Como en un cuento que nunca termina, la amenaza de la erradicación de la villa Rodrigo Bueno de la Costanera Sur vuelve al centro de la escena. Hace algunas semanas funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron a los delegados del barrio para proponerles que abandonen el lugar donde viven hace más de treinta años e hicieron promesas de un nuevo destino. El motivo de la propuesta, explicaron, es que el Gobierno de la Ciudad necesita reactivar un mega desarrollo inmobiliario en la ex Ciudad deportiva de Boca Jrs., un terreno propiedad de la empresa IRSA que está separado de Rodrigo Bueno por un canal del río.
La empresa de Eduardo Elsztain pretende montar allí Solares de Santa María, un barrio cerrado bautizado como “La Dubai Argentina”, cuya realización, entre muchos otros impactos para la ciudad, requiere aumentar la profundidad del canal, incluirá 11 torres de 50 pisos y un sector de amarras de lujo. Para ello quieren inundar los terrenos actuales de la villa Rodrigo Bueno y, por ende, deben erradicar a los vecinos antes de convertir sus calles en una vía navegable para lanchas y yates.
Tal es el interés del Gobierno porque este negocio se lleve adelante que el propio Horacio Rodríguez Larreta, días después del encuentro con los delegados del IVC, y a pedido de los delegados, visitó el barrio para llevar una propuesta.
Larreta les ofreció a los vecinos una línea de subsidios de la Ciudad siempre que acepten la construcción de Solares de Santa María, un proyecto largamente resistido por los vecinos y organizaciones del barrio.
Al encontrar que los vecinos no estaban dispuestos a ceder ante la erradicación, Larreta hizo otro ofrecimiento: que se queden con una línea de subsidios de la Ciudad, siempre que acepten la construcción de Solares de Santa María, un proyecto largamente resistido por los vecinos y organizaciones del barrio, que se encuentra frenado desde 2012 en la Legislatura porteña, luego de un trámite escandaloso.
El proyecto de Santa María, como se llamaría el barrio cerrado, fue frenado en varias oportunidades en la legislatura porteña. La última, en noviembre del 2012, por la intervención directa de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando varios funcionarios kirchneristas sostenían que había que aprobar el emprendimiento por “orden de la presidenta”, un grupo de legisladores le envió el detalle con lo que entendían era un escándalo. “En el mismo momento de nuestro voto, haga o no la empresa lo que dice que va a hacer, tendrá una plusvalía de 500 millones de dólares”. La presidenta respondió inmediatamente. “No voten eso, es una locura”.
Ahora, el Gobierno intenta mostrar la urbanización de la Rodrigo Bueno como la primera del PRO y vestir de un nuevo carácter “social” a la gestión de Larreta, aunque el funcionario ha hecho declaraciones en contra de invertir en las villas. Por eso se entiende que es un intento por destrabar un gran negocio, antes que llevar ciudadanía a más habitantes. Un complejo entramado que tiene como protagonista a la empresa IRSA, que hace años viene digitando los destinos del suelo urbano con múltiples vínculos con el gobierno. “Sabemos que si no fuera por IRSA, nosotros corremos la misma suerte que el resto de los asentamientos de la Ciudad”, reconoce Luis Espinoza, delegado del barrio. Para pensar la urbanización, los vecinos armaron una Mesa participativa de la que forman parte, además de los vecinos, la Defensoría del pueblo de la Ciudad, organismos de derechos humanos y organizaciones del territorio. (ver Informe sobre urbanización de Rodrigo Bueno en Tercera Posición)
Una ciudad a pedir de IRSA
A esta altura, decir que no existe una planificación urbana integral en la ciudad, sino que los destinos del suelo y la construcción están digitados por el mercado inmobiliario, es casi de perogrullo. Sin embargo, la trama de quiénes son aquellos que manejan las prioridades del planeamiento para desarrollar negocios que tienen a la ciudad como objeto y sostén, todavía tiene mucho por develar. IRSA es quizás, quién más define sobre política urbana de la capital porteña.
