturaleza “puramente defensiva” que declara, ningún observador sensato de la realidad política y militar del área podría argumentar seriamente que Argentina constituye una amenaza militar. Es la militarización británica la que constituye una amenaza a la seguridad de la región.
Debe rechazarse toda afirmación sobre un supuesto “retiro” argentino de la cooperación con el Reino Unido en temáticas del Atlántico Sur. El persistente accionar unilateral británico, violatorio de lo dispuesto por las Naciones Unidas y los entendimientos provisorios adoptados por ambos países bajo fórmula de soberanía, impidió continuar con la cooperación bilateral y llevó al Gobierno argentino a protestar y denunciar ante la comunidad internacional cada uno de tales actos, y plantear reiteradamente al Reino Unido la necesidad de analizar el estado de situación resultado del accionar descripto, incluida la revisión de algunos de los entendimientos y, cuando no fuese posible, darlos por terminados.
Los vuelos chárter, a los que hace referencia el Embajador británico, nunca estuvieron sujetos a acuerdo alguno. Nada menciona mi distinguido colega sobre las gestiones argentinas para reanudar, en 1999, el vuelo de LAN Chile a esa parte del territorio argentino, cuyo establecimiento fue luego recogido en un entendimiento con el Reino Unido, bajo fórmula de soberanía; tampoco se refiere a las reiteradas propuestas argentinas de revisar la situación de las comunicaciones aéreas entre la Argentina continental y las Islas. Solo me permito recordar que, en 2012, el Gobierno argentino propuso al Reino Unido retomar los intercambios en la materia, así como revisar el mandato de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur.
En este contexto, Argentina ha venido adoptando las medidas en el ámbito de su jurisdicción interna para proteger los recursos renovables y no renovables que el Reino Unido procura explotar. Dichas medidas han sido tomadas por Argentina en ejercicio de sus derechos soberanos y de conformidad con el derecho internacional. Además del respaldo explícito de nuestra región, incluidos los ministros de Energía de América Latina y el Caribe en la Olade (Organización Latinoamericana de Energía), los miembros del G77 y China así lo han reconocido.
Argentina está genuinamente comprometida en avanzar del modo que la comunidad internacional nos ha fijado a las dos partes en la disputa de soberanía para encontrarle solución y aguarda que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones internacionales.
