El Consejo de la Magistratura ha sido uno de los escenarios donde el kirchnerismo libró muchas de sus más duras batallas por obtener el control de la Justicia.
El jueves, con el voto unánime de 11 de sus miembros presentes, el Consejo aprobó la iniciativa de un grupo de organizaciones de la sociedad civil en favor de una exhaustiva auditoría de los jugados federales que investigan delitos contra la administración pública. Un relevamiento sobre qué han hecho y qué están haciendo los jueces que deben castigar la corrupción. Pocas medidas despertaron mayor expectativa –y preocupación– en la Justicia.
Dos días antes, durante la reunión de gabinete del martes, el presidente Macri había instruido al ministro de Justicia Germán Garavano para un seguimiento sobre el vertiginoso ritmo que tomaron las causas por corrupción que involucran a funcionarios del último gobierno después de años de parálisis, sujeción y temor. Garavano lo hizo público ese mismo día: “El presidente mencionó la necesidad de que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto. La sociedad está esperando respuestas”.
El gobierno aspira a que la indagación sobre la tarea de la Justicia federal en los largos años del kirchnerismo –jueces, camaristas, miembros de tribunales orales– despeje el camino hacia el juicio y remoción de aquellos que habrían sido funcionales a la impunidad. Desde la fantasmal aparición de José López con su carga millonaria en dólares no alcanzan las bocas en el gobierno para ponerles nombres: los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y el camarista Eduardo Freiler –de la muy cuestionada sala I del tribunal que integra Jorge Ballestero y que acaba de abandonar el subrogante Eduardo Farah, miembro también de la sala II– están entre los más mencionados.
Suena demasiado simple. Como no sea que el objetivo del gobierno apunte a lograr renuncias espontáneas –una alternativa, si bien buscada, poco probable– una auditoría de la Justicia federal enfrenta dificultades varias.
La tarea que se impuso el Consejo abarca la investigación sobre el desempeño de los jueces desde 1996 en adelante. Allí aseguran que, si bien administra y ejecuta los recursos del Poder Judicial, y pese a que cuenta con un cuerpo de auditores propio –su jefe es Pedro Meydac– el Consejo carece de presupuesto para una tarea semejante. Un relevamiento de las causas tramitadas por un solo juzgado podría demandar un año. “Y además, ¿qué se supone que vamos a hacer en los juzgados? ¿Revisar carpeta por carpeta?”, se preguntó uno de los miembros del organismo.
¿Un placebo? Tal vez esto explique la unanimidad del voto, que incluyó el de tres integrantes alineados con las estrategias del kirchnerismo. Ese sector de cinco consejeros incluye a Héctor Recalde, titular del bloque de diputados del FpV, y es la llave para la apertura de cualquier sumario: se necesita del voto de los dos tercios del cuerpo para enjuiciar a un juez. Recalde, quien se retiró del plenario antes del voto, dijo ayer a Río Negro: “Una cosa es revisar los números y otra el contenido del expediente. Esta es una decisión que puede poner en riesgo la independencia del Poder Judicial”.
En algunos despachos de Comodoro Py la iniciativa fue bien recibida: se asegura que una auditoría de esta naturaleza ya fue propiciada en trabajos académicos recientes de uno de los camaristas de Casación. También se la considera como una jugada inteligente para administrar la fuerte presión social contra la impunidad de los delitos por corrupción desde la aparición furtiva de López. Con todo, advierten que cualquier tarea, para obtener resultados, debería ponerse en práctica sin demora. Ya hay mucha gente barriendo debajo de la alfombra.
El gobierno también buscó avanzar esta semana en un acuerdo con la oposición en el Congreso para la reforma del Ministerio Público Fiscal. El principal obstáculo parecía superado en la noche del lunes, cuando en una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de la que participó el ministro Garavano, se habló de fijar en cinco años, con la posibilidad de una renovación, el mandato de procurador. El proyecto sin embargo no pudo ser tratado y se postergó para después del receso: al acuerdo con la oposición le precede una fuerte interna en Cambiemos sobre la situación de Alejandra Gils Carbó. Lilita Carrió empuja la apertura de un juicio político contra la procuradora, mientras que el radicalismo –también Garavano– procura un acuerdo para que abandone su cargo, que es vitalicio, en marzo.
