Buenos Aires (Télam) El Senado convirtió ayer en ley un proyecto para sancionar a quienes promuevan el trabajo infantil, aunque exceptúa de las penalidades a los padres, tutores y guardantes de los menores de edad.
Castigos
El proyecto modifica el Código Penal al agregar el artículo 148 bis, que establece que será reprimido con prisión “de uno a cuatro años” al que “aprovechare económicamente” el trabajo de un “niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave”. (Ampliar en más información)
No obstante, la norma exceptúa de la penalización “las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, en referencia a los trabajos que, por ejemplo, se realizan en talleres de escuelas técnicas.
El último párrafo de la Ley también advierte que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador” del menor que “incurriere en la conducta descripta”.
Pelea política
El radicalismo expresó su oposición a que no se contemple la legislación laboral para penalizar el trabajo infantil.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el entrerriano Pedro Guastavino, justificó que no se pene a los padres argumentando que “mal podemos ayudar a ese sector vulnerable persiguiendo penalmente” a los progenitores y “metiéndolos presos”.
Sin embargo, el radicalismo se quejó porque la norma contradice la Ley de Trabajo que prohíbe el trabajo infantil y que establece que sólo pueden trabajar los menores de entre 14 y 16 años siempre que lo hagan en una empresa familiar y durante no más de 15 horas semanales.
Discriminación
El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, cuestionó a la senadora salteña Sonia Escudero (PJ disidente) por haber afirmado que en su provincia “las niñas se embarazan para cobrar la Asignación Universal y no trabajar”.
El bonaerense Aníbal Fernández pidió no condicionar la norma a “una situación penal porque le estaremos creando a los padres una condición diez veces más grave. La solución no es mágica”.
En el mismo sentido se expresaron la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso y el integrante del interbloque del FAP, Luis Juez, quienes coincidieron en votar el proyecto que “solamente incorpora al Código Penal una figura delictiva que antes no existía”.