IRSA es la empresa de bienes raíces más importante de la Argentina y Eduardo Elsztain su accionista mayoritario. Elsztain es también dueño de los principales shoppings (Alto Palermo, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, BA Design, DOT, Arcos y el Abasto), de hoteles de lujo como el Llao Llao, Intercontiental y Sheraton, de una gran cantidad de edificios y de la mayor parte de Puerto Madero. Es vicepresidente del Banco Hipotecario, controla la agropecuaria Cresud S.A. y es Tesorero del Consejo Mundial Judío, por nombrar algunos de sus títulos.
Todo esto convierte a Elsztain es uno de los hombres más ricos del país, con una fortuna que ronda los 4 mil millones de dólares. Es además el mayor terrateniente en la Argentina, con 768.336 hectáreas. Un gran emprendimiento agrícola-ganadero de su empresa es en la Provincia de Salta, donde Nuestras Voces reveló el vínculo con un campo declarado por Mauricio Macri en el Departamento Rivadavia de esa provinci. El campo de Elsztain recibió 20 millones de dólares de crédito del Banco Ciudad.
Pero esta no es la única conexión de Cambiemos con el empresario. En su primer gobierno, Mauricio Macri designó a un gerente de IRSA al frente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Se trata de Roberto Apelbaum quien tuvo que renunciar a los dos años luego de transferir la mayor parte de las atribuciones del organismo a la Corporación Buenos Aires Sur y tras largas acusaciones de inacción frente al derecho a la vivienda, de subejecución de partidas y de tráfico de influencias por favorecer a IRSA.
La familiaridad continúa. Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del actual Jefe de Gobierno porteño, fue Gerente de Relaciones Institucionales de la misma empresa, luego funcionario del gobierno de Macri, hasta que dejó su cargo para dedicarse de lleno a la campaña de su hermano el año pasado. Hoy, Augusto forma parte de la mesa chica de María Eugenia Vidal. Por su parte, el actual ministro de Modernización de la ciudad (ex Ministerio de Desarrollo Económico), Andy Freire, también viene del equipo de Elsztain. Fundaron juntos la organización Endeavor con otro viejo socio y beneficiado del marcrismo, el hombre de Mc.Donald’s Woods Staton.
Acuerdos comerciales con el actual Presidente y vínculos con áreas claves para el mercado inmobiliario como el Banco Hipotecario, el IVC y el ministerio de Desarrollo Económico le han permitido a Elsztain influir de manera directa sobre las políticas de la ciudad. Sobre todo le permitieron hacerse de terrenos públicos a precios irrisorios o conseguir cambios de zonificación para modificar el planeamiento urbano y desarrollar sus negocios.
Un ejemplo es la instalación del Shopping Abasto en un viejo mercado que es caso de estudio acerca de cómo el negocio inmobiliario transforma por completo la dinámica urbana, su identidad y su cultura. Otro más reciente es la compra del Edificio del Plata, en pleno centro porteño por el cual IRSA pagó 68 millones de dólares, mucho menos que su valor comercial. El emblemático edificio había sido puesto en venta por iniciativa del PRO en una sesión legislativa donde se “deshizo” de otra cantidad de bienes públicos.
El Gobierno del PRO también le posibilitó a Elsztain la construcción del Distrito Arcos sin estudios de impacto ambiental y sin permiso para ese uso. Un shopping que también fue construido sobre terrenos públicos, en este caso pertenecientes al Estado Nacional y terminó abriendo por orden judicial luego de que el macrismo acelerara las medidas necesarias. Actualmente IRSA presiona por obtener el cambio de zonificación de un predio en Caballito para construir allí otro shopping de 70 mil m2. Lo hace mediante un proyecto que el PRO impulsa en la Legislatura porteña y que vecinos, comerciantes y organizaciones del barrio pelean por impedir, dadas las consecuencias económicas, ambientales y culturales que tendría para el barrio.
Actualmente IRSA presiona por obtener el cambio de zonificación de un predio en Caballito para construir allí otro shopping de 70 mil m2.
Se podrían seguir enumerando ejemplos, pero el mecanismo es siempre el mismo: el grupo adquiere un terreno a menor valor y presiona para que el Estado tome medidas que le permitan extraer de allí ganancias extraordinarias. Dadas las fuertes vinculaciones entre el empresario y el gobierno, éste último pone en marcha el aparato estatal para otorgar los permisos necesarios, pero las ganancias nunca vuelven al Estado. Mucho menos a sus contribuyentes.
