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NEUQUÉN
Hace un año, la Legislatura elevó un 600% los montos de las multas por contaminación, que llevaban más de una década sin actualizarse. La ley está vigente desde agosto de 2013. Sin embargo, al día de hoy la Secretaría de Ambiente no cobró una sola sanción con los nuevos valores.
El secretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, explicó que los nuevos montos no se aplicaron porque los trámites para cobrar una multa “tardan mucho”. Indicó que hay 20 expedientes en proceso para sancionar a las empresas con los nuevos valores, aunque no puede determinar cuándo se resolverán.
Confirmó que tampoco se conformó el fondo previsto en la ley para repartir la recaudación de las multas a los municipios, porque todavía están trabajando en el decreto reglamentario. La norma preveía un tope de tres meses para ese paso. Para el funcionario, los legisladores no tuvieron en cuenta la complejidad del proceso.
La nueva escala de sanciones ambientales tiene un monto máximo de 23 mil JUS, medida equivalente al 1% de lo que gana un juez. Al momento de la sanción, eran 6,4 millones de pesos, pero hoy ronda los 9,6 millones.
Esas cifras millonarias contrastan con la recaudación actual de la Secretaría, de apenas unos 300 mil pesos (ver aparte). Como bien sintetizó Esquivel: “Por ahora no tenemos nada, pero vamos bien”.
Precisó que para cobrar una multa deben notificar a la empresa, que puede hacer un descargo de rechazo: “Y volvemos a reiterar y así se pasa el tiempo”. No obstante, aclaró que el 99% de los expedientes terminan a la larga con una sanción, porque la cartera no inicia una acusación si no cuenta “con pruebas fehacientes” de que hubo un incumplimiento.
Entre las 20 multas pendientes de cobro del último año, no está incluido el estallido de un pozo de gas en Plottier ni los casos recientes de pérdidas de pastillas radiactivas en perforaciones petroleras. Según el funcionario, en estos casos no se pudo demostrar que hubiera contaminación (ver aparte).
Los cobros en trámite corresponden en buena medida a irregularidades administrativas y solo algunas son por sospechas concretas de derrames de hidrocarburos. En ninguno de los casos se prevé la sanción máxima, sino montos menores. “No somos aplicadores de multas por naturaleza, sino que buscamos la concientización”, justificó Esquivel. Contó que 8 de cada 10 denuncias de contaminación corresponden a la industria petrolera, “porque están más sujetas a derrames o roturas de instalaciones, que son eventos que ocurren todos los días”. Agregó que el problema más recurrente son los materiales corroídos, “por eso el objetivo de esta gestión es lograr un cambio cultural y salir de las viejas prácticas del uso y abuso de las instalaciones”.
“Donde mayores complicaciones tenemos es en los yacimientos maduros, donde la operación significa no tener rentabilidad y no obstante siguen operando”, comentó. Añadió que “ahí tenemos reincidencias porque una misma cañería se rompe en distintos puntos y las empresas se resisten” a invertir en materiales nuevos.
Hay un acumulado de 300 mil pesos
Según Ricardo Esquivel, actualmente hay apenas 300 mil pesos acumulados por multas a las petroleras que incumplen con las leyes ambientales, una cifra ínfima si se tiene en cuenta que la norma aprobada el año pasado prevé sanciones por hasta 9 millones y que las operadoras del sector manejan a diario fondos cien veces más altos.
El funcionario explicó que la cartera que preside no cuenta con estadísticas sobre las multas que cobran “porque todo va a Rentas Generales”.
Sin pena por el pozo de Plottier
En agosto del año pasado, en medio de la conmoción pública por el estallido de un pozo de gas en Plottier, el secretario Ricardo Esquivel anunció que sancionaría a la firma Pluspetrol con los nuevos montos de multas ambientales. Sin embargo, esto no sucedió porque, según explicó ahora, no pudieron comprobar ningún tipo de contaminación. Por el mismo motivo, tampoco se castigará a las dos petroleras responsables por las pastillas radiactivas que quedaron atrapadas en perforaciones de Añelo y Rincón de los Sauces.
El funcionario contó que, en el caso de Plottier, “si bien fue un incidente que está bajo peritaje de la justicia penal, desde el punto de vista ambiental no hubo razón para que sean sancionados porque no hubo afectación ni al aire, ni al suelo, ni al agua”. Contó que monitorearon la emisión de gases durante los cinco días de incendio del pozo “y el aire no tenía ningún indicador de afectación al ambiente”. Agregó que también tomaron cien muestras distintas del suelo, con igual resultado negativo. Estimó que esto se debió a que “se usó agua proveniente del río Neuquén y no se usaron agentes químicos” para apagar el fuego.
Dijo que, pese a ello, la empresa afrontó un costo social por los inconvenientes que causó a los vecinos, ya que acordó con el Municipio un aporte de 12,6 millones de pesos para colaborar con obras comunitarias.
En cuanto a las pastillas radiactivas, explicó que “no hay afectación ambiental o radiológica ni a la flora, ni la fauna, ni a los seres humanos”, porque las empresas siguieron los protocolos para confinar el elemento contaminante. Reconoció que, en el último de esos incidentes, “la empresa Total tuvo omisión en comunicar el hecho por varios días”, lo cual implica una infracción de la ley ambiental, pero no la sancionarán porque “luego de ese momento tuvo una actividad de comunicación permanente y además la operadora Halliburton sí informó”. Juliana Vignoni, responsable del área legal de la secretaría, remarcó que en los tres casos “hay pruebas científicas fehacientes que determinan que no hubo contaminación”.