Sin agenda definida, en el kirchnerismo se decía ayer que CFK viajó a Buenos Aires para notificarse personalmente de su situación procesal por la venta de dólar futuro. Se cuestiona que la hubiera sometido a esa exigencia Claudio Bonadio, uno de los más controvertidos jueces federales y quien más firmemente ha avanzado en las investigaciones sobre el enriquecimiento de la ex presidenta. Bonadio suma decenas de causas en el Consejo de la Magistratura, pacientemente cosechadas en sus 20 años de trayectoria.
Dos días antes, durante la reunión de gabinete del martes, el presidente Macri había instruido al ministro de Justicia Germán Garavano para un seguimiento sobre el vertiginoso ritmo que tomaron las causas por corrupción que involucran a funcionarios del último gobierno después de años de parálisis, sujeción y temor. Garavano lo hizo público ese mismo día: “El presidente mencionó la necesidad de que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto. La sociedad está esperando respuestas”.
El gobierno aspira a que la indagación sobre la tarea de la Justicia federal en los largos años del kirchnerismo –jueces, camaristas, miembros de tribunales orales– despeje el camino hacia el juicio y remoción de aquellos que habrían sido funcionales a la impunidad. Desde la fantasmal aparición de José López con su carga millonaria en dólares no alcanzan las bocas en el gobierno para ponerles nombres: los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y el camarista Eduardo Freiler –de la muy cuestionada sala I del tribunal que integra Jorge Ballestero y que acaba de abandonar el subrogante Eduardo Farah, miembro también de la sala II– están entre los más mencionados.
Suena demasiado simple. Como no sea que el objetivo del gobierno apunte a lograr renuncias espontáneas –una alternativa, si bien buscada, poco probable– una auditoría de la Justicia federal enfrenta dificultades varias.
La tarea que se impuso el Consejo abarca la investigación sobre el desempeño de los jueces desde 1996 en adelante. Allí aseguran que, si bien administra y ejecuta los recursos del Poder Judicial, y pese a que cuenta con un cuerpo de auditores propio –su jefe es Pedro Meydac– el Consejo carece de presupuesto para una tarea semejante. Un relevamiento de las causas tramitadas por un solo juzgado podría demandar un año. “Y además, ¿qué se supone que vamos a hacer en los juzgados? ¿Revisar carpeta por carpeta?”, se preguntó uno de los miembros del organismo.
¿Un placebo? Tal vez esto explique la unanimidad del voto, que incluyó el de tres integrantes alineados con las estrategias del kirchnerismo. Ese sector de cinco consejeros incluye a Héctor Recalde, titular del bloque de diputados del FpV, y es la llave para la apertura de cualquier sumario: se necesita del voto de los dos tercios del cuerpo para enjuiciar a un juez. Recalde, quien se retiró del plenario antes del voto, dijo ayer a Río Negro: “Una cosa es revisar los números y otra el contenido del expediente. Esta es una decisión que puede poner en riesgo la independencia del Poder Judicial”.
En algunos despachos de Comodoro Py la iniciativa fue bien recibida: se asegura que una auditoría de esta naturaleza ya fue propiciada en trabajos académicos recientes de uno de los camaristas de Casación. También se la considera como una jugada inteligente para administrar la fuerte presión social contra la impunidad de los delitos por corrupción desde la aparición furtiva de López. Con todo, advierten que cualquier tarea, para obtener resultados, debería ponerse en práctica sin demora. Ya hay mucha gente barriendo debajo de la alfombra.
El gobierno también buscó avanzar esta semana en un acuerdo con la oposición en el Congreso para la reforma del Ministerio Público Fiscal. El principal obstáculo parecía superado en la noche del lunes, cuando en una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de la que participó el ministro Garavano, se habló de fijar en cinco años, con la posibilidad de una renovación, el mandato de procurador. El proyecto sin embargo no pudo ser tratado y se postergó para después del receso: al acuerdo con la oposición le precede una fuerte interna en Cambiemos sobre la situación de Alejandra Gils Carbó. Lilita Carrió empuja la apertura de un juicio político contra la procuradora, mientras que el radicalismo –también Garavano– procura un acuerdo para que abandone su cargo, que es vitalicio, en marzo.
Sin agenda definida, en el kirchnerismo se decía ayer que CFK viajó a Buenos Aires para notificarse personalmente de su situación procesal por la venta de dólar futuro. Se cuestiona que la hubiera sometido a esa exigencia Claudio Bonadio, uno de los más controvertidos jueces federales y quien más firmemente ha avanzado en las investigaciones sobre el enriquecimiento de la ex presidenta. Bonadio suma decenas de causas en el Consejo de la Magistratura, pacientemente cosechadas en sus 20 años de trayectoria.
