Archivan denuncia contra Madres por supuesto financiamiento electoral
El fiscal Jorge Di Lello desestimó la denuncia que el apoderado Sergio Schoklender realizó durante su visita a los diputados opositores en el Congreso. Sostuvo que las pruebas presentadas son inconducentes.
Schoklender utilizó su paso por el Congreso para apuntar contra las Madres. (NOTICIAS ARGENTINAS)
De todas formas, el representante del ministerio público pidió medidas para determinar quién pagó los afiches de candidatos oficialistas.
Buenos Aires (NA/Télam) El fiscal federal Jorge Di Lello archivó ayer la denuncia electoral contra las Madres de Plaza de Mayo por supuesto financiamiento a la campaña política del kirchnerismo, aunque pidió medidas para determinar quién y con qué fondos se pagaron esos afiches para candidatos oficialistas.
La denuncia se había iniciado luego de los dichos del ex apoderado de la Fundación de las Madres Sergio Schoklender, quien aseguró que la entidad que dirige Hebe de Bonafini aportó un millón y medio de pesos a la campañas políticas en la Ciudad del ministro de Economía, Amado Boudou, y del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.
Denuncia en el Congreso
El ex apoderado de las Madres, investigado por presunto desvío de fondos públicos de la entidad destinados a la construcción de viviendas sociales, hizo su denuncia la semana pasada ante un grupo de diputados opositores que lo llevaron al Congreso.
Aprovechando ese ámbito dijo que las Madres financiaron gastos de campaña de Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de economía Amado Boudou y el subsecretario de obras públicas, Abel Fatala, que estuvieron nominados como precandidatos a jefe y subjefe de gobierno porteño, pagando afiches y folletería.
Fuera de término
En su dictamen, Di Lello consideró que las Madres no cometieron delito electoral porque las impresiones se realizaron fuera de los plazos previstos para una campaña y que los documentos que entregó Schoklender no aportan información concreta para iniciar una causa.
El fiscal sostuvo además que los remitos de impresión de folletería y afiches llevados por Schoklender al juez Oyarbide no contienen montos, no identifican lugares de entrega y muchos de ellos son manuscritos.
Di Lello pidió además al juez federal Norberto Oyarbide que determine si de la documentación que secuestró en la Fundación semanas atrás constan detalles de las actividades, presupuesto y contabilización de las operaciones “relacionadas con quienes fueron los que habrían encargado tales trabajos, asimismo, las modalidades de recepción, entrega y cobro de aquellos”.
Administración infiel
Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró que, lo que se está investigando en la causa sobre presuntas irregularidades en la Fundación Sueños Compartidos, es “una administración infiel” dado que se trata de lo que se hizo con el dinero “puertas para adentro”.
“Acá se está discutiendo una administración infiel que el juez deberá evaluarla y, si las cosas son como dicen, habrá una administración infiel y tendrán que sancionar a los responsables por ese tema”, aseveró.
Insistió con que “no es un tema que esté del lado del Estado porque ni hay funcionarios (involucrados) ni dinero por pagarse”, y sostuvo que el dinero sobre el que se habla en el marco de este expediente “es dinero de la Fundación” de las Madres de Plaza de Mayo.
En tanto, Eduardo Barcesat, abogado de las Madres de Plaza de Mayo, puso en duda la presencia de la titular de la agrupación, Hebe de Bonafini, ante una eventual convocatoria a Diputados para exponer sobre el escándalo por las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
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