La “Dubai argentina”
El plan más ambicioso de reforma urbana de la empresa IRSA es la construcción de un barrio cerrado sobre un predio de más de 70 hectáreas en la Costanera Sur, de las cuales por lo menos 50 serán inaccesibles al público. Para ello recibió el impulso del PRO quien en 2011 presentó un proyecto de ley que incluye la modificación del Código de Planeamiento Urbano y la aprobación de un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y Solares de Santa María S.A (del grupo IRSA) para la construcción de un nuevo barrio que llevaría ese nombre. Para ello la ciudad haría una gran cantidad de concesiones a la empresa a cambio de nada. El proyecto fue frenado en la Legislatura por el enorme impacto social y ambiental que genera en beneficio de una empresa privada. Ahora el actual gobierno busca reactivarlo.
Lo llaman “La Dubai argentina”, en alusión a la ostentosa ciudad construida por magnates petroleros en el emirato árabe. La versión criolla contempla la construcción de torres de 50 pisos y otras edificaciones más pequeñas, un lago para embarcaciones con canales de acceso al Río de la Plata y hasta una zona privada de pesca. De concretarse, sería el primer barrio con áreas restringidas, al estilo de los country bonaerenses, en un distrito que hasta el momento sólo tiene calles de libre circulación. Se impacta directamente sobre el ambiente al habilitar canales de acceso al río y autorizar obras en el canal de la Reserva Ecológica, las cuales incluyen la colocación de compuertas que elevan el nivel del agua. En síntesis, un barrio totalmente ajeno a las características edilicias de la Ciudad de Buenos Aires, destinado a extraer ganancias extraordinarias con fuertes consecuencias para la dinámica urbana.
Los terrenos donde se construiría este barrio cerrado fueron cedidos en 1964, por el entonces presidente Illia, al Club Boca Jrs. para construir allí una ciudad deportiva. Por decisión del Congreso Nacional pasaron a formar parte del patrimonio del club en 1989 y, luego de un largo derrotero, el grupo IRSA los compra en 1997 por 50,8 millones de pesos (equivalentes a dólares en ese momento). Una suma irrisoria para una parcela de ese tamaño, frente al río y a sólo 15 minutos de la Plaza de Mayo.
Desde entonces, el proyecto Santa María fue cambiando de forma y pasando por distintas instancias de negociación hasta que, como afirma la investigadora de CONICET Ivana Socoloff, con la llegada de la administración macrista a la ciudad el proyecto cobró nuevo impulso. “Las prácticas de colonización empresaria y los vínculos personales existentes entre los empresarios y los funcionarios macristas debieron jugar un rol importante en dicho impulso”. Esto se tradujo en la elaboración de un informe favorable de la Subsecretaría de Planeamiento y en el mencionado convenio enviado a la Legislatura en el año 2011.
Las dos personas que se presentaron para defender el proyecto en la Legislatura fueron el subsecretario de Planeamiento Urbano y el propio Elsztain dando muestra de la íntima conexión entre el Ejecutivo porteño y el grupo IRSA. La presencia de un empresario defendiendo sus intereses particulares en el parlamento porteño, con el aval del ejecutivo local, constituyó un hecho inédito para ese cuerpo. (El presidente de IRSA fue a la Legislatura a defender la Dubai de Costanera Sur). Sin embargo, en una sesión a la que asistieron vecinos y organizaciones del barrio para defender su derecho a vivir en la ciudad, la norma no alcanzó el consenso necesario, por lo que fue retirada del orden del día.
Aprobar el proyecto de Solares de Santa María, tal como fue presentado por IRSA, significa profundizar un modelo de ciudad que vulnera y expulsa a los sectores populares. Por otra parte, IRSA pagó por este predio 50 millones de dólares y recibirá ganancias por más de mil, gracias a operaciones realizadas por el Estado. Este es el comportamiento especulativo del mercado inmobiliario que genera una enorme plusvalía urbana que no retribuida de ninguna forma y tiene serias consecuencias para la justicia espacial. El Estado desarrolla infraestructura, autoriza nuevos usos o densidades de construcción y con ello permite al propietario generar mayores niveles de renta del suelo. Sin embargo, no se apropia de un solo peso de esa diferencia y tampoco existe una contraprestación proporcionada para los habitantes.
Foto: Nacho Yuchark
