La Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres exigió "que se frenen las matanzas indiscriminadas y sistemáticas de pumas en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, organizadas por los diferentes poderes ejecutivos sin estudio de impacto ambiental ni nada que acredite de manera ecológica esas acciones".
La red Ractes, que deliberó en Mendoza a mediados de octubre, dio a conocer su manifiesto al término del 8º Encuentro de la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres. En él analizó la situación de los traficantes, de la Justicia, de las direcciones de Fauna, de los cotos de caza, de los centros de rehabilitación de fauna incautada, de los monumentos naturales nacionales y de los grandes felinos.
Afirmó la Ractes que "el comercio de fauna silvestre continúa vigente en la Argentina" al amparo de internet y especialmente de Facebook, red social "que se ha transformado en cómplice de ilegalidades" sobre el tema, al desplazarse de los puestos de venta callejeros a los comerciantes. Como la ley de Fauna es vieja, no contempla como delito la venta on line, lo que se suma a "la falta de control de las direcciones de fauna en esos medios y el hecho de que Facebook no tiene un representante en el país con quien podamos hablar directamente".
Cuestionó la falta de conocimiento suficiente de la problemática en jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, señalando que "deben comprender que el comercio de fauna, es una actividad que atenta contra el patrimonio nacional y contra la biodiversidad, que tiene implicancias económicas, sociales, ecológicas, sanitarias y de bienestar animal, y que el comercio ilegal de fauna utiliza los mismos canales e implica en muchos casos a las mismas personas que trafican drogas, armas o personas", a la vez que "evade impuestos, falsifica, adultera documentación y soborna autoridades".
En cuanto a Fauna, indicó que las direcciones provinciales trabajan en forma desconectada y que son inspectores honorarios u ONG las que se ocupan del tema.
Ractes pidió prohibir la habilitación de nuevos cotos de caza en el país –como lo ordena una ley presentada en el Congreso– por considerarlos responsables de "ofrecer animales en peligro de extinción puertas adentro", de ser "fuente de contaminación por plomo en el ambiente" y de "dispersión de especies exóticas invasoras", como ciervos y jabalíes.
Pidieron que cada provincia tenga instalaciones para recibir fauna incautada, y que se reglamenten las leyes que declaran monumentos naturales nacionales a especies autóctonas, prohibiendo su caza.
