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Y como si fuera poco, ahora delincuentes que habían sido declarados responsables por un jurado popular y que salen libres porque se vencen plazos fijados por el nuevo Código Procesal Penal. Mientras tanto, como si fuera parte de un penoso reality show, jueces y fiscales quieren salvar cada uno su ropa y se endilgan responsabilidades mutuas.
Si ellos mismos están admitiendo sus ineficiencias para cumplir con la ley, ¿no sería conveniente que analizaran al menos la posibilidad de renunciar para salvar su honor? Ni siquiera deberían esperar que se pongan en marcha los mecanismos institucionales. Claro que para eso necesitaríamos contar con un Consejo de la Magistratura que actualmente no funciona por obra y gracia de un pacto político entre el kirchnerismo y el sapagismo.
Y en medio de esto, los neuquinos quedamos desprotegidos, abandonados por un Estado que pese a su fenomenal crecimiento presupuestario y en personal, no logra garantizar los servicios básicos, mucho menos el de la seguridad.
La liberación de parte de Tribunales de Impugnación de tres personas -que ya habían sido declaradas responsables de dos asesinatos- porque se venció el plazo de 1 año de prisión preventiva que establece el Código Procesal Penal es la muestra más cabal del estado de indefensión en el que se encuentran los ciudadanos de la provincia.
Ha quedado claro que –por deficiencia e indolencia del mismo Estado- el proceso de transición del viejo al nuevo sistema procesal penal llevó más tiempo que el previsto por los legisladores en la letra de la ley y que además los organismos competentes no se preocuparon por garantizar los recursos para su correcta implementación.
El mismo Estado hoy está reconociendo su ineficiencia. Hoy, el Estado, que a través de los jueces debe impartir Justicia, está impartiendo injusticia.
