Córdoba (NA) > Una
violenta jornada se registró ayer en la ciudad de Córdoba cuando la
policía reprimió con gases y balas de goma a una manifestación de los
gremios estatales, que repudiaban la reforma del sistema jubilatorio que
impulsa el gobernador José Manuel de la Sota.
Al menos 11 policías y una quincena de manifestantes resultaron heridos
en medio de choques, en pleno centro de la capital mediterránea, entre
uniformados y trabajadores estatales. Al final de los incidentes hubo al
menos cinco detenidos. (Leer en más información)
Minutos antes de los enfrentamientos, los sindicatos que agrupan a
empleados públicos presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de la provincia una acción de inconstitucionalidad contra el
ajuste previsional impulsado por la administración cordobesa.
La misiva fue acompañada por una medida cautelar para que no se aplique
la ley 10.078, que difiere el pago de aumento a los jubilados por 180
días, con respecto a los activos.
Intimación a la Rosada
En medio de los reclamos y los disturbios, el gobierno provincial
anunció que todos los jubilados y pensionados de Córdoba cobrarán sus
haberes el próximo 31 de agosto, y estimó los daños provocados por los
incidentes en unos 150 mil pesos. Además, ayer se conoció la noticia de
que De la Sota finalmente envió una intimación a Nación para que deje
de descontarle recursos coparticipables, debido a que la provincia ya
abandonó el Pacto Fiscal firmado hace 20 años.
Según se informó, abogados de Córdoba llevaron el texto a la Casa
Rosada, donde fue entregado en mesa de entrada, tal como lo ordenaba una
ley que aprobó la Legislatura provincial dos semanas atrás.
El distrito solicitó a Nación que le deje de descontar el 15% de
coparticipación que le venía reduciendo desde 1992, cuando la provincia
adhirió al Pacto Fiscal para engrosar con ese dinero las cuentas de la
Anses.
Disputa política
El pedido se dio en medio de la tensa disputa entre la Casa Rosada y el
gobierno de De la Sota por una deuda previsional de alrededor de 1.040
millones de pesos, la que el kirchnerismo anunció que no pagará.
El Gobierno le exige al mandatario cordobés cumplir con la reforma
jubilatoria para “armonizar” el sistema previsional provincial con el de
Anses, tal como se comprometió en 2009.
Sobre la salida del Pacto Fiscal, la provincia envió al resto de los
gobernadores la notificación correspondiente e intimó a la Nación, antes
de recurrir probablemente a la Corte Suprema. Córdoba argumentó que se
retira del acuerdo rubricado en 1992 porque desde hace un año y medio,
el Poder central no envía “ni un peso” para sostener el déficit de la
Caja de Jubilaciones.